Redacción / La Jornada
La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señaló que la divulgación de los datos fiscales y los ingresos de sus colaboradores, realizada en la conferencia matutina de hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador, “viola el derecho a la protección de datos personales” de sus donantes, proveedores y personal, y constituye un “abuso de poder”.
En un comunicado de 11 puntos dado a conocer hoy, en respuesta a las declaraciones del jefe del Ejecutivo y del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, MCCI subrayó que dar a conocer información fiscal de los contribuyentes “no sólo es un abuso de poder, sino una violación al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación”.
Lo anterior, porque las autoridades hacendarias “tienen la obligación de ‘guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes’. Revelar la información de nuestra organización busca amedrentar a todas las personas que donan, colaboran o trabajan en MCCI”.
De igual manera, la organización señaló que “es falso que no transparente sus finanzas”, pues “como toda donataria autorizada, está obligada a presentar todos los años su declaración de transparencia de acuerdo a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, su Reglamento y la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Esta declaración incluye el detalle de los asociados, cuerpo de gobierno, activos, pasivos, patrimonio, ingresos y la fuente de los mismos donativos”.
Por otro lado, MCCI dijo que su trabajo “ha estado apegado a su objeto social. De ello dan cuenta más de mil 200 publicaciones que evidencian la corrupción y la impunidad en nuestro país. También ha cumplido con el objetivo de proponer alternativas de solución a estos dos problemas y de fomentar el Estado de derecho”.
De igual forma, puntualizó que “no sirve a intereses de particulares ni a gobiernos extranjeros”; que desde el año 2016 cuenta con la autorización del SAT para recibir donativos nacionales y extranjeros en estricto apego a la ley, y “nunca ha recibido recursos públicos porque sus estatutos lo prohíben”.
Además, la organización recalcó que “el financiamiento de USAID (Agencia de EU para el Desarrollo Internacional) al que el presidente ha hecho referencia en múltiples ocasiones y que concluyó en 2023, ha sido destinado en su totalidad a las tareas de investigación y divulgación que constan en el acta constitutiva de MCCI.
“La recepción de recursos por parte de instituciones de cooperación internacional no vulnera de ninguna manera la soberanía nacional ni las leyes. Por el contrario, y en este caso particular, responde al capítulo 27 del T-MEC, que establece que deben tomarse medidas para promover la participación activa de ‘la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y organizaciones comunitarias para prevenir y combatir la corrupción’”.
Luego de afirmar que “nunca ha llevado a cabo ninguna actividad político-partidista ni, mucho menos, ideado, participado o hecho eco de campañas de desprestigio en contra del presidente o partido político alguno”, MCCI enfatizó que “cuestionar al gobierno en sus políticas públicas, documentar la corrupción, vigilar el uso de los recursos públicos, exhibir la falta de transparencia, exigir que el gobierno garantice los derechos de las personas y que cumpla con sus obligaciones, lejos de ser un delito, es una obligación de la sociedad”.
El organismo aclaró que “Claudio X. González dejó la organización en junio de 2020, que no participa de forma alguna en la asociación y que, desde luego, no es su apoderado legal.
Estos ataques son un intento deliberado por silenciar a la sociedad civil crítica, por limitar la labor periodística, de investigación y comunicación independientes y por estrangular financieramente a nuestra institución”.
No se dio nombre de ningún contribuyente: Pablo Gómez
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aclaró, respecto a lo señalado por MCCI, que en la conferencia matutina de este miércoles no se dio a conocer ningún nombre de contribuyente, y aclaró que previamente, la organización no informó que recibía recursos del extranjero.
“No se está dando a conocer nada de los contribuyentes, se dieron a conocer los nombres y las cantidades de personas que aportan a una organización no gubernamental y que se dice que tiene fines no lucrativos… no di ningún dato de ningún dato de ningún causante”.
“Ellos (MCCI) nunca dijeron al país que se financiaban con recursos del extranjero, nunca lo dijeron, primero surgió la denuncia de un periódico mexicano y ellos no respondieron a eso, sobre de donde recibían dinero y en que lo estaban utilizando”, dijo en una entrevista radiofónica.
Cuando una organización sin fines de lucro está autorizada para recibir donaciones del extranjero, debe de pagar un impuesto al Servicio de Administración Tributaria (SAT), indicó a este medio Rolando Silva, vicepresidente de fiscal por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).
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