La ONU envió una comunicación oficial al Gobierno de México cuestionando la legalidad y el impacto climático y de derechos humanos de cuatro terminales de gas fósil licuado (GFL) y dos gasoductos en el Golfo de California. El organismo advierte que los megaproyectos en Sonora y Sinaloa ponen al país en riesgo de incumplir el Acuerdo de París y otras obligaciones internacionales, al tiempo que pide revocar autorizaciones y garantizar el consentimiento comunitario.
Redacción
Ciudad de México, 02 de diciembre de 2025.– La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha encendido una alerta internacional al enviar una comunicación oficial al Gobierno de México en la que cuestiona de manera formal la legalidad, la viabilidad climática y la compatibilidad con los derechos humanos de los megaproyectos de gas fósil licuado (GFL) propuestos para instalarse en el Golfo de California.
La misiva, emitida por nueve relatorías especiales de la ONU, advierte que la instalación de cuatro terminales de GFL (Terminal GNL de Sonora -Saguaro Energía, Vista Pacífico, AMIGO LNG, GNL Cosalá) y dos gasoductos (Sierra Madre y Corredor Norte) podría convertir a México en el cuarto exportador mundial de GFL, pero a un costo inaceptable para la salud, los ecosistemas locales y los compromisos climáticos del país.
Incumplimiento del Acuerdo de París en Riesgo
La principal preocupación de la ONU radica en que el Estado mexicano “está en riesgo de incumplir el Acuerdo de París, el Acuerdo de Escazú y su propia Constitución” si permite que estos proyectos en Sonora y Sinaloa avancen sin evaluaciones ambientales completas, transparencia y participación de las comunidades afectadas.
Los relatores expresaron su “profunda preocupación” por las emisiones previstas de gases de efecto invernadero y el potencial daño ambiental y social que estas operaciones de la industria del GNL/GFL pueden ocasionar en la región, incluyendo impactos negativos en los derechos a la alimentación, a la salud y a un ambiente limpio de quienes habitan el conocido “Acuario del mundo”.
El Origen de la Alerta y la Responsabilidad del Estado
La comunicación de la ONU es resultado de una solicitud enviada en diciembre de 2024 por 25 miembros de comunidades y organizaciones civiles mexicanas, quienes pidieron la intervención de las Relatoras Especiales para frenar la expansión fósil.
La ONU también ha enviado misivas similares a las empresas extranjeras (originarias de Estados Unidos y Singapur) involucradas en los proyectos. Con este escrutinio internacional formal, el organismo subraya que cualquier decisión que autorice el avance de estos megaproyectos será considerada una “responsabilidad directa del Estado mexicano”.
Las organizaciones firmantes del boletín instaron a la Presidenta Constitucional, Claudia Sheinbaum; a la Secretaria de Medio Ambiente (SEMARNAT), Alicia Bárcena, y al director de la ASEA, Armando Ocampo Zambrano, a:
- Revocar todas las autorizaciones otorgadas de manera irregular.
- Suspender inmediatamente los procesos de evaluación ambiental.
- Detener la expansión fósil y alinearse a la transición energética justa.
- Garantizar el consentimiento libre, previo e informado de pueblos indígenas y comunidades.
Las organizaciones enfatizan que ignorar este llamado supondría “un costo político, ambiental y ético irreparable” para el país.
