La iniciativa presentada por Lorenia Valles para regular el uso de redes sociales en niñas, niños y adolescentes se suma a una larga tradición legislativa mexicana: leyes bien intencionadas, sólidamente justificadas… e inevitablemente difíciles de cumplir.
El planteamiento suena impecable en el papel. ¿Quién podría oponerse a proteger a menores de contenidos nocivos, promover su salud mental y obligar a las plataformas tecnológicas a asumir responsabilidad? El discurso está blindado desde el enfoque de derechos y el “interés superior de la niñez”, una fórmula que en el terreno político resulta prácticamente incuestionable. Pero el problema no está en la intención, sino en la ejecución.
La iniciativa adolece de un vicio recurrente: propone obligaciones sin explicar con claridad cómo se van a hacer cumplir. Habla de clasificaciones etarias, controles parentales accesibles, mecanismos de denuncia y campañas de concientización, pero evita entrar al terreno incómodo: ¿cómo obligar a gigantes tecnológicos globales a acatar regulaciones locales? ¿Qué sanciones se aplicarán y quién las ejecutará? ¿Qué institución tendrá la capacidad técnica y presupuestal para vigilar su cumplimiento?
En los hechos, el riesgo es que esta propuesta engrose el ya abultado catálogo de leyes mexicanas que funcionan más como declaración de buenas intenciones que como instrumentos efectivos de política pública. Normas que se celebran al aprobarse, pero que se diluyen en la realidad por falta de mecanismos claros, reglamentos precisos o voluntad institucional.
Además, la iniciativa navega en una contradicción evidente. Asegura que no busca restringir derechos como la libertad de expresión o el acceso a la información, pero plantea esquemas de clasificación y control que, sin criterios transparentes y bien definidos, pueden derivar fácilmente en censura indirecta o en una sobre-regulación discrecional. En ese terreno, la línea entre protección y control es peligrosamente delgada.
Otro punto crítico es la transferencia implícita de responsabilidad hacia las familias. Los controles parentales y las campañas informativas suenan razonables, pero ignoran una realidad: no todos los hogares tienen las herramientas, el tiempo ni la alfabetización digital para asumir ese rol. Sin políticas complementarias que reduzcan esa brecha, la iniciativa corre el riesgo de profundizar desigualdades.
El argumento de que “en otros países se opta por la prohibición” funciona más como contraste retórico que como sustento técnico. Regular sin prohibir es, en efecto, una vía más equilibrada, pero también mucho más compleja. Y esa complejidad no se resuelve con buenas intenciones ni con redacciones amplias.
En síntesis, la propuesta no es irrelevante; el problema que busca atender es real y urgente. Pero tal como está planteada, parece más diseñada para el discurso político que para su implementación efectiva. Si no se corrigen sus vacíos, terminará siendo lo que tantas otras leyes en México: un documento bien redactado, moralmente incuestionable… y prácticamente inaplicable.
