Es difícil creer a ojos cerrados en la parafernalia cultural y las efervescencias de eventos, ferias y festivales; todo eso, desde los municipios, ha propiciado espacios de ambigüedad y complicidades malsanas, en donde se mueven los más grandes bulos en todo lo referente al pensamiento y visión del desarrollo cultural.
Existe una nula voluntad de diseñar políticas culturales locales que atiendan programas que fomenten e impulsen el desarrollo, atendiendo las dimensiones culturales, y por supuesto, se trabaje en la planeación estratégica para activar a las comunidades para el consumo cultural como parte de la vida cotidiana.
La cultura se ha concebido desde la administración pública y la institucionalidad de la gestión cultural en una inercia de circo, maroma y teatro, vivimos en tierra de ciegos, donde cualquier tuerto es rey. Existe una carencia de perfiles mediadores y facilitadores profesionalizados de los procesos, cualquier funcionario de tal o cual dependencia municipal, resulta ser promotor, gestor cultural y hasta curadores de arte para la toma de decisiones en el acontecer de la acción cultural, en donde resulta una triste y abominable actitud o postura desde los gobiernos municipales que, al mismo tiempo, deriva en paupérrimos resultados que nada abonan al desarrollo cultural municipal.
La realidad, desde lo local, es que existe el mínimo interés para legislar en beneficio del desarrollo cultural. Para lograrlo, en principio, es necesario que los ayuntamientos (presidente municipal y miembros del cabildo) expidan ordenanzas y reglamentos propios que aborden la identificación, registro y acciones de protección, preservación y difusión del patrimonio cultural, histórico y natural, la promoción y apoyo a artistas locales y destinar o gestionar recursos de mantenimiento, y en su caso, invertir en la construcción de infraestructura cultural municipal, con lo que se demuestre que además de la atención al esparcimiento, recreación y diversión, el gobierno piensa en la transformación del pensamiento mediante los beneficios que la cultura aporta en la convivencia social.
Esto implica, además, que exista una dependencia del gobierno municipal en materia cultural, que permita establecer obligaciones para sus autoridades y generar mecanismos de coordinación con otros niveles de gobierno para cumplir con los derechos que los pobladores tienen constitucionalmente consignados en la Ley General de Cultura y Derechos Culturales.
La escasa legislación en materia de cultura, la falta de políticas culturales en el estado y municipio, son consecuencia de la poca participación que los ayuntamientos tienen en esta materia y que no son considerados para hacer más activo este nivel de gobierno que indudablemente por la cercanía que guarda con la comunidad y sus diferentes sectores, pudiera ser el factor más importante y fundamental de la legislación existente.
Lamentablemente la misma Constitución Política en nuestro país, deja fuera al municipio y no le ha permitido, por lo menos, tener un acercamiento más directo a la normatividad existente dentro del ámbito cultural.
Si bien es cierto que las atribuciones de los gobiernos estatales en la planeación y ejecución de programas con recursos compartidos entre la federación se han incrementado, no sucede lo mismo con el municipio que sigue relegado en la toma de decisiones. Luego entonces, que podemos esperar dentro del ámbito de la legislación en el verdadero federalismo, cuando el municipio carece de mayores atribuciones para la conservación, salvaguarda y difusión de su patrimonio cultural, entendiendo éste, como el bien cultural que, por su significación e importancia para su comunidad, le es de su propiedad.
Para todo ello, se requiere la generación de políticas culturales destinadas a la mejora de las condiciones de vida y la creación de las herramientas culturales, para que las personas mismas se establezcan como las creadoras de sus propias condiciones y del éxito de su futuro a corto, mediano y largo plazo.
