Seis de cada diez mexicanos sienten que vivir en sus ciudades es inseguro. Los siniestros en hospitales, plazas comerciales y plataformas petroleras se repiten por las mismas causas.
El 63.8% de la población adulta mexicana considera inseguro vivir en su ciudad, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI con corte al cuarto trimestre de 2024. Más del 53% identifica a la inseguridad, la violencia y la delincuencia como el problema principal del país, por encima de la economía y la corrupción. Más del 70% dice sentirse insegura en espacios cotidianos: cajeros automáticos, vías públicas y transporte colectivo.
Esos números describen un país donde millones de familias toman decisiones diarias condicionadas por el miedo: si salen o no salen, si invierten o no invierten, si abren un negocio o lo cancelan. La inseguridad no es solo un asunto de orden público; es un freno directo al desarrollo económico. Las regiones del norte, noroeste, centro, occidente, golfo, sur y sureste del país acumulan índices delictivos que desalientan la inversión y erosionan la confianza de las comunidades.
Y si ese panorama ya es difícil de sostener, hay que agregar una segunda realidad que agrava el estado de alerta del ciudadano mexicano: la falla sistemática de los sistemas de protección civil. El mexicano que sale a la calle preocupado por su seguridad, regresa a un hospital, una plaza comercial o un edificio de oficinas que tampoco le garantiza que sus instalaciones funcionan como deben. La inseguridad amenaza desde afuera; la falla de protección civil amenaza desde adentro. Juntas, construyen una vulnerabilidad de 360 grados que ningún ciudadano debería considerar normal.
Protección civil: el otro sistema que falla
Las leyes federales, estatales y municipales contemplan los sistemas de protección civil con claridad. El problema no es el marco legal; es su aplicación.
Entre 2015 y 2024, los ejemplos se acumularon con una frecuencia que revela un patrón, no una serie de accidentes aislados. Incendios recurrentes en hospitales públicos en Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México y Baja California, originados por fallas eléctricas e infraestructura sin mantenimiento preventivo. Incendios en centros comerciales de Sonora que evidencian permisos de operación renovados sin supervisión real, con la complicidad de autoridades y empresas. La explosión en una plataforma petrolera en Campeche en 2021, que cuestionó los protocolos de seguridad operativa de PEMEX ante la opinión pública nacional e internacional. Incendios en subestaciones del Metro de la Ciudad de México, producto de sistemas eléctricos sin mantenimiento adecuado desde 2021. Inundaciones en múltiples estados que abren el debate sobre la planeación hidráulica y la operación de presas ante lluvias intensas. Incendios forestales en Sonora, Jalisco y Chihuahua que muestran la insuficiente coordinación interestatal para contenerlos a tiempo.
Cada uno de esos eventos tiene en común lo mismo: alguien firmó un permiso sin verificar, alguien no supervisó cuando debía, y alguien quedó sin sanción efectiva después del siniestro. El resultado es relajamiento sistemático en inspecciones técnicas, corrupción en el otorgamiento de permisos de uso de suelo y construcción, falta de mantenimiento en infraestructura pública, coordinación débil entre federación, estados y municipios, y ausencia de una cultura preventiva real en empresas y servicios públicos. A eso se suma la falta de profesionalización en las áreas de protección civil, que en muchos municipios opera con recursos mínimos y personal sin formación específica para el cargo.
Lo que otros países hacen distinto
México no necesita inventar soluciones desde cero. Existen modelos probados que demuestran que la supervisión permanente, la responsabilidad civil efectiva y las sanciones reales reducen los siniestros de manera significativa.
España aplica el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI), vigente desde 2017, que obliga a todas las instalaciones comerciales, industriales y de uso público a someterse a inspecciones periódicas realizadas por Organismos de Control Autorizados (OCA), entidades independientes del gobierno que certifican el estado real de cada instalación. Los extintores se revisan cada tres meses, los sistemas de detección cada seis meses, y una auditoría completa es obligatoria cada año. Si una instalación no cumple, el propietario enfrenta sanciones económicas, clausura del establecimiento y, en casos donde el incumplimiento derivó en víctimas, responsabilidad penal personal. El incumplimiento también invalida automáticamente las pólizas de seguro, lo que convierte el cumplimiento en un interés económico directo para las empresas, no solo en una obligación legal.
Alemania opera desde el siglo XIX el sistema TÜV (Technischer Überwachungsverein, Asociaciones Técnicas de Inspección), organismos independientes que verifican la seguridad de instalaciones industriales, calderas, sistemas eléctricos y equipos de presión con total autonomía del gobierno y de las empresas inspeccionadas. El inspector TÜV no responde ante la empresa que paga la revisión; responde ante la norma y ante la sociedad. Si una instalación falla después de recibir el visto bueno, el responsable técnico que firmó la certificación enfrenta consecuencias legales directas. Ese esquema de responsabilidad personal sobre quien autoriza es exactamente lo que México necesita replicar.
Chile reformó su sistema de prevención de incendios en instalaciones comerciales e industriales después de varios siniestros en mercados y edificios públicos que revelaron la misma falla: permisos de construcción otorgados sin verificación real. La reforma estableció que los arquitectos, ingenieros y funcionarios municipales que firman permisos de operación quedan vinculados legalmente a los resultados. Si hay un incendio y se comprueba incumplimiento en el permiso otorgado, la responsabilidad civil y penal recae sobre la persona que firmó, no solo sobre la institución. Eso cambió la conducta de quienes autorizan.
Lo que estos tres países tienen en común es una sola condición que México aún no consolida: la responsabilidad es personal, verificable y pública. El funcionario que firma responde. La empresa que obtiene el permiso responde. El inspector que certifica responde. En México, la responsabilidad se diluye en la institución y nadie responde de forma personal.
Vale señalar que muchos de estos protocolos, en sus versiones básicas, ya existen en México. Hay reglamentos de construcción, normas de protección contra incendios, procedimientos de inspección y manuales de protección civil en los tres órdenes de gobierno. El problema no es la ausencia de reglas; es que no se aplican con el rigor necesario, las inspecciones se vuelven trámites sin consecuencias reales, y los permisos se otorgan sin verificación efectiva. Lo que falta no es legislar más, sino hacer cumplir lo que ya está escrito.
Lo que México necesita hacer
Propongo tres ejes de acción que convierten la normatividad existente en política aplicable y verificable.
El primero es un Sistema Nacional de Supervisión Digital en Seguridad Pública y Protección Civil. Una plataforma integrada entre federación, estados y municipios que concentre todos los permisos, dictámenes estructurales, inspecciones, sanciones y responsables técnicos, con firma electrónica obligatoria y trazabilidad pública. Que cualquier ciudadano pueda consultar quién autorizó qué, cuándo y bajo qué condiciones. La opacidad en el otorgamiento de permisos es la puerta de entrada a la corrupción; la transparencia es el cierre.
El segundo es una política de prevención basada en riesgo real y medible. Mapas de vulnerabilidad actualizados por municipio, inspecciones aleatorias con georreferenciación y drones en zonas industriales, simulacros obligatorios con certificación, y fondos etiquetados exclusivamente para infraestructura preventiva: hidrantes, sistemas contra incendio, señalización y capacitación comunitaria. Para financiar esto con reglas claras, debe crearse un Fondo Nacional de Prevención y Resiliencia condicionado a resultados medibles y auditado de forma independiente.
El tercero es la participación ciudadana con respaldo legal. Comités vecinales acreditados con capacidad para denunciar incumplimientos, protegidos jurídicamente, articulados con un sistema nacional de alertas tempranas interoperable con fuerzas de seguridad y servicios de emergencia. La ciudadanía debe ser parte activa de la supervisión, no solo receptora de las consecuencias cuando el sistema falla.
México tiene 32 estados, 2,471 municipios y 16 alcaldías en la Ciudad de México. Sin prevención técnica, transparencia total y responsabilidad personal de quien autoriza, la ley seguirá produciendo tragedias evitables. Los mecanismos existen. Lo que falta es la voluntad política de aplicarlos, y la exigencia ciudadana para que eso ocurra.
