Ciudad de México, 10 de diciembre de 2025. Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) y el Centro Mexicano para la Defensa del Medio Ambiente (DAN) presentaron dos demandas de amparo indirecto ante el Poder Judicial Federal contra la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Presidencia de la República, por omisiones en la protección del derecho al medio ambiente sano y en el cumplimiento del derecho de petición.
Las acciones judiciales surgen tras la falta de respuesta congruente, completa y fundada a una solicitud formal presentada en julio de 2025 por ambas y otras organizaciones, así como comunidades pesqueras, prestadoras de servicios turísticos, amas de casa y académicas, en la que exigieron al Gobierno de México adoptar medidas urgentes para prevenir los impactos ambientales de cuatro megaproyectos de Gas Fósil Licuado (GFL) en el Golfo de California y sus zonas terrestres asociadas.
Entre las medidas solicitadas destacan:
– La realización de una Evaluación Ambiental Estratégica del Golfo de California y sus áreas terrestres asociadas;
– El establecimiento de una moratoria a nuevos proyectos de gas fósil en la región;
– Y la revocación de autorizaciones ambientales otorgadas a proyectos que amenazan la biodiversidad y las comunidades costeras.
Los proyectos señalados incluyen el Gasoducto Sierra Madre (Frontera–Puerto Libertad), la Terminal GNL de Sonora (Saguaro Energía), el Gasoducto Corredor Norte y la Terminal Marítima Vista Pacífico LNG en Topolobampo, Sinaloa. Estos desarrollos —vinculados a la expansión de infraestructura de gas fósil— podrían generar impactos acumulativos, sinérgicos y transfronterizos de gran escala sobre el ecosistema marino del Golfo, reconocido internacionalmente por su riqueza biológica.
“El Estado mexicano está incumpliendo su deber de actuar con debida diligencia para prevenir daños ambientales graves. No basta con decir que los proyectos ‘están en evaluación’. Se requieren medidas integrales y una visión estratégica y preventiva para proteger un ecosistema vital y el derecho de las comunidades a un ambiente sano”, señaló Alejandra Ancheita, directora ejecutiva de ProDESC.
Por su parte, José Fernando Ochoa, director del DAN, subrayó que “la demanda busca que las autoridades respondan con base en evidencia científica y obligaciones internacionales, como las derivadas del Acuerdo de Escazú, que reconoce el derecho de las organizaciones y comunidades a participar en decisiones que afecten el medio ambiente”.
Los amparos, que ya fueron admitidos, también denuncian la violación al derecho de acceso a la información ambiental, ya que la ASEA no proporcionó información clara ni completa sobre el estado real de las autorizaciones otorgadas, mientras que SEMARNAT no informó sobre las acciones preventivas adoptadas frente a los proyectos de gas fósil.
Con esta demanda, ProDESC y DAN buscan sentar un precedente que obligue al Estado mexicano a cumplir con sus compromisos internacionales en materia de transparencia y protección ambiental, así como a garantizar la evaluación integral de los impactos acumulativos de la infraestructura energética en el Golfo de California, particularmente frente al contexto de la urgente crisis climática.
“Defender el Golfo de California es defender la vida, la cultura y la soberanía ambiental de México. No puede haber desarrollo sostenible si seguimos apostando por combustibles fósiles que ponen en riesgo nuestros ecosistemas más valiosos”, concluyó Ancheita.
De forma paralela, junto con otras organizaciones está en curso una campaña para defender el Golfo de California en redes sociales y en la plataforma Change.org que hasta la fecha ha sumado alrededor de 25 mil firmas. Se puede consultar la petición en: https://bit.ly/C-GolfoCalifornia
