Puede entenderse que la presidenta Claudia Sheinbaum salga en defensa de personas y acciones vinculadas al movimiento que ella encabeza. Una de las grandes ventajas que ofrece el espacio diario de “la mañanera”, es la posibilidad de parar los incesantes golpes, calumnias y exageraciones vertidas en medios y redes sociales por críticos y adversarios.
Pero es una defensa que entraña un costo. Así como se gana cada vez que logra disipar un infundio que amenaza con tomar vuelo, también se pierde cuando el manto protector se utiliza con demasiada frecuencia, en automático y en casos cuestionables. Deja un mal sabor, por ejemplo, la reacción inmediata en favor de la embajadora mexicana en Reino Unido, Josefa González-Blanco, quien ha sido objeto de denuncias por parte del personal a su cargo y de auditorías de las propias autoridades. Frente a la divulgación de estos hechos, la Presidenta argumentó el “buen papel” de González-Blanco y descartó las críticas aduciendo que los reportes datan del sexenio anterior. Sin embargo, el diario El País publicó este lunes que la propia embajadora confirmó la existencia de una auditoría y una investigación actualmente en curso. Hace apenas seis meses el Órgano Interno de Control en la SRE fiscalizó presuntas faltas administrativas, irregular uso de recursos humanos y prepotencia de la titular, que darían cuenta de que las arbitrariedades de González-Blanco coinciden con los duros testimonios de empleados que sirvieron a sus órdenes.
No quedan claras las razones de la Presidenta para sentirse en la necesidad de proteger la imagen de esta funcionaria. Cabe la posibilidad de que desconozcamos la existencia de otros méritos durante su labor en Londres que justifiquen el buen papel que le atribuye Sheinbaum. Lo que sí se conoce es que ya había sido protegida por Andrés Manuel López Obrador en 2019, cuando debió renunciar como titular de la Secretaría del Medio Ambiente, luego del escándalo generado por haber retrasado más de media hora la salida de un avión comercial, para poder abordarlo. Josefina González-Blanco Ortiz-Mena es hija de Patricio González Blanco, exsecretario de Gobernación de Salinas de Gortari y exgobernador de Chiapas con quien López Obrador quedó en buenos términos. La argucia de cambiar nombre para utilizar apellidos dobles para usufructuar la influencia de un antecesor, ofrece un atisbo de la actitud de alguien capaz de usar su puesto para obtener ventajas personales, sea en una embajada o en un aeropuerto. La procedencia de Doña Josefina, su trayectoria y, sobre todo, su ánimo prepotente (“si te digo que te hinques, te hincas” afirma una de las 16 denuncias formales presentadas por empleados de la embajada), contrastan con las banderas que enarbola el movimiento o el estilo responsable y moderado de la Presidenta. Un enigma entender la disposición de Sheinbaum para apresurarse a defender a alguien cuyo paso por la 4T fue desafortunado, por decir lo menos. Una erosión de imagen innecesaria.
Tampoco era necesario designar a Francisco Garduño Yáñez, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, como nuevo director general de Centros de Formación para el Trabajo de la SEP, para luego verse obligada a defenderlo contra las inevitables críticas. Se trata de un caso muy distinto al señalado arriba. Garduño es un funcionario profesional y miembro de Morena desde la primera hora. La polémica deriva de haber sido el titular del organismo cuando sucedió el incendio de una estación migratoria que ocasionó la muerte de 40 personas en 2023. Opinión pública y medios atribuyeron la tragedia a los métodos severos y los ahorros excesivos impuestos por Garduño, quien había sido previamente el comisionado de las prisiones federales. Estuvo sujeto a proceso durante dos años tras los cuales quedó exento de sanciones. En Palacio Nacional se le tiene por un funcionario eficaz. Incluso durante este primer año de gobierno, sin responsabilidad oficial, se afirma que ha ayudado a resolver varias dificultades gracias a sus conocimientos en este campo y a las valiosas relaciones que entabló con autoridades estadunidenses equivalentes. Sin embargo, el peso de la tragedia lo habría tenido que hacer inelegible para otra responsabilidad, por respeto a las víctimas. Atribuible a él o no, sucedió en su turno. Por razones similares, Morena ha exigido cárcel a los responsables últimos de instituciones que han sufrido siniestros. Por lo demás, Garduño es un hombre de 76 años, lleva casi medio siglo en la administración pública y seguramente habrá acumulado el patrimonio suficiente para no necesitar estar en nómina para vivir el resto de sus días. ¿Qué necesidad había de nombrarlo para una tarea en la que, además, no es experto y luego tener que defenderlo?
No coincido con las muchas voces que sostienen que Claudia Sheinbaum debe comenzar a dar campanazos mediáticos con la detención de los llamados peces gordos entre sus propias filas, para mostrar que su gobierno está dispuesto a combatir la corrupción. Ya en otros sexenios hemos visto que por sí mismo eso no asegura nada. Mucho más importante son los pasos que está dando para la modernización y digitalización de la administración pública; un proceso que atiende las verdaderas raíces del problema. La mejor estrategia contra la corrupción no se centra en la persecución de culpables, que por supuesto habrá que emprender, sino en el diseño de sistemas encaminados a disminuir y dificultar las posibilidades de delinquir.
Pero dicho lo anterior, habría que partir del hecho de que existe una bien ganada reputación de impunidad entre la clase política, de la cual tampoco Morena ha podido desprenderse. Hay que estar conscientes de que se genera un daño a la credibilidad cada vez que la Presidenta usa su imagen y capital político para defender a una figura relacionada con el movimiento que ha sido cuestionada.
Existe la sensación de que en el sexenio anterior, la lealtad política pesó en el ánimo de Palacio frente a la presencia de irregularidades entre algunos colaboradores. El caso del titular de Segalmex resultó emblemático. Entendiendo que no hay que ceder a la presión que exige sacrificios públicos y linchamientos morales, tampoco urge usar el prestigio personal ni comprometer sus responsabilidades como Presidenta quien debe garantizar la aplicación de la ley sin importar la casaca política. Un difícil equilibrio que habría que recalcular.
