El Poder Judicial informa sobre el proceso abierto en contra de excolaboradores del ministro en retiro.
La ministra Norma Lucía Piña Hernández ordenó que se investigue la filtración de una denuncia anónima que involucra al ministro en retiro Arturo Zaldívar, señalado de operar una red de presión a jueces para beneficiar al gobierno y a despachos privados.
En comunicado firmado por la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte, ambos en manos de la ministra Piña, se explican los motivos de la admisión de la denuncia anónima.
Se explica que las reglas permiten darle cauce a denuncias anónimas, mientras contengan circunstancias de tiempo, modo y lugar que permiten advertir indicios de conductas irregulares.
“… si a la queja o denuncia no se acompañan pruebas, pero del contenido se advierten indicios circunstanciales de modo, tiempo y lugar, procede ordenar la investigación correspondiente”.
Según el comunicado, desde 2018 se ha dado luz verde a 362 denuncias anónimas.
El comunicado indica que el Consejo de la Judicatura no puede investigar al ministro en retiro, por lo que el asunto fue enviado para su estudio a la Suprema Corte, donde el pleno tomará la última decisión.
Se informa que se ordenó investigar la filtración:
Se informa que, por acuerdo de la Presidenta del CJF, se ha iniciado una investigación de oficio ante la filtración de un archivo que contenía la propuesta de Acuerdo firmado de manera electrónica por el Titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del CJF, esto, en términos de la normatividad correspondiente.
El viernes de la semana pasada Aristegui Noticias confirmó que el Consejo de la Judicatura Federal admitió una denuncia contra colaboradores de Arturo Zaldívar.
Se acusa al ex ministro de presionar, intimidar, extorsionar y acosar jueces, juezas, magistrados y magistradas del PFJ para obtener beneficios personales y económicos, así como para frenar resoluciones que afectarán al gobierno de AMLO.
Se apunta que junto a sus tres principales operadores, Carlos Alpízar, Netzaí Sandoval y Edgar Manuel Bonilla, se ‘subordinó’ a las órdenes del presidente López Obrador y de su consejero jurídico, Julio Scherer.
Desde el viernes, Zaldívar ha afirmado que se trata de una venganza y persecución política.
Este martes anunció una serie de denuncias, además de la solicitud de juicio político contra la ministra presidenta.
