Laura Gutiérrez Franco
El discurso oficial nos vendió el litio como el motor de una nueva soberanía energética, pero a inicios de este 2026, la realidad ha decidido darnos un baño de humildad. No es solo que el mineral no esté fluyendo hacia las baterías de los autos eléctricos; es que, financieramente, hoy extraer litio en México es un negocio que simplemente no suma.
La propia presidenta Claudia Sheinbaum lo admitió recientemente: la explotación no es rentable. El problema no es la falta de yacimientos, sino su naturaleza. Mientras que en el “triángulo del litio” sudamericano el mineral se extrae de salmueras de forma económica, en nuestro país el litio está “atrapado” en arcillas. Separar el mineral de ese barro requiere una tecnología costosa que el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) aún intenta descifrar en sus laboratorios. Al costo actual, nos sale más barato importarlo que sacarlo de nuestro propio suelo.
Pero si la inviabilidad técnica es preocupante, la opacidad administrativa es alarmante. En Sonora, el epicentro de esta promesa, colegas como Rigo Gutiérrez, del semanario Primera Plana, han chocado de frente con un muro institucional. A pesar de utilizar las herramientas de transparencia para conocer el avance real de los proyectos y el destino del presupuesto de LitioMx, la respuesta ha sido el silencio o la negativa.
Justo esta semana se dio a conocer que la oficina que encabeza Pablo Taddei ha decidido clasificar la información sobre sus actividades como “reservada por seguridad nacional” por los próximos cinco años. Es decir, los ciudadanos no sabremos qué se hizo en 2025 sino hasta el 2031.
¿Qué se oculta bajo el sello de seguridad nacional en una empresa que, según admiten, ni siquiera puede producir de manera rentable? Si no hay ganancias económicas por la complejidad técnica, lo mínimo que esperaríamos los mexicanos es transparencia administrativa. Mientras el gobierno busca la “receta” barata para separar el litio de la arcilla, parece que ya encontró la fórmula perfecta para separar la gestión pública del escrutinio ciudadano: el candado de la opacidad.
Al final, el litio mexicano sigue siendo lo que ha sido desde su nacionalización: un proyecto de laboratorio envuelto en una bandera y guardado bajo llave.
