Factureras, domicilios fantasma y prestanombres ocultaron a los verdaderos beneficiarios de contratos públicos en una red que surgió en Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López y se expandió a por lo menos seis estados y a dependencias federales como Segalmex, epicentro del mayor caso de corrupción del sexenio de AMLO. Documentos oficiales vinculan a la estructura con empleados e inmuebles de la familia Bermúdez Requena y muestran prácticas de simulación de competencia, uso de las mismas notarías y representantes legales, con asignaciones que superan los 2 mil 360 millones de pesos.
Redacción AN / LP
Miguel Ángel es un trabajador de Villahermosa que sostiene a su familia alternando su empleo como chofer con labores de apoyo logístico en bailes populares. En un contraste difícil de explicar, figura al mismo tiempo como accionista de Comercio y Construcción de Tabasco SA de CV, una empresa identificada por el SAT como fantasma o “facturera”, que ha operado desde una plaza comercial de la familia Bermúdez Requena y que fue contratista durante el gobierno de Adán Augusto López.
El caso de Miguel Ángel no es aislado. En su cuenta de Linkedin, Carlos Suárez Alor reporta ser un auxiliar administrativo en Rager de Tabasco, una empresa creada hace más de 20 años por los hermanos Bermúdez Requena; a la par, este empleado ha fungido como apoderado legal de Construagregados Hopelchén, otra empresa que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) también colocó en su listado definitivo de factureras y que coincidentemente también fue contratista cuando Adán Augusto fue gobernador de Tabasco.
Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó que este tipo de prácticas se repite en decenas de empresas tabasqueñas que han recurrido al uso de identidades de trabajadores, oficinistas y beneficiarios de programas sociales para registrarlos como supuestos accionistas, socios o apoderados, cuando en realidad funcionan como prestanombres o fachada de los verdaderos propietarios.
Esa práctica permitió la articulación de una red empresarial que simuló competencia para acaparar contratos. Algunas de las compañías se integraron en un entramado que creció durante el gobierno de Adán Augusto López en Tabasco y que después se extendió a por lo menos seis estados gobernados por Morena y al ámbito federal.
La red, integrada por al menos 20 empresas, ha obtenido contratos que superan los 2 mil 360 millones de pesos en Tabasco, Campeche, Chiapas, Hidalgo, Puebla y Quintana Roo, así como en dependencias federales, con presencia destacada en Conagua y Segalmex, en la que ocurrió el mayor caso de corrupción en el sexenio de López Obrador
Algunas compañías beneficiadas han tenido como socio, administrador o apoderado a Alejandro Márquez Rodríguez, un empresario tabasqueño a quien apodan “El Ganso”, amigo muy cercano a Adán Augusto López, a quien incluso lo acompañó en su gira como precandidato de Morena a la Presidencia de la República de 2024.
MCCI buscó una postura de Adan Augusto mediante un cuestionario enviado el viernes a su correo de contacto en el Senado. Hasta el cierre y publicación de esta investigación no hubo respuesta. Este domingo por la mañana informó que dejaría la dirigencia de Morena en el Senado.
El piso 15 de la más grande torre empresarial de Tabasco está escriturado a nombre de Corporación Inmobiliaria Villahermosa, una empresa en la que Adán Augusto López es copropietario. Justo en ese piso está el domicilio fiscal de Mar & Mel del Sureste, empresa que tiene como accionista y administradora única a una mujer que se gana la vida vendiendo productos nutricionales de Omnilife y cosméticos de la marca Seytú. La compañía ha obtenido contratos y subsidios por más de 4 millones de pesos en los gobiernos morenistas de Tabasco y Chiapas.
Comercio y Construcción de Tabasco fue constituida en 2018 por los accionistas Wendy Karyme Hernández de la Cruz y Miguel Ángel Muñoz Boettiger, ante la notaría 7 de Tabasco, asociada a la de Adán Augusto López. La empresa fue declarada oficialmente por el SAT como una simuladora de operaciones, mejor conocida como compañía “fantasma” o facturera.
Miguel Ángel Boettiger, uno de los socios de la empresa fantasma, ha declarado en documentos oficiales desempeñarse como chofer y en sus redes sociales aparece realizando labores de logística en bailes populares. En la misma empresa fantasma ha participado como apoderado Carlos Alberto Toscar Ramón, quien a la par fue administrador de Terracota, empresa en cuya fundación participó Alejandro Márquez Rodríguez, amigo muy cercano de Adán Augusto López.
Simulan competencia
La simulación de competencia ha sido una práctica recurrente en esta red de empresas, según consta en documentos de una serie de procedimientos de contratación consultados por MCCI.
Por ejemplo, en un procedimiento del 16 de mayo de 2024 para actividades de limpieza de los ríos Grijalva y el Espino, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) recibió ofertas de tres empresas vinculadas entre sí: Construcción, Rehabilitación y Conservación de Obras de México; Comercio y Construcción de Tabasco (empresa incluida por el SAT en su lista definitiva de factureras), y Proyectos, Obras y Suministros del Sureste.
Las dos primeras postoras reportaron tener su dirección en un edificio de la calle Tres, número 214, colonia Reforma, en el centro de Villahermosa. En ese mismo domicilio se encuentran otras empresas vinculadas que han reportado como domicilio alterno un inmueble ubicado en la calle Ipequi, manzana 39, colonia Valle del Jaguar, en el municipio Centro de Tabasco, que es donde está establecida la tercera empresa que fue invitada a participar en el procedimiento de Conagua: Proyectos, Obras y Suministros del Sureste.
Cartas de invitación de Conagua a otras tres empresas vinculadas.
En otra licitación, convocada por la Secretaría de Educación de Tabasco, fechada a inicios de agosto de 2019, la propia dependencia tabasqueña invitó directamente a las empresas Choco Publicaciones y Comercializadora Centro Tabasqueño, las cuales según sus propias facturas y contratos, están establecidas también en la calle Tres, número 214, colonia Reforma.
En otro procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, convocado por la Dirección de Obras del Ayuntamiento de Jalapa, Tabasco, fechado del 17 de diciembre de 2024, dos meses antes de que el SAT iniciara su investigación sobre Construagregados Hopelchen y Comercio y Construcción de Tabasco, ambas empresas que ahora se sabe que son oficialmente simuladoras de operaciones fueron invitadas a concursar al lado de la compañía Construcción, Rehabilitación y Conservación de Obras de México. Las tres empresas reportaron el mismo domicilio: calle Tres, número 214, colonia Reforma, en el centro de Tabasco.
Segalmex asignó $113 millones a empresa ligada a facturera
Grupo Comercial e Industrial Tenda, que ha compartido domicilio y apoderado legal con una empresa facturera de Villahermosa, recibió dos contratos de Segalmex por 113 millones de pesos para abastecer maíz y frijol, a pesar de que carecía de experiencia, infraestructura y capacidad operativa para prestar servicios de abasto y logística de granos.
Las asignaciones a Tenda se otorgaron en 2022 y 2023, cuando ya había estallado el caso de corrupción en Segalmex, dependencia en la que ocurrió el mayor desfalco del sexenio de López Obrador, con observaciones acumuladas por miles de millones de pesos, denuncias penales, ex funcionarios procesados y un patrón reiterado de contrataciones irregulares.
En actas mercantiles consultadas por MCCI aparece el nombre de José Ignacio de la Cruz Montejo como apoderado legal de Tenda, y a la vez como representante de Comercio y Construcción de Tabasco, empresa que el SAT ha incluido en su lista definitiva de factureras. Ambas empresas han declarado tener su domicilio en Árboles 101, interior 12, un inmueble propiedad de la familia Bermúdez Requena.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó el contrato PSG/84/2022, mediante el cual Segalmex adjudicó a Grupo Comercial e Industrial Tenda la adquisición de maíz blanco nacional y los servicios de traslado de origen a destino. El contrato estableció un monto máximo de 24 millones 845 mil pesos, cifra que constituye el techo financiero acordado entre la dependencia y la empresa para ese servicio.
Durante la fiscalización de la Cuenta Pública 2022, la ASF determinó que Tenda no acreditó contar con capacidad de respuesta inmediata ni con los recursos técnicos, financieros y operativos necesarios, ni con antecedentes en la prestación de servicios de logística de granos. La revisión de su documentación legal y de sus operaciones bancarias mostró movimientos asociados a la comercialización de insumos de laboratorio y material médico, no a actividades relacionadas con el objeto del contrato celebrado con Segalmex, en contravención de los requisitos previstos en la ley de adquisiciones.
Al momento de recibir el contrato, Tenda tenía únicamente seis trabajadores registrados ante el IMSS, una plantilla mínima frente al volumen, la cobertura territorial y la logística que exigían los servicios contratados por Segalmex. Ese contraste no fue considerado por la dependencia al momento de adjudicar el contrato.
Sanción aplicada por la ASF por irregularidades detectadas en un contrato a Tenda.
La auditoría reveló además que el contrato funcionó bajo un esquema de intermediación. El representante legal de Tenda entregó a la ASF un contrato privado mediante el cual la empresa subcontrató el 100% de los servicios con Comercializadora Columbia, incluyendo la movilización y entrega del maíz. Las fichas de depósito exhibidas acreditaron que Tenda no ejecutó directamente el servicio, sino que actuó como intermediaria.
A estas irregularidades se sumó la falta de documentación esencial, como órdenes de movilización, certificados de depósito endosados a favor de Segalmex y papeles de finiquito.
La empresa argumentó que el contrato se encontraba en proceso de conciliación, pero la ASF concluyó que la información presentada no acreditó la correcta ejecución del contrato ni subsanó la falta de capacidad del proveedor.
Pese a esos hallazgos, Segalmex volvió a contratar a la misma empresa. En un procedimiento distinto, cuyo fallo se emitió el 25 de julio de 2023, la dependencia adjudicó a Tenda el suministro de tres mil toneladas de frijol negro por 88 millones 300 mil pesos.
Nota metodológica
Para esta investigación, MCCI gestionó, procesó y analizó durante cuatro meses más de 4 mil 100 documentos, entre los cuales hubo 1,067 facturas, 1,980 contratos, 400 procedimientos de adjudicación y 350 actas mercantiles, además de presentar 315 solicitudes de acceso a la información con dependencias estatales y federales.
