Morena y aliados avalaron una ley de 162 artículos; oposición acusa riesgos en manejo de datos biométricos
EL UNIVERSAL
Hermosillo. – En medio de críticas por falta de análisis y bajo presión judicial, el Congreso de Sonora aprobó de manera expedita la Ley en Materia de Desaparición de Personas, un ordenamiento pendiente desde 2018.
La iniciativa fue presentada y avalada en la misma sesión, sin figurar previamente en el orden del día.
La mayoría legislativa la impulsó como asunto de “urgente u obvia resolución” para evitar sanciones derivadas de un mandato judicial emitido en marzo pasado.
De acuerdo con la diputada Gabriela Félix Bojórquez, la premura responde a la necesidad de cumplir con una orden de un juez federal, luego de que el propio Congreso agotara recursos legales para posponer la homologación con la Ley General en la materia, vigente desde 2017.
“Ocho años peleando para no cumplir y ahora quieren hacerlo en menos de tres horas”, reprochó la legisladora durante la sesión al cuestionar que el dictamen, de 162 artículos y 12 transitorios, fuera aprobado sin conocimiento pleno de su contenido.
Uno de los principales señalamientos de la oposición se centra en la inclusión del uso de datos biométricos para labores de búsqueda, sin que se establezcan protocolos claros sobre su resguardo, uso y temporalidad.
Félix Bojórquez solicitó que la iniciativa fuera turnada a comisiones para su análisis, particularmente en lo relacionado con la protección de datos personales, pero la propuesta fue rechazada por la mayoría.
La diputada advirtió que, aunque el objetivo de la ley es atender la crisis de desapariciones, podría derivar en la vulneración de otros derechos fundamentales de la ciudadanía.
Asimismo, recordó que desde abril de 2025 presentó una iniciativa sobre Declaración Especial de Ausencia, orientada a proteger los derechos patrimoniales y sociales de hijos de personas desaparecidas, la cual no fue considerada en el dictamen aprobado.
La homologación de esta legislación ocurre tras años de omisión por parte del Congreso local, lo que derivó en amparos promovidos por colectivos y ciudadanos.
La resolución judicial obligó finalmente a legislar en el corto plazo, bajo apercibimiento de sanciones.
Con su aprobación, Sonora se suma a las entidades que han armonizado su marco legal con la normativa federal, aunque el proceso legislativo fue cuestionado por la oposición por su rapidez y falta de consenso.
Debido a la toma de las instalaciones del Congreso por parte de representantes de estancias infantiles, quienes exigen el cumplimiento de una resolución judicial para la asignación de recursos por 2 millones de pesos, la sesión se llevó a cabo en un salón de eventos de un hotel de la capital del estado.
