No pasa un día sin que la presidenta tenga que multiplicarse para salir al paso de situaciones -algunas evitables- que la obligan a ponerle el pecho a las balas de la crítica, incluso en temas que en sentido estricto ni le corresponden ni es directamente responsable.
El círculo cercano de la presidenta está actuando bajo una permanente presión tanto del gobierno de EEUU como por situaciones que algunos de sus allegados o compañeros de viaje en su administración parecen empeñados en provocar. Apenas está transitando por el inicio de su segundo año de gobierno y a la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas ya comienzan a notársele los estragos de esas intensas presiones.
Tuvo que salir a justificar el millonario gasto de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en un desplante de desprendimiento presupuestal se compraron las ya famosas camionetas ‘machuchonas’, Grand Cherokee blindadas. La presidenta informó que de acuerdo a una tarjeta que le pasaron los ministros, con esa compra se habían ahorrado una buena cantidad de recursos que utilizaban en la renta de vehículos. El ‘tarjetazo’ resultó fallido y los propios ministros tuvieron que recular argumentando cualquier cantidad de cosas para convencer a la opinión pública de que su compromiso con la austeridad republicana es genuino.
Las ‘machuchonas’ tendrán que ser reasignadas a jueces que verdaderamente se encuentren, motivado por su trabajo, en peligro de sufrir una agresión. Pero el daño reputacional ya estaba hecho. Ya nomás era cuestión de tiempo para que se filtraran los datos de otra adquisición aparentemente innecesaria: togas de más de 20 mil pesos, y eso que el ministro presidente inició su gestión negándose a portar esa prensa, argumentando que era un símbolo de poder y de alejamiento del pueblo. Ya encarrerados hasta les sacaron el dato del millonario gasto que se hizo para un ritual indígena de purificación ofrecido en un culto a Quetzalcóatl que costó 1.2 millones de pesos.
Inevitablemente esos temas le caen encima a la presidenta, porque erosionan la narrativa trasformadora sobre austeridad, humildad, honestidad valiente y todos esos conceptos contenidos en la llamada Cartilla Moral publicada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, como un manual de conducta para sus prosélitos que, a las claras, no parecen acordarse mucho de ese documento.
No es el único tema. En los últimos días han escalado las versiones de que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila está en la mira del gobierno de EEUU, que el año pasado le retiró la visa y la orilló a vender una lujosa residencia en San Diego, California.
A Marina del Pilar la investigan por la relación con su ex esposo, Carlos Torres, presuntamente involucrado en una red criminal dedicada al huachicol, el tráfico de armas y droga y al lavado de dinero. Cuando la presión arreció, la gobernadora anunció su divorcio y alegó que no estaba enterada de las actividades de su marido, algo que no convenció a nadie, y después tuvo que admitir que el señor Torres sí está siendo investigado por la FGR.
A la gobernadora cachanilla se le está viniendo el mundo encima, y este fin de semana será anfitriona nada más y nada menos que de la mismísima presidenta de la República, que por cierto también visitará Sonora en esos días. Se presume que la jefa de la nación irá a darle un espaldarazo a la mandataria estatal, lo cual sería una jugada muy arriesgada considerando las investigaciones que hay sobre todo en EEUU, que provocaron el retiro de sus visas a la pareja Ávila-Torres.
Ya lo hicieron una vez con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuando Sheinbaum acompañó a AMLO en largas giras por los estados del país, cuando ella era presidenta electa y el tabasqueño perfilaba su retiro a ‘La Chingada’, como se llama su rancho de Palenque.
En aquella ocasión, ambos le levantaron los brazos a Rocha Moya, que inexplicablemente para muchos, sigue gobernando Sinaloa en medio de fuego cruzado de una guerra entre las facciones del Cártel del Pacífico, que ha dejado un saldo inenarrable de asesinatos, secuestros, levantones, asaltos, robos y desapariciones.
El domingo por la tarde, un comando armado irrumpió en un partido de futbol que recién finalizaba en Salamanca, Guanajuato. Allí acribillaron a la pequeña multitud reunida para el evento futbolero, dejando sobre el campo a once personas asesinadas y diez más lesionadas.
La autoridad local ya salió a declarar que se trató de un enfrentamiento entre células criminales pertenecientes al Cártel Santa Rosa de Lima y el Jalisco Nueva Generación. Más aún: incluso revelaron los nombres de sus jefes, sus alias y sus zonas de operación, así como su condición de ‘objetivos prioritarios’. Por lo visto las autoridades saben todo sobre esos ‘angelitos’, pero no van tras ellos, hasta que incendian de nuevo la pradera con una masacre como esta.
En este espacio se han reconocido las acciones que el gobierno de Sheinbaum lleva a cabo en materia de combate al crimen organizado, así como la cooperación con EEUU para limpiar la casa, pero apenas la presidenta está levantando la copa para brindar por un nuevo decomiso, alguna captura, o varios envíos de criminales a cárceles norteamericanas, cuando por donde menos se espera ruge la metralla y los malosos dejan un reguero de muertos y heridos, en una orgía de sangre que solo alimenta la narrativa de un cebado presidente gringo al que se le queman las habas para aventarse un ‘caracazo’ en México.
Y eso sería muy lamentable, no por los ‘levantones’ que pudieran realizar en nuestro país, sino sobre todo por lo que implica en términos de soberanía, Los gringos no vienen por los ‘mañosos’ sino a sentar sus reales en lo que siguen considerando su patrio trasero. Dios guarde.
II
Ayer continuaron las audiencias de los implicados en el caso Waldo’s, una terrible explosión en una tienda comercial del centro de Hermosillo de la que resultaron 24 personas muertas y otras 15, heridas. No hay hasta el momento, nadie en la cárcel, porque el juez que conoce de la causa determinó la vinculación a proceso de siete personas, pero todas ellas enfrentan el juicio en libertad, previo pago de una fianza y de otras medidas cautelares.
Hasta hoy es una persona moral (representante del establecimiento siniestrado) y seis servidores públicos municipales y estatales quienes enfrentan cargos de homicidio, lesiones, daños y aborto (en la conflagración falleció una mujer embarazada junto con el bebé que llevaba en el vientre); todos esos delitos son a título culposo y en algunos casos enfrentan cargos por incumplimiento de un deber legal y uso de documentos falsos.
La Fiscalía continuó presentando pruebas periciales, testimoniales y documentales para acreditar la probable responsabilidad de los implicados, pero el juez determinó que seguirán sus procesos bajo medidas cautelares en libertad, obligados a presentarse a firmar periódicamente, exhibir una garantía económica y a mantenerse en el estado; solo al representante legal de la empresa se le impuso la prisión preventiva, pero no pudo ejecutarse al contar con un amparo.
Dos personas involucradas no fueron vinculadas a proceso por el juez, y la Fiscalía anunció que apelará esa decisión.
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