La Secretaría de Seguridad Pública estatal precisó que en una primera operación, la tarde del pasado 3 de febrero fueron detenidos dos civiles, en el poblado El Verde, del municipio de Concordia.
Redacción AN / ARF
Autoridades mexicanas detuvieron a cuatro personas que estarían ligadas al secuestro de diez mineros de la empresa canadiense Vizsla Silver ocurrido el pasado 23 de enero en el estado de Sinaloa.
En un par de comunicados, la Secretaría de Seguridad Pública estatal precisó que en una primera operación, la tarde del pasado 3 de febrero fueron detenidos dos civiles, en el poblado El Verde, del municipio de Concordia.
Junto a ellos, fueron aseguradas dos armas largas tipo AK-47, ocho cargadores para arma larga, 240 cartuchos y dos chalecos tácticos.
Mientras que en otro operativo detuvieron a dos personas más, quienes portaban un fusil SCAR Multi-Caliber, una pistola Glock 22, tres cargadores y 55 cartuchos de distintos calibres.
Por otra parte, la fiscal de Sinaloa, Claudia Sánchez Kondo, detalló a medios locales que fueron encontradas las pertenencias de los diez mineros, luego de cinco cateos realizados en los municipios de Mazatlán y Concordia.
“Se han localizado tarjetas de identificaciones, por eso se tiene la certeza de que son las personas que están ahorita privadas de la libertad”, afirmó Sánchez Kondo, quien precisó que también han asegurado tres teléfonos y una laptop.
La detención de los presuntos involucrados en el secuestro de los trabajadores ocurre días después de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, asegurara que el Gobierno de México “no va a parar” hasta dar con el paradero de los mineros.
García Harfuch explicó que en el área donde ocurrieron los hechos opera una célula de Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa, designado como organización terrorista el año pasado por Estados Unidos, quienes estarían detrás de la desaparición de los trabajadores.
Estos hechos ocurren en un contexto de creciente preocupación por las desapariciones en México, un fenómeno que afecta a al menos 133,000 familias en el país y que fue documentado de manera constante por colectivos de búsqueda, organizaciones civiles y organismos internacionales de derechos humanos, particularmente en regiones con presencia de grupos delictivos.
Sinaloa, uno de los principales estados productores de minerales en el país, también enfrenta una persistente problemática de violencia e inseguridad vinculada al crimen organizado, lo que ha impactado tanto a comunidades locales como a sectores productivos, incluida la industria minera.
