El contralmirante y supuesto cabecilla Fernando Farías Laguna, detenido días atrás en Argentina tras meses fugado, ha solicitado asilo político en el país sudamericano
Carlos Carabaña
Hace ya más de medio año, el Gobierno de México dio el mayor golpe contra la corrupción del actual sexenio, anunciando la detención y desmantelamiento de una red de contrabando de combustible que operaba en las aduanas de México. Integrada y liderada por marinos de alto rango, que conspiraron junto a trabajadores de aduanas y empresarios para introducir en el país cientos de millones de litros de gasolina sin pagar impuestos, faltaba una pieza central: el contralmirante Fernando Farías Laguna. Junto con su hermano Manuel Roberto, es acusado por la Fiscalía General de la República de encabezar este entramado criminal. El nombre de los dos militares entró en el radar de las autoridades en mayo de 2025 a raíz de un vídeo subido a Youtube, locutado con un generador de voz e imágenes de redes sociales. Fernando Farías Laguna, detenido la semana pasada en Argentina tras meses fugado, ha solicitado asilo político, una figura que protege a personas que huyen de persecución o violencia en su país de origen, y no está claro qué decidirá la justicia del país gobernado por el ultraderechista Javier Milei. Aunque se prometieron más detenciones, su captura ha sido el primer avance significativo del caso desde el desmantelamiento de la red el septiembre pasado.
El vídeo, de 10 minutos de duración, está locutado con un generador de voz tipo Loquendo y arranca con una silueta de un hombre de un banco de imágenes generadas por ordenador. El autor, que asegura que es “una persona que ama a su país” y que siempre se ha “dedicado a protegerlo”, dice que quiere comentar “una gran corrupción que desde hace años ha estado operando con el respaldo de altos funcionarios y el apoyo de la delincuencia organizada”. Este metraje, que nunca ha sido publicado en medios de comunicación y del que EL PAÍS tiene una copia, fue integrado en la carpeta de investigación del 10 de mayo de 2025, casi dos meses después del decomiso del buque Challenge Procyon. Este ocurrió en marzo de 2025, cuando se detuvo un barco cargado con millones de litros de combustible ilegal y puso los ojos de las autoridades sobre las aduanas marítimas.
En sus 10 minutos salen los nombres de todos los detenidos en septiembre pasado, incluido Manuel Roberto Farías Laguna, que junto con su hermano es uno de los militares de alto rango acusados de encabezar la trama. Ambos son sobrinos políticos de José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La grabación intercala fotografías de marineros de principios de siglo, mapas de Google, imágenes de archivo de muelles y varias fotos del Challenge Procyon y otros buques petroleros.
El nombre de los Farías Laguna aparece ya pasada la mitad del vídeo, cuando se menciona que, con su visto bueno, el capitán retirado Miguel Ángel Solano Ruiz y el militar en activo Clímaco Aldape Utrera gestionaban los cambios de las personas involucradas en la red de corrupción. Estos dos nombres también están en la orden de captura. Solano Ruiz sigue prófugo. El vídeo acusa a los hermanos de “tejer una red compleja de servidores públicos que operan como colaboradores de actos de corrupción, con la que consolidaron un control sistemático y sostenido sobre áreas estratégicas de la Administración pública federal”, y añade que “siempre han sido respaldados por el secretario de Marina”. Acaba con una imagen de Fernando Rubén Guerrero Alcántar, el marino asesinado en noviembre de 2024, después de denunciar esta red delante de Ojeda Durán, y aseguran que realizó diversas transferencias por 11 millones de pesos.
Recientemente, Aristegui Noticias publicó un audio de una reunión fechada en junio de 2024 entre un Ojeda Durán a punto de ser sustituido como cabeza de la Marina y Guerrero Alcantar. En la conversación, casi sin haberle dejado presentar el caso, se oye a Ojeda Durán ofrecer a Guerrero Alcantar una omertà. “O destapamos todo esto y me vale madre a mí quién caiga, porque yo no estoy metido en eso”, dice, “o tratamos de cerrarlo aquí nosotros con el cambio de toda esta bola de cabrones, mandarlos a otros lugares”. De acuerdo a lo señalado por el gabinete de Seguridad, Fernando Farías Laguna salió de México en agosto de 2024.
La orden de aprehensión, de la que este diario tiene copia, dice que la investigación de la Fiscalía General de la República comenzó en julio de 2024, con un informe del Centro Federal de Inteligencia Criminal sobre “la comisión de posibles hechos constitutivos de delitos relacionados con el mercado criminal de energéticos en materia de hidrocarburos”. En este documento se apunta a una serie de “empresas gasolineras que introducen ilegalmente hidrocarburos a México desde Estados Unidos, operando principalmente en las aduanas de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo”. Es decir, aduanas terrestres.
La investigación continúa con una treintena de oficios hasta que el 29 de abril del 2025 se integra un informe “en el cual realiza fichas de fuentes abiertas, a través del cual informa respecto de delitos en materia de hidrocarburo y el aseguramiento del buque Challengue Prosyon [SIC]”. Finalmente, en mayo, se integra el análisis del vídeo, que estuvo muy poco tiempo subido en la plataforma Youtube, y la dirección de la investigación giró hacia las aduanas marítimas. Nueve de los 14 nombres por los que solicitó la orden de detención salen en este vídeo.
La investigación de la Fiscalía parte de ese metraje y luego integra el resto de pruebas de relevancia: el testimonio de Santo, un capitán que participó en la trama; también el de H.R.V., un trabajador con un puesto de responsabilidad en puertos; una carta del contralmirante Guerrero Alcantar que describe la estructura de corrupción; georreferencias e intervenciones telefónicas, y análisis de riqueza y sueldos de los involucrados, incluyendo datos fiscales.
La Fiscalía sitúa a los hermanos Farías Laguna en el centro de la trama. A los dos se les adjudica, junto con otros cuatro de los acusados, funciones de dirección, lo que podría llevarles a una pena de 20 a 40 años. El delito principal es delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, pero la acusación incluye referencias a otros crímenes como tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y delincuencia organizada, además de cooptar a marinos y civiles para participar en su red criminal.
Este tipo de contrabando es conocido como huachicol fiscal y consiste en introducir en México combustible refinado en otro país, que debería pagar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), oculto bajo el manto de otra mercancía que no tenga ese gravamen. En los documentos de la causa penal, se señala que hay grandes discrepancias entre los gastos de los hermanos Farías Laguna y sus ingresos como militares. Con un sueldo de unos 100.000 pesos mensuales, Fernando declaró ingresos por 15 millones de pesos de 2016 a la fecha, pero gastó 65 millones de pesos, más de tres millones de dólares, en varias casas, terrenos y vehículos de 2019 en adelante. “No se aprecia el origen de su riqueza para llevar un estilo de vida con la erogación de recursos millonarios que se desprende de la información financiera”, dice la investigación. El caso de Manuel Roberto es similar. Con unos ingresos parejos, compró propiedades y coches de lujo por 28 millones de pesos, casi millón y medio de dólares.
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