Jared Laureles / la Jornada
Ciudad de México. Integrante de los Comités de Cuenca del Río Sonora, conformado por afectados del derrame de residuos peligrosos de la minera Buenavista del Cobre de Grupo México, señalaron que no corresponden con la realidad las afirmaciones de autoridades federales y estatales en el sentido de que existen avances en los planes de justicia ambiental y de salud, así como la garantía de acceso a agua potable para habitantes de la región.
Ante la información difundida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales sobre la rehabilitación de seis plantas potabilizadoras, la organización detalló que éstas fueron construidas parcialmente en la administración anterior; una comenzó a operar en 2023, y las demás a inicios de 2024. Sin embargo, indicó, en ninguna se ha garantizado la efectividad para la separación de metales pesados y las autoridades no asumen la responsabilidad de monitorear la calidad del líquido de manera permanente. Sobre la edificación de cuatro plantas nuevas, afirmó que en ningún municipio de la cuenca tenemos información de ellas.
A pesar de que el gobernador Alfonso Durazo aseguró que se brinda atención a la salud de las víctimas, habitantes de las localidades Aconchi, Arizpe, Ures y Bacanuchi, entre otras, expusieron que hasta la fecha no se ha presentado un plan concreto de atención con un cronograma de trabajo consensuado con la población.
Ademas, acusaron que mientras la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, se ha reunido con Grupo México, a las víctimas no nos ha recibido, a pesar que lo hemos solicitado en dos ocasiones en este año.
