Legisladores de MC, PRI y PAN acusan violaciones sistemáticas a la Ley Orgánica; también promovieron denuncias ante instancias administrativas y penales
EL UNIVERSAL
Hermosillo.- Diputados de oposición logran revés al Tribunal de Sonora; ordenan resolver demanda por presuntas violaciones legislativas.
La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Tribunal Estatal Electoral (TEE) de Sonora resolver la demanda presentada por diputadas y diputados de oposición, al determinar que el órgano local desechó de manera injustificada el recurso al imponer obstáculos procesales indebidos.
La resolución, aprobada por unanimidad, revoca el acuerdo del TEE y le instruye emitir una sentencia de fondo en un plazo máximo de cinco días hábiles, en torno a las presuntas violaciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo denunciadas por legisladores de distintas fuerzas políticas.
El recurso fue promovido por integrantes de Movimiento Ciudadano, PRI y PAN, entre ellos Gabriela Félix Bojórquez y Manuel Scott (MC), Iris Sánchez Chiu y Emeterio Ochoa (PRI), así como Juan Pablo Arenívar (PAN), quienes señalaron al menos 15 irregularidades en el funcionamiento interno del Congreso del Estado, mismas que atribuyen a la mayoría legislativa de Morena y sus aliados.
Además del juicio para la protección de los derechos político-electorales presentado ante el TEE, los legisladores interpusieron una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora y un recurso administrativo ante la Contraloría Interna del Poder Legislativo.
Durante una rueda de prensa, la diputada Gabriela Félix aseguró que estas acciones no responden a intereses partidistas, sino a la defensa de la legalidad.
“Hemos registrado quince procesos que violentan la Ley Orgánica del Poder Legislativo”, afirmó.
Entre las principales irregularidades denunciadas se encuentra la aprobación de reformas sin dictámenes previos ni el cumplimiento del plazo de 48 horas para su análisis, así como la realización de votaciones sin debate en lo particular ni voto nominal.
Los legisladores también señalaron la alteración de la Gaceta Parlamentaria mediante la reutilización de folios para distintos asuntos, así como la aprobación “fast track” de iniciativas sin el debido trabajo en comisiones.
Como ejemplo, el diputado Manuel Scott mencionó la aprobación de la Ley de Protección y Bienestar Animal sin dictamen de impacto presupuestario ni suficiente discusión legislativa, lo que dijo, evidencia una práctica recurrente de aprobar normas sin deliberación amplia.
En cuanto a la integración de comisiones, el diputado panista Juan Pablo Arenívar sostuvo que al menos diez carecen de representación de la oposición, lo que vulnera el principio de pluralidad. “Cuando se excluye a la oposición, se afecta la representación de las y los sonorenses”, expresó.
Por su parte, la diputada priista Iris Sánchez Chiu cuestionó el papel de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, al considerar que opera como un “filtro político” que limita la llegada de iniciativas opositoras al Pleno. “No nos derrotan en votación: nos impiden presentar”, afirmó.
Señalan posible alteración en Ley de Ingresos
El diputado Emeterio Ochoa agregó que una de las denuncias está relacionada con la Ley de Ingresos del Municipio de Hermosillo 2026, ya que -aseguró- el texto publicado en el Boletín Oficial no coincide con el aprobado por el Pleno.
“El Pleno es el órgano máximo de decisión. Lo que se vota es lo que debe publicarse. Si el texto no coincide, estamos ante una posible alteración que debe investigarse”, advirtió.
Los recursos interpuestos buscan que las autoridades determinen si existieron faltas administrativas graves, posibles delitos relacionados con la modificación de documentos legislativos y vulneraciones a los derechos político-electorales de la oposición.
Con la resolución de la Sala Regional, el Tribunal Estatal Electoral de Sonora queda obligado a analizar el fondo del caso y emitir una sentencia que atienda las acusaciones, en un contexto de señalamientos sobre la legalidad, transparencia y equilibrio de poderes en el Congreso local.
Finalmente, las y los legisladores reiteraron que su objetivo es “corregir el rumbo institucional” y garantizar que el Poder Legislativo opere conforme a la ley y a sus propias normas internas.
