Control de Daños
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha varios proyectos de infraestructura en México que han sido marcados por la corrupción, opacidad y riesgo, prometiendo con ello fomentar el desarrollo y la integración regional e incrementar el turismo. Dentro de ellos, uno más sale a la luz y es el llamado “Tren Fantasma” de Sonora, que parece caminar sobre los mismos rieles de incertidumbre y controversia, tal como su homónimo sureño.
Desde su concepción al igual que el Tren Maya, el hoy nombrado Tren Fantasma ha estado envuelto en un manto de opacidad. El proyecto, supervisado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) del general Luis Cresencio Sandoval, y planeado para conectar Ímuris con Nogales, ha suscitado dudas no solo por su viabilidad económica, sino también por las potenciales amenazas ambientales y sociales.
Uno de los aspectos más críticos y alarmantes es la falta de estudios de impacto ambiental, un requisito indispensable para obras de tal magnitud. Según denuncias, la falta de estas aprobaciones pone en peligro ecosistemas vitales y especies protegidas como los jaguares y ocelotes, además de afectar a los ríos, como el Cocóspera, fuente esencial de agua para las comunidades locales.
La crítica no se detiene en el aspecto ambiental. La forma en que se han gestionado las expropiaciones también ha generado malestar, así como la ruta sin ruta aparente. Los habitantes de Nogales, por ejemplo, han expresado su inconformidad por las ofertas irrisorias para adquirir sus propiedades, situaciones que rayan en el abuso de poder y la falta de sensibilidad social por parte de las autoridades.
En época electoral es que sale a la luz, y es a partir de las denuncias de la senadora Lilly Téllez y el candidato al Senado, Manlio Fabio Beltrones, que se conoce sobre este proyecto del que realmente sobre ese tren no se sabía mucho. Su petición y exigencia esn transparencia y legalidad, ingredientes que no siempre están presenten en el actual gobierno del país. Beltrones incluso ha ido más allá solicitando la suspensión de la obra hasta que se realicen las evaluaciones ambientales pertinentes y se clarifique a la población los detalles del proyecto y sus beneficiarios, peticiones mínimas para un proyecto de tal magnitud.
Además de los problemas técnicos y legales, el Tren Fantasma enfrenta un grave déficit de legitimidad y aceptación social. La falta de consultas públicas, un requisito legal para proyectos de esta envergadura, subraya una práctica de decisiones unilaterales que no corresponden a un gobierno que se ha autodefinido como democrático y progresista.
Estos problemas reflejan una tendencia preocupante en la gestión de proyectos públicos: la priorización de la ejecución sobre la planificación responsable y el diálogo con las comunidades afectadas. Este enfoque no solo es contraproducente en términos de desarrollo sostenible, sino que también pone en riesgo la confianza en las instituciones públicas y en los procesos democráticos del país.
El Tren Fantasma de Sonora, como está actualmente planteado, representa un desafío crítico al gobierno de López Obrador quien se lanza a todo vapor para tratar de concretar, sin permisos y sin un proyecto lógico que realmente beneficie a la comunidad, al turismo o a la transportación de carga.
Sin embargo, para recuperar la confianza y asegurar el éxito del proyecto, es crucial adoptar una postura de apertura y cumplimiento riguroso de las normativas ambientales y de participación ciudadana. Solo así se puede garantizar que el desarrollo no se logre a expensas del patrimonio natural y social de México. El camino hacia un progreso genuino y equitativo debe ser trazado con la luz de la transparencia, y no en los oscuros pasillos de la opacidad que es el sello de la casa del actual gobierno de México en tiempos de la 4T.
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