Ernesto “N”, exsecretario de Educación en Sonora, enfrentará proceso penal por peculado. Se le acusa de suscribir contratos que permitieron la distracción de 287 millones de pesos destinados al pago de impuestos (ISR), operados mediante un fideicomiso irregular tras su salida de la dependencia.
Hermosillo, Sonora. – La Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS) logró la vinculación a proceso de Ernesto “N”, ex titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), tras presentar pruebas que lo implican en una red de desvío de recursos públicos que asciende a más de 287 millones de pesos.
En una audiencia de continuación celebrada el pasado 12 de diciembre, un Juez de Control determinó que existen elementos suficientes para procesar al exfuncionario por el delito de peculado. Según la indagatoria, la responsabilidad de Ernesto “N” radica en la firma de contratos durante su gestión que sirvieron como andamiaje para la distracción de fondos estatales.
El “Plan de Beneficios”: El esquema del desvío
La imputación detalla que los recursos, originalmente etiquetados para el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), fueron desviados a partir de noviembre de 2018 —fecha en la que el imputado ya no ocupaba el cargo— a través de un esquema denominado “Plan de Beneficios Múltiples”.
Este mecanismo operaba mediante un fideicomiso que carecía de autorización fiscal. Bajo esta figura, se distrajeron montos millonarios de la partida de nómina estatal, contando con la presunta complicidad de otros servidores públicos y particulares.
Fe de Erratas: Precisión sobre la temporalidad
Cabe destacar que la Fiscalía General de Justicia del Estado emitió una aclaración técnica sobre el caso. Si bien Ernesto “N” es señalado por suscribir los contratos originales que permitieron el movimiento del dinero, el desvío material de los 287 millones de pesos se ejecutó una vez que este había dejado la titularidad de la SEC.
Próximos pasos legales
La autoridad judicial otorgó un periodo de tres meses para la investigación complementaria. Este plazo concluirá el 13 de marzo de 2026, tiempo en el cual la Fiscalía buscará robustecer las pruebas para deslindar responsabilidades definitivas.
Por el momento, el exfuncionario permanece vinculado al proceso mientras se determina la participación de los demás involucrados en este quebranto al erario sonorense.
