La familia de Pablo Osorio tiene previsto viajar a la Ciudad de México para buscar una reunión con las autoridades federales
Fernanda López Castro
Pablo Osorio, un joven ingeniero civil que laboraba en la empresa CICAR, fue reportado como desaparecido el 23 de enero pasado junto con al menos 10 mineros más de la empresa Vizsla Silver,en Concordia, Sinaloa, un caso que no solo ha generado preocupación sino también una significativa movilización por parte de las Fuerzas Armadas en dicho estado.
Sin embargo, su familia acusó al gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y a las autoridades estatales, de ignorarlos a pesar del despliegue militar y que el Comité Contra la Desaparición Forzada, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un exhorto al Estado mexicano.
En entrevista con Infobae Mx, Maurilio Santiago Reyes, director del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C. (CEDHAPI A.C.), precisó que el domingo pasado dicho Comité de la ONU solicitó al gobierno federal adoptar “medidas inmediatas para la búsqueda, localización y protección de la persona desaparecida”.
“Ninguna autoridad federal, estatal, municipal se han comunicado con la familia. (…) En el caso de Pablo, esperemos que se retome el, el gobierno retome la importancia del caso, ya que hace tres días el, el Comité de Desaparición Forzada de la ONU emitió una acción urgente al Estado mexicano y también la Comisión Interamericana inició un procedimiento para poder emitir medidas cautelares”, dijo.
Comentó que, de acuerdo con información que le proporcionaron, los familiares de los demás mineros desparecidos tampoco han sido contactados por el gobierno y que también están en la búsqueda de que la ONU se pronuncie sobre los respectivos casos como ocurrió con Pablo.
Buscarán reunión con SEGOB
En este sentido, indicó que la familia del joven de 26 años de edad vive en Oaxaca y son de escasos recursos, por lo que realizan una colecta de recursos para viajar a la Ciudad de México y buscar ser atendidos por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), actualmente encabezada por Rosa Icela Rodríguez, la próxima semana.
Señaló que de igual forma prevén viajar a Sinaloa, para también contactar a las autoridades locales.
“No hay ninguna respuesta del Estado mexicano en su ámbito de gobierno municipal, estatal y federal. Entonces, con la familia ahorita estamos haciendo una recolecta económica a la sociedad para poder viajar a la Ciudad de México y al estado de Sinaloa porque es una familia con de muy bajos recursos”, puntualizó.
El viernes pasado, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, informó que autoridades federales y estatales trabajan en la investigación por la desaparición de 10 trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver en Concordia, Sinaloa.
Detalló que el operativo incluye la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y el Ejército Mexicano.
Asimismo, señaló la posible implicación de una célula de “Los Chapitos”, identificando a un líder que opera en la zona.
Familiares apuntan a reclutamiento forzado o cobro de piso
Maurilio Santiago Reyes comentó que la desaparición de Pablo y de al menos 10 mineros más podría haber sido ocasionada por la actual problemática que hay en el país entorno al reclutamiento forzado, que incluye a personas con ciertas profesiones.
Sin embargo, destacó que otro móvil podría ser el cobro de piso hacia la empresa CICAR.
“Nosotros consideramos que hay un reclutamiento de profesionales en el país. Un reclutamiento de mano calificada, profesionales. Este no es el primer caso, se han dado otros casos que tenemos conocimiento, pero que el Estado mexicano no ha hecho nada al respecto.
“Tampoco se descarta que sea el cobro de piso también a la minera, ¿no? De que efectivamente esos grupos delictivos estén cobrando cobro de piso y que a lo mejor la minera no haya aceptado y haya una forma de presionar al respecto. Hay que mencionar que el ingeniero Pablo no, eh, es trabajador de la minera, sino que trabaja en la empresa CICAR. No sabemos qué relación puede tener con la empresa minera”, concluyó.
Socorro, la madre de Pablo, hizo un llamado a que las autoridades encuentren con vida a su hijo, a quien describió como un joven trabajador que buscaba sacar a su familia adelante.
Entre las al menos 10 víctimas más, están ingenieros y proveedores de seguridad: José Ángel Hernández Vélez, Francisco Antonio Esparza Yáñez, José Manuel Castañeda Hernández, Saúl Alberto Ochoa Pérez, Antonio de la O Valdez, Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Antonio Jiménez Nevárez, Javier Emilio Valdez Valenzuela, Javier Guillermo Vargas Valle y Miguel Tapia Rayón.
