Dossier Politico
La política sonorense tiene una memoria corta, pero los expedientes judiciales suelen tener una persistencia incómoda. Desde una celda en el CERESO 1 de Hermosillo, José Víctor Guerrero González, exsecretario de Educación y Cultura, ha lanzado una misiva que no solo es un alegato de defensa, sino una advertencia de doble filo para la actual administración estatal.
El núcleo de la defensa de Guerrero es sencillo pero contundente: no se puede robar lo que no es público. Si, como afirma el exfuncionario, el dinero del “Plan de Beneficios Múltiples” proviene exclusivamente de las retenciones de nómina de los maestros de la Sección 54 del SNTE, estamos ante recursos privados. Si el dinero es privado, el delito de peculado —que por definición requiere la distracción de fondos del erario— se desmorona por su propio peso.
Sin embargo, lo que eleva esta carta de un trámite legal a una bomba política es el señalamiento de la continuidad. Guerrero sostiene que el esquema que hoy lo tiene tras las rejas se sigue aplicando hoy mismo bajo el nombre de “Plan de Beneficios Laborales”.
El peligro de sentar precedentes
La Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS) se encuentra en una encrucijada técnica. Si insiste en que esos fondos son públicos para sostener la acusación contra la administración anterior, por pura lógica jurídica, tendría que abrir expedientes contra los actuales titulares de la SEC y de Hacienda.
Lo más grave de la denuncia de Guerrero no es solo la supuesta “criminalización” de un fideicomiso que data de 1986, sino el destino de los fondos actuales. Según el exsecretario, el Gobierno actual no usa un fideicomiso, sino una cuenta de pavimentación e infraestructura para triangular estos pagos. De ser cierto, la actual administración no solo estaría replicando el modelo, sino que lo estaría haciendo con una desprolijidad administrativa que roza el desvío de recursos.
¿Justicia o revancha?
Resulta paradójico que Guerrero González fuera quien inicialmente denunció a la empresa Consulta Actuarios S.C. por irregularidades. Que el denunciante termine como imputado mientras la demanda civil contra la empresa se congela en los archivos de la Fiscalía, deja un sabor amargo a justicia selectiva.
La justicia no debe ser un garrote que se usa solo contra el pasado mientras se ignora el presente. Si la tesis de la Fiscalía es correcta y esos fondos son públicos, la vara debe medir a todos por igual. Si la tesis es errónea y el dinero es de los trabajadores, la libertad de Guerrero debería ser inmediata.
Lo que está en juego no es solo la carrera de un exfuncionario, sino la credibilidad de las instituciones de justicia en Sonora. El “bumerán” que lanzó Guerrero está en el aire; habrá que ver a quién golpea cuando regrese.
