Tras cuatro años de lucha, la diputada Vicky Espinoza exige al alcalde Antonio Astiazarán acatar de inmediato el fallo que protege a 1,600 ex trabajadores; la legisladora calificó de “insensible e ilegal” el recorte de apoyos básicos aplicado desde 2022 a adultos mayores en Sonora.
HERMOSILLO, SONORA. – La batalla legal y social que emprendieron más de mil 600 jubilados y pensionados del Ayuntamiento de Hermosillo ha alcanzado un punto de inflexión definitivo. En la máxima tribuna del Estado, la diputada María Eduwiges “Vicky” Espinoza Tapia celebró el fallo del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) que reconoce la ilegalidad del recorte de prestaciones aplicado por la actual administración municipal y ordena su restitución inmediata.
Un revés judicial a la administración municipal
La resolución del TJA confirma que los derechos adquiridos por los trabajadores desde 1997 fueron vulnerados en enero de 2022, cuando el gobierno de Antonio Astiazarán eliminó apoyos críticos para canasta básica, energía eléctrica, medicamentos y gastos funerarios.
“Lo que hizo la administración de Antonio Astiazarán fue ilegal y hoy la autoridad judicial así lo confirma. Las y los jubilados no están pidiendo favores; están exigiendo el cumplimiento de derechos”, sentenció Espinoza Tapia.
Impacto humano y derechos vulnerados
La legisladora subrayó que este caso no es meramente presupuestal, sino una cuestión de dignidad humana. Recordó que los afectados son adultos mayores que, a pesar de enfrentar problemas de salud y movilidad, se vieron obligados a manifestarse en las calles durante casi cuatro años ante la cerrazón de la autoridad municipal.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) ya había emitido previamente una recomendación señalando la retención ilegal de prestaciones, calificando el acto como una violación a la seguridad jurídica y social de los ex servidores públicos.
Exhorto al cumplimiento inmediato
Ante el fallo emitido en enero de 2026, la diputada de Morena hizo un llamado enérgico al Presidente Municipal para evitar tácticas dilatorias:
- Cumplimiento sin pretextos: Exhortó a la autoridad municipal a no buscar interpretaciones legales para retrasar el pago.
- Restitución plena: El fallo implica no solo retomar los apoyos, sino cubrir los pagos retroactivos correspondientes.
- Sensibilidad política: Contrastó la postura del Ayuntamiento con la del gobernador Alfonso Durazo, quien en su momento apoyó al sector pese a no ser una competencia directa del Estado.
Finalmente, Espinoza Tapia rindió homenaje a la Asociación de Jubilados y Pensionados, cuya organización y resistencia histórica permitieron revertir lo que calificó como una “insensibilidad gubernamental” que hoy, por orden judicial, debe ser subsanada.
