Cuando Brasil puso la tributación de los ultrarricos en la agenda del G20 en 2024, convirtió una pregunta largamente postergada en una prioridad política. La propuesta —en la que tuve el honor de participar— planteaba un impuesto mínimo efectivo del 2% para los individuos con patrimonios superiores a USD 100 millones. Por primera vez, las principales economías del mundo reconocieron conjuntamente que los superricos no están pagando su justa cuota de impuestos y que era necesario considerar formas de abordar la situación.
Desde entonces, el tema ha escalado rápidamente en la agenda política global. Países como Francia, España, los Países Bajos, Dinamarca y Suecia debaten sobre una tributación más justa para las grandes fortunas. En Estados Unidos, California podría someter a un impuesto a los ultrarricos a referéndum en noviembre, mientras que en Nueva York Zohran Mamdani ha propuesto gravar a los millonarios. Brasil, por su parte, recientemente aprobó una reforma tributaria histórica para los superricos. Lo que hace apenas unos años parecía políticamente inalcanzable hoy está sobre la mesa como una posibilidad real.
Esto importa especialmente en América Latina, una de las regiones más desiguales del mundo, junto con Medio Oriente y el Norte de África. El 10 % más rico posee alrededor del 50 % del ingreso nacional, mientras que la mitad más pobre se queda con solo el 8 %. En el último cuarto de siglo, las fortunas de los milmillonarios de la región se han multiplicado más de seis veces, alcanzando máximos históricos. En México, los milmillonarios concentran una fortuna combinada de cerca de USD 300.000 millones. Si se amplía el umbral a las personas con fortunas superiores a USD 100 millones, la riqueza acumulada supera los USD 500.000 millones, más que el PIB total de Colombia.
Este resultado no es inevitable; es fruto de decisiones políticas. Un nuevo análisis encargado por Brasil al Observatorio Internacional de Tributación, que dirijo, en nombre de la Plataforma Regional de Cooperación Tributaria en América Latina (PTLAC), muestra que la política fiscal es parte central de esta historia. En toda la región, los sistemas tributarios hacen poco para reducir la desigualdad y, en muchos casos, la agravan. El 50% más pobre de la población latinoamericana paga cerca de un tercio de sus ingresos, principalmente mediante gravámenes al consumo. En contraste, el 1% más rico paga, en promedio, alrededor del 22%. Este patrón no es exclusivo de la región: en varios países, los multimillonarios enfrentan tasas efectivas más bajas que las del resto de la población, porque pueden estructurar su riqueza para generar pocos ingresos imponibles.
Por eso se necesita un nuevo instrumento: un impuesto mínimo efectivo sobre la riqueza de los súper ricos. La lógica es sencilla: dado que la renta imponible puede manipularse fácilmente, ese mínimo debería definirse como una fracción de la riqueza, que es mucho más difícil de ocultar. La regla se aplicaría solo a personas con activos por encima de un límite determinado, por ejemplo, de 100 millones de dólares.
A diferencia de los impuestos sobre la fortuna tradicionales, el impuesto mínimo, por ejemplo, del 2 % sobre el patrimonio, funciona como un “piso”. Si los impuestos ya pagados sobre la renta y el patrimonio no alcanzan ese 2 %, se cobrará la diferencia. Si los impuestos pagados alcanzan el 2 %, no se deberá ningún importe adicional. La propuesta simplemente garantiza que los multimillonarios contribuyan, en relación con su riqueza, al menos tanto como los ciudadanos comunes.
En el informe encargado por Brasil, mis colegas muestran que un impuesto mínimo del 2% sobre fortunas superiores a USD 100 millones recaudaría alrededor de USD 24.000 millones al año —aproximadamente el 0,6% del PIB de las siete economías más grandes de la región. Con una tasa del 3%, los ingresos alcanzarían los USD 36.000 millones. En México, un impuesto mínimo del 2% sobre la riqueza de individuos con más de USD 100 millones podría generar alrededor de USD 10.000 millones, lo que podría financiar una expansión de los servicios públicos de salud y educación en el país.
La propuesta es viable. En la última década, la cooperación internacional ha transformado la transparencia sobre la riqueza global. El intercambio automático de información ha reducido drásticamente la opacidad de los activos offshore. Además, muchas formas de riqueza —como bienes inmuebles, acciones cotizadas y herencias— ya se declaran o gravan, y los métodos de valoración de las empresas privadas se utilizan ampliamente en las finanzas y en la administración tributaria.
América Latina tiene razones de peso para tomarse en serio este debate ahora. La relación promedio entre impuestos y PIB de la región es del 21,3%, frente al 34,1% de los países de la OCDE. La brecha es aún mayor en algunas de las economías más grandes de la región: la carga tributaria de México, equivalente al 17,7% del PIB, está por debajo incluso del promedio regional, y es el país con la menor recaudación entre todos los miembros de la OCDE. Además, el crecimiento no ha aumentado lo suficiente y las presiones por el servicio de la deuda van en aumento. Los Estados necesitan recursos para invertir en salud, educación, adaptación al cambio climático y transformación productiva.
Pero también necesitan legitimidad. Un sistema tributario pierde legitimidad cuando los trabajadores, los maestros y los pequeños empresarios pagan más, proporcionalmente, que las grandes fortunas. Datos de la OCDE muestran que sólo el 29% de los mexicanos cree que el sistema los grava de forma justa. Cuando el poder económico se acumula sin una contribución correspondiente al bien público, las instituciones democráticas comienzan a erosionarse.
América Latina no necesita esperar una coordinación global perfecta para actuar. La cooperación internacional es deseable y Brasil ha liderado el camino al poner el tema en el escenario internacional. Pero los países de la región también pueden avanzar a nivel doméstico y regional, construyendo sobre el creciente consenso de que la desigualdad extrema no es ni inevitable ni intocable. La propuesta es nueva. Implementarla no está fuera de alcance. Lo que falta es la voluntad política para actuar.
* Profesor de economía en la Paris School of Economics, en la École Normale Supérieure y en la Universidad de California, en Berkeley. Director fundador del Observatorio Fiscal Internacional.
