Minneapolis (AP) — Se espera que Greg Bovino, alto comandante de la Patrulla Fronteriza y algunos agentes abandonen Minneapolis tan pronto como este martes, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con el asunto, mientras el presidente Donald Trump envió a su “zar de la frontera” a Minnesota para asumir gran parte de los esfuerzos de control migratorio de la administración.
La salida del comandante de la Patrulla Fronteriza Greg Bovino, quien ha estado en el centro del agresivo despliegue de operativos de la administración en ciudades de todo el país, marca un cambio público significativo en la postura de las fuerzas federales de seguridad, en medio de una creciente indignación por el tiroteo mortal del enfermero de cuidados intensivos Alex Pretti, de 37 años, a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza.
El zar de la frontera, Tom Homan, asumirá el control de las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La persona familiarizada con el asunto no estaba autorizada a hablar públicamente sobre los detalles de la operación y habló con AP bajo condición de anonimato.
El liderazgo de Bovino en redadas federales altamente visibles —incluidas operaciones que provocaron manifestaciones masivas en Los Ángeles, Chicago, Charlotte y Minneapolis— ha generado duras críticas de funcionarios locales, defensores de los derechos civiles y demócratas en el Congreso.
Las críticas contra Bovino se intensificaron en los últimos días tras su defensa pública del tiroteo de Pretti y las afirmaciones controvertidas sobre el enfrentamiento que derivó en su muerte.
En otros acontecimientos, Trump declaró que ahora estaba en una “sintonía similar” con el gobernador, tras el segundo tiroteo mortal cometido por agentes federales de inmigración este mes.
Los abogados del estado y de las Ciudades Gemelas argumentaron que la situación en las calles es tan grave que requiere que el tribunal detenga las acciones de aplicación de la ley del gobierno federal.
Trump habló con el gobernador de Minnesota
Trump y el gobernador demócrata Tim Walz conversaron por teléfono y posteriormente ofrecieron comentarios que marcaron un giro notable respecto a las declaraciones críticas que habían intercambiado en el pasado. La conversación ocurrió el mismo día en que una jueza federal escuchó argumentos en una demanda que busca frenar el aumento de la aplicación de leyes migratorias federales en el estado.
“En realidad, parecíamos estar en una sintonía similar”, escribió el presidente en una publicación en redes sociales.
Walz, en un comunicado, dijo que la llamada fue “productiva” y que se necesitan investigaciones imparciales sobre los tiroteos. Trump afirmó que su administración está buscando a “todos y cada uno” de los criminales que el estado tiene bajo custodia. Walz señaló que el Departamento de Correcciones del estado cumple con las solicitudes federales respecto a las personas bajo su custodia.
No estaba claro si el nuevo tono conduciría a cambios. Abogados de la administración, del estado y de las ciudades de Minneapolis y St. Paul comparecieron el lunes ante la jueza federal de distrito Katherine Menendez, quien está considerando si concede solicitudes para suspender temporalmente la operación migratoria.
La jueza dijo que el caso es prioritario, aunque no emitió una decisión inmediata.
“Si esto no se detiene aquí y ahora, no creo que nadie que esté analizando seriamente este problema pueda tener mucha fe en hacia dónde se dirige nuestra república en el futuro”, dijo Brian Carter, fiscal general adjunto de Minnesota.
La jueza cuestiona los motivos del gobierno
La jueza cuestionó la motivación del gobierno detrás de la ofensiva y expresó escepticismo sobre una carta enviada recientemente por la fiscal general Pam Bondi al gobernador Walz. La carta pedía al estado dar al gobierno federal acceso a los padrones electorales, entregar registros estatales de Medicaid y de asistencia alimentaria, y derogar las políticas de santuario.
“Quiero decir, ¿no hay ningún límite para lo que el Ejecutivo puede hacer bajo el pretexto de hacer cumplir la ley migratoria?”, preguntó Menendez. Señaló que las solicitudes federales son objeto de litigio.
Brantley Mayers, abogado del Departamento de Justicia, dijo que el objetivo del gobierno es hacer cumplir la ley federal y que una acción legal no debería usarse para desacreditar otra acción legal.
“No veo cómo el hecho de que también estemos haciendo otras cosas que estamos autorizados a hacer, que la Constitución nos ha conferido, podría de alguna manera invalidar otra parte de la misma operación, el mismo despliegue”, dijo Mayers.
Menendez cuestionó dónde está la línea entre violar la Constitución y el poder del Ejecutivo para hacer cumplir la ley. También preguntó si se le estaba pidiendo decidir entre políticas estatales y federales.
“Eso empieza a sentirse mucho como si yo estuviera decidiendo cuál enfoque de política es el mejor”, dijo.
En un momento, al discutir la posibilidad de que agentes federales ingresen a residencias sin una orden judicial, la jueza expresó su reticencia a decidir asuntos que aún no se han planteado en una demanda ante ella.
“No puedo ser la guardiana global de todo aquí. Presumiblemente, eso será litigado”, dijo al abogado del estado.
Menendez dejó claro que le resultaba difícil decidir cómo fallar porque el caso es inusual y hay pocos precedentes.
“Es precisamente porque esto es importante que estoy haciendo todo lo posible por hacerlo bien”, dijo.
El estado de Minnesota y las ciudades demandaron al Departamento de Seguridad Nacional a principios de este mes, cinco días después de que Renee Good fuera baleada por un agente de ICE. El tiroteo de Alex Pretti por un agente de la Patrulla Fronteriza el sábado añadió urgencia al caso.
El zar de la frontera a Minnesota
Trump publicó el lunes en redes sociales que Homan reportará directamente a él.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Homan será “el principal punto de contacto sobre el terreno en Minneapolis” durante las operaciones continuas de los agentes federales de inmigración.
En la corte, un abogado de la administración dijo el lunes que alrededor de 2.000 agentes de ICE estaban en el terreno, junto con al menos 1.000 agentes de la Patrulla Fronteriza.
La demanda solicita que la jueza ordene reducir el número de agentes federales en Minnesota al nivel previo al despliegue y limitar el alcance de la operación.
Implicaciones para otros estados
El caso tiene implicaciones para otros estados que han sido o podrían convertirse en objetivos de operativos federales de inmigración intensificados. Los fiscales generales de 19 estados y del Distrito de Columbia, encabezados por California, presentaron un escrito de apoyo a Minnesota como “amigos de la corte”.
“Si no se controla, el gobierno federal sin duda se sentirá envalentonado para continuar su conducta ilegal en Minnesota y repetirla en otros lugares”, escribieron los fiscales generales.
Menendez resolvió en un caso separado el 16 de enero que los agentes federales en Minnesota no pueden detener ni usar gas lacrimógeno contra manifestantes pacíficos que no estén obstruyendo a las autoridades, incluidas las personas que siguen y observan a los agentes.
Un tribunal de apelaciones suspendió temporalmente ese fallo tres días antes del tiroteo del sábado. Pero los demandantes en ese caso, representados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Minnesota, solicitaron al tribunal de apelaciones el sábado por la noche una orden de emergencia para levantar la suspensión a la luz de la muerte de Pretti.
El Departamento de Justicia argumentó en una respuesta presentada el domingo que la suspensión debe mantenerse, calificando la orden judicial como impracticable y excesivamente amplia.
En otro caso más, un juez federal distinto, Eric Tostrud, emitió una orden el sábado por la noche que impide a la administración Trump “destruir o alterar pruebas” relacionadas con el tiroteo del sábado. El fiscal general demócrata de Minnesota, Keith Ellison, y la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, solicitaron la orden para preservar pruebas recopiladas por funcionarios federales que las autoridades estatales aún no han podido inspeccionar.
Una audiencia en ese caso está programada para la tarde del lunes en un tribunal federal en St. Paul.
Manifestantes apuntan a hotel
La noche del domingo, manifestantes apuntaron a un hotel de Minneapolis donde se creía que se alojaban agentes federales, bloqueando una avenida importante en el borde del campus de la Universidad de Minnesota.
Un fotógrafo independiente que trabajaba para AP vio vidrios rotos en el vestíbulo del hotel, así como grafitis con obscenidades y amenazas dirigidas a ICE.
Un agente de la policía de Minneapolis se encontraba dentro del hotel y trató de brindar ayuda a un agente federal que resultó herido. Más oficiales de agencias locales y estatales planeaban intervenir para “desescalar la situación y realizar arrestos”, informó la policía de Minneapolis en un comunicado el lunes.
Pero cuando comenzaron a llegar al lugar y arrestaron a dos personas, agentes federales llegaron y “desplegaron municiones químicas”, según el comunicado policial. Un portavoz del DHS dijo que se proporcionaría una declaración sobre la situación más tarde el lunes.
La partida de Bovino marca un cambio público significativo en la postura de las autoridades federales en medio de la creciente indignación por la muerte a tiros de Alex Pretti, enfermera de la UCI de 37 años, por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza.
Su liderazgo en medidas represivas federales muy visibles, incluidas operaciones que provocaron manifestaciones masivas en Los Ángeles, Chicago, Charlotte y Minneapolis, ha generado feroces críticas de funcionarios locales, defensores de los derechos civiles y demócratas del Congreso.
Las críticas en torno a Bovino han aumentado en los últimos días después de su defensa pública del tiroteo de Pretti y de las controvertidas afirmaciones sobre el enfrentamiento que condujo a su muerte.
