Nacionalizar sin tener la tecnología ni el modelo de negocio resuelto fue, cuando menos, una apuesta irresponsable
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el litio fue presentado como un recurso estratégico para el futuro de México. Se impulsó la reforma a la Ley Minera para nacionalizarlo, estableciendo que su explotación sería propiedad exclusiva de la nación, y se creó la empresa estatal Litio para México (LitioMx) con la promesa de administrar su exploración y aprovechamiento en beneficio del país. El mensaje fue contundente: soberanía energética y control del “nuevo petróleo”.
Sin embargo, la realidad técnica parece imponerse al discurso político.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció en conferencia de prensa que, aunque se desarrollan tecnologías, “hoy no es económicamente viable” la explotación del litio en México debido a los altos costos que implica su procesamiento.
“El tema es que hoy no es económicamente viable, es muy caro. Entonces, siguen trabajando para poder desarrollar una tecnología que permita tener costos accesibles para su explotación”, afirmó.
Sheinbaum explicó que el principal reto es que el litio mexicano se encuentra en arcilla —es decir, en barro— y no en las condiciones en que se explota en otros países. Separar el litio del barro implica procesos costosos que encarecen su producción. “Entonces, para poder separar el barro del litio tiene su costo. Entonces, si es muy caro, pues entonces resulta más barato comprarlo fuera. Eso no quiere decir que no sigamos desarrollando para poderlo hacer”, puntualizó.
Detalló además que se trabaja en coordinación entre LitioMx, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y la Secretaría de Energía para desarrollar sistemas que permitan explotar el litio en arcilla, así como en salmueras de pozos petroleros.
El contraste político es evidente. Fue López Obrador quien promovió la nacionalización del litio y quien creó LitioMx como eje de esta estrategia, enfrentando incluso disputas internacionales relacionadas con concesiones otorgadas en administraciones anteriores. La narrativa del sexenio pasado posicionó al litio como una palanca de desarrollo inmediato y un símbolo de soberanía.
Hoy, la propia presidenta reconoce que su explotación no es rentable en las condiciones actuales.
La discusión ya no es si el litio es estratégico —lo es—, sino si se dimensionó correctamente su viabilidad antes de convertirlo en bandera política. Nacionalizar un recurso no garantiza que sea explotable en términos económicos. Crear una empresa estatal no elimina los retos tecnológicos. Y prometer prosperidad inmediata sin resolver primero la ecuación técnica puede generar expectativas que la realidad termina ajustando.
El litio mexicano sigue siendo una apuesta a futuro. Pero la declaración presidencial confirma que, por ahora, el entusiasmo político choca con los números. El problema no es que el litio enfrente retos técnicos —eso era previsible—, sino que se haya construido una narrativa triunfalista sin sustento económico sólido. Andrés Manuel López Obrador convirtió el litio en estandarte político, habló de soberanía y de riqueza nacional, pero hoy su propia sucesora reconoce que explotarlo es demasiado caro y que, en términos prácticos, resulta más barato comprarlo en el extranjero. La distancia entre el discurso y la viabilidad financiera deja en evidencia que la decisión fue más ideológica que estratégica.
Nacionalizar sin tener la tecnología ni el modelo de negocio resuelto fue, cuando menos, una apuesta irresponsable. Crear LitioMx sin garantizar condiciones de rentabilidad convirtió la promesa en símbolo, pero no en industria. Hoy la realidad desmonta el relato: el litio no era el “nuevo petróleo” listo para detonar desarrollo inmediato, sino un proyecto inmaduro utilizado políticamente.
PEGA Y CORRE: Durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se otorgaron concesiones mineras que incluían la exploración de litio, principalmente a empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras. En esos sexenios, el litio no fue considerado un recurso estratégico del Estado ni se impulsó su nacionalización; operaba bajo el régimen minero tradicional.
Es decir, Calderón y Peña Nieto están vinculados al tema en el sentido de que, durante sus administraciones, se entregaron concesiones que después fueron cuestionadas y revisadas en el sexenio de López Obrador. Solo eso; lo demás está de más.
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