Jared Laureles / La Jornada
Integrante de los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS), conformado por habitantes de ocho municipios afectados por el peor desastre ambiental en la minería desde hace 10 años ocasionado por Grupo México, señalaron que “no corresponden con la realidad” las afirmaciones de autoridades federales y estatales en el sentido de que existen avances en los planes de justicia ambiental y de salud, y de garantía de acceso a agua potable para habitantes de la región.
Ante la información compartida públicamente por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), respecto a la rehabilitación de seis plantas potabilizadoras, los CCRS detallaron que fueron construidas en la administración anterior parcialmente; una comenzó a operar en 2023, y las demás a inicios de 2024. Sin embargo, indicaron, en ninguna se ha garantizado la efectividad para la separación de metales pesados, y las autoridades no asumen la responsabilidad de monitorear la calidad del agua de manera permanente.
Sobre la construcción de cuatro plantas nuevas, afirmaron que “en ningún municipio de la cuenca tenemos información que confirme su existencia”.
En el caso de la información del gobernador Alfonso Durazo, quien aseguró que se brinda atención a la salud, los habitantes de las localidades Aconchi, Arizpe, Ures, Bacanuchi, entre otras, señalaron que hasta la fecha “no se ha presentado un plan concreto de atención” de las personas afectadas, con un cronograma de trabajo consensuado con la población.
Indicaron que si bien el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) realizó análisis de metales pesados en sangre y orina a una parte de la población, posteriormente “no dio seguimiento al problema y clasificó como reservado” el estudio de Abordaje Toxicológico en la Salud Humana de las poblaciones afectadas.
También acusaron que la Secretaría de Salud de Sonora “ha utilizado prácticas dilatorias” en los juzgados, argumentando que realiza campañas de vacunación como medida de atención a la población del río Sonora.
Los afectados por el derrame de 40 millones de litros de tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi, en 2014, acusaron que mientras la secretaria de Gobernación (SG), Luisa María Alcalde, sí se ha reunido con Grupo México, “a las víctimas no nos ha recibido, a pesar que lo hemos solicitado en dos ocasiones en este año”.
Sobre la afirmación de las autoridades, respecto al acceso garantizado de agua potable para 24 comunidades, señalaron que “no existe infraestructura o mecanismos específicos” para ello, a pesar de que tanto un Juez Federal como la CNDH han catalogado como urgente la necesidad de tomar medidas al respecto.
Ante esta situación exigieron a los gobiernos federal y de Sonora, y a la SG y la Semarnat que “actúen con transparencia” y presenten evidencia de la existencia de la continuidad “efectiva y transexenal” del Plan de Justicia para Cananea-Río Sonora.
Asimismo demandaron los proyectos, presupuestos y planes de operación a largo plazo de las plantas potabilizadoras existentes, de las cuatro plantas “que falsamente afirman haber construido”, y del resto de las plantas que son necesarias para garantizar de agua potable a toda la cuenca.
En materia de salud, pidieron el plan especializado en toxicología y salud ambiental para el Río Sonora, así como el plan de justicia de Empresas y Derechos Humanos para que la mina de Grupo México se responsabilice por sus acciones.
Señalaron que, ante la omisión de las autoridades de presentar los plantes en materia de salud y medio ambiente, un juez ordenó a la Semarnat y a la Coordinación Estatal del IMSS-Bienestar, “bajo apercibimiento de multa y/o destitución del cargo público”, organizar una reunión con las personas afectadas para comunicarles de manera clara las medidas ambientales y sanitarias implementadas en las comunidades.
