Entre enero y octubre, la Secretaría de Hacienda reportó un gasto de 1.287 billones de pesos en pensiones contributivas del IMSS, ISSSTE y otros sistemas.
Uno de los desafíos más graves que enfrentará México en los próximos años es el crecimiento explosivo del gasto en pensiones. No se trata de una alarma tecnocrática ni de un debate meramente académico: es la variable que hoy está asfixiando al presupuesto y amenaza con dominar por completo la política fiscal del país.
Conviene decirlo sin rodeos: ya no hay margen para un solo compromiso adicional —como la exigencia de la CNTE de abrogar la Ley del ISSSTE vigente—, y lo más alarmante es que tampoco existe claridad sobre cómo pagaremos los compromisos actuales sin detonar una crisis fiscal.
Los datos son contundentes. Entre enero y octubre, la Secretaría de Hacienda reportó un gasto de 1.287 billones de pesos en pensiones contributivas del IMSS, ISSSTE y otros sistemas. Esta cifra representa un incremento del 7.5% real, equivalente al 24.5% del gasto programable y, más impactante aún, al 95% de toda la nómina pública. A principios de siglo, esa proporción era apenas del 17.6%; la curva no solo se inclina, se empina como un muro infranqueable.
Si la tendencia continúa, al cierre de la administración se pagarán 2.2 billones de pesos solo en pensiones contributivas, lo que equivale a un tercio del gasto programable y supera la nómina total de los trabajadores del sector público. Este cálculo, además, no incorpora la pensión universal para adultos mayores, que añadirá una presión extra de alrededor de 700 mil millones de pesos anuales. El efecto combinado de ambas obligaciones es imposible de ignorar.
Diversos centros de análisis han dimensionado la magnitud del desafío. México Evalúa estima que, para 2026, las pensiones —contributivas y no contributivas— alcanzarán el 6% del PIB, prácticamente el doble que en 2018, absorbiendo el 27% de los ingresos propios del gobierno. Para entonces, tres de cada cuatro pesos estarán comprometidos en pensiones, deuda y transferencias a estados. Así no se construye política pública; simplemente se administra la inercia.
El CIEP ofrece otro ángulo brutal: en 2025, el gasto en pensiones equivaldrá a toda la recaudación por IVA e IEPS juntos. Es decir, todos los impuestos al consumo del país se destinarán a pagar pensiones, dejando rubros esenciales —salud, educación, seguridad e infraestructura— dependientes de ingresos adicionales o de mayor endeudamiento. El CEFP confirma esta rigidez, señalando que el 20% del gasto programable está legalmente blindado para este fin , mientras que el IMCO sintetiza la situación con una imagen que debería sacudirnos: solo cuatro de cada diez pesos quedan disponibles para la operación del Estado mexicano.
Pretender ampliar prestaciones especiales en este contexto equivale a exigir más agua de un pozo seco.
El problema trasciende lo contable; es profundamente político. En los últimos años se han multiplicado los beneficios sin construir las fuentes de financiamiento necesarias. Se prometieron derechos asumiendo una demografía neutral y un crecimiento económico ideal que no se materializó. El resultado es un sistema donde el gasto en pensiones crece al 7% mientras la economía apenas rebasa el cero y la inversión pública retrocede para cuadrar el presupuesto.
La combinación de informalidad, envejecimiento acelerado y bajo crecimiento está empujando a México hacia una zona de alto riesgo. No es sostenible mantener un esquema de expansión política sin financiamiento suficiente. Por ello, el debate urgente no es cómo ampliar beneficios, sino cómo financiar los existentes.
La respuesta implica decisiones impopulares: rediseñar el sistema, revisar parámetros y discutir nuevas fuentes de ingresos. México debe decidir si continúa alimentando un sistema que devora el presupuesto en detrimento de servicios básicos, o si está dispuesto a revisar a fondo un modelo insostenible.
No hay margen para la ambigüedad: o corregimos a tiempo, o el país se encamina a una crisis fiscal ineludible. Llegado ese momento, la pregunta ya no será qué nuevos derechos ampliar, sino qué parte del Estado deberemos desmontar para cumplir con las obligaciones contraídas.
Ese es el debate real que ya no podemos posponer.
