El dictamen fue avalado por mayoría y será discutido mañana en el pleno
Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron el denominado “Plan B” de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con 24 votos a favor y 11 en contra.
La decisión se tomó en una sesión marcada por el contraste entre el bloque oficialista y los partidos de oposición.
El dictamen fue avalado sin la presencia de los senadores del Partido del Trabajo (PT), quienes no acudieron a la reunión de comisiones.
Con este resultado, el proyecto quedó listo para ser discutido y votado en el pleno del Senado este miércoles, paso clave dentro del proceso legislativo.
En la Comisión de Puntos Constitucionales se registraron 11 votos a favor y 5 en contra, mientras que en Estudios Legislativos se contabilizaron 13 votos a favor y 6 en contra.
Uno de los puntos centrales del dictamen es la modificación al artículo 35 constitucional para permitir que la consulta de revocación de mandato se realice el primer domingo de junio del tercer o cuarto año del gobierno federal.
Con esta propuesta, el ejercicio podría coincidir con las elecciones intermedias de 2027.
Ese año se prevé una jornada electoral amplia en el país: se elegirán 17 gubernaturas, se renovarán los 500 integrantes de la Cámara de Diputados, además de congresos estatales y la mayoría de ayuntamientos.
De acuerdo con legisladores del bloque oficialista, el objetivo de empatar ambos procesos sería reducir costos operativos y evitar una mayor carga de participación ciudadana en distintos momentos del calendario electoral.
Durante la discusión, el senador de Morena, Pável Jarero Velázquez, afirmó que la propuesta responde a la lógica de la democracia participativa.
“Nosotros somos convencidos de la democracia directa, el poder está en el pueblo; el pueblo pone, el pueblo quita y el pueblo tiene la posibilidad de decidir si un gobernante debe continuar o debe irse”, expresó.
Debate político: oficialismo y oposición fijan posturas
El análisis del dictamen se desarrolló en medio de un debate entre las bancadas. Morena y el Partido Verde votaron a favor del proyecto, mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano manifestaron su rechazo.
Durante la sesión, legisladores de oposición advirtieron que la reforma permitiría que la persona titular del Ejecutivo participe en la promoción del proceso de revocación de mandato al mismo tiempo que se desarrollan campañas electorales en diversas entidades del país.
El proyecto también contempla modificaciones en la organización de los gobiernos municipales y en el gasto legislativo de los estados.
En el caso de los ayuntamientos, se plantea establecer un número máximo de regidores dependiendo de la población del municipio, con un rango que iría de siete a quince integrantes, además de una sindicatura.
La reforma propone fijar límites al presupuesto anual de los congresos estatales, con la intención de establecer criterios de austeridad y evitar incrementos por encima de un porcentaje definido del gasto estatal.
Lo que sigue en el proceso legislativo del Plan B electoral
Tras su aprobación en comisiones, el dictamen será discutido en el pleno del Senado, donde las bancadas definirán si se avala en definitiva o se modifica.
En paralelo, continúan las negociaciones políticas entre los grupos parlamentarios, ya que algunos aliados del oficialismo han expresado reservas sobre ciertos aspectos de la iniciativa, particularmente sobre la coincidencia entre la revocación de mandato y las elecciones intermedias.
Principales propuestas del Plan B de la reforma electoral
- Posibilidad de realizar la consulta de revocación de mandato en 2027 o 2028
- Coincidencia del ejercicio de revocación con las elecciones intermedias para reducir costos operativos
- Integración de ayuntamientos con una sindicatura y entre siete y quince regidurías
- Límites al presupuesto anual de los congresos estatales
- Restricciones a salarios y prestaciones de funcionarios electorales para reforzar medidas de austeridad
El avance del “Plan B” ocurre en un contexto de diferencias entre las fuerzas políticas, por lo que la votación en el pleno del Senado será determinante para el futuro de la reforma electoral y su posible aplicación en los próximos procesos electorales del país.
