El coordinador morenista en el Senado, Ignacio Mier, confirmó que no habrá reformas secundarias a nivel federal, pues la reducción de cabildos y el tope de gasto competen a los Congresos locales
Leticia Robles de la Rosa
El coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, confirmó que no es necesario hacer una reforma secundaria a nivel federal, derivada del Plan B, porque las adecuaciones legales corresponden a los Congresos estatales, para la reducción de regidores y síndicos y el ajuste del presupuesto máximo que pueden tener los Congresos estatales.
Mientras, las disposiciones federales que contiene, como la anulación de prestaciones a trabajadores de las instituciones electorales y el recorte presupuestal al Senado sólo requieren de adecuaciones administrativas, precisó.
En conferencia de prensa, luego de la reunión privada de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier expresó que “la reforma secundaria, las leyes, muchas de ellas, en mi opinión personal, tienen que ver ya con atribuciones que tiene el propio Instituto Nacional Electoral.
Ejemplo: al ajustarse ellos a la disposición constitucional y a la ley secundaria en materia de remuneraciones, no requerimos una ley secundaria o alguna ley que reglamente lo que está establecido en la Reforma Constitucional.
Lo que se refiere a la integración de los cabildos, ya le corresponderá a cada una de las soberanías atender lo que establece la reforma al 115 y su transitorio. Y por lo que hace al 116 para los congresos de los estados, está claro, y yo soy un defensor del federalismo, que le corresponde a la soberanía de cada entidad, determinar, cuando aprueben su presupuesto cuáles son los ajustes, atendiendo lo que ya está como mandato constitucional”, explicó.
Añadió que “prácticamente lo que fue aprobado por el constituyente mexicano ya está reglamentado; sin embargo, siempre hay la posibilidad de que el Ejecutivo Federal, la presidenta de la República, su gobierno, puedan presentar alguna iniciativa en materia secundaria a lo que se llama, lo que conocemos como el Plan B”.
El 31 de marzo pasado, Excélsior informó que la Secretaría de Gobernación ya tiene listo el machote de reforma constitucional y legal para los estados, a fin de que aprueben a la brevedad la regulación de las nuevas disposiciones constitucionales sobre un máximo de 15 regidurías y un síndico.
Información confirmada por este diario, con base en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2025, el Plan B sólo disminuirá 190 regidores de 59 municipios pertenecientes a 12 entidades federativas y cancelará 182 síndicos de 40 municipios en 14 entidades federativas, porque de acuerdo con el INEGI, únicamente 59 municipios tienen de 16 a 30 regidores; dos mil 363 tienen de uno a 15, y sólo dos municipios tienen hasta tres síndicos, 178 tienen dos síndicos y dos mil 242 tienen sólo uno.
El Censo permite detectar que las entidades federativas que superan el límite de hasta 15 regidores por Ayuntamiento son Coahuila, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sonora, Tamaulipas y Yucatán.
El Plan B ordena que se introduzca en las constituciones estatales que los Congresos locales pueden tener un presupuesto equivalente al 0.70% del presupuesto de la entidad.
Con base en los presupuestos de Egresos 2026, publicados en los periódicos oficiales de las 32 entidades federativas, la nueva disposición del artículo 116 generará un recorte de cuatro mil 334 millones 662 mil 613 pesos en 16 Congresos estatales, que deberán canalizarse a la obra pública de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas, pues en ellos están los congresos de reducirán su presupuesto de 6.4%, como es el caso de la Ciudad de México, a 59.5%, como es el caso de Morelos.
