El organismo internacional cuestiona permisos, procesos técnicos y participación comunitaria. Las relatorías exigen detalles sobre impactos climáticos, métodos de evaluación y zonas afectadas
Redacción / El Sol De Sinaloa
Culiacán, Sin.— La Organización de las Naciones Unidas (ONU) envió una comunicación oficial al Gobierno de México en la que expresa una preocupación profunda por la posible instalación de terminales de gas fósil licuado (GFL) y gasoductos en el Golfo de California, alertando que estos proyectos podrían generar violaciones a derechos humanos, daños ambientales severos y un retroceso significativo en los compromisos climáticos del país.
La carta, firmada por nueve relatorías y grupos de trabajo especializados, analiza los riesgos de las terminales Saguaro Energía, Vista Pacífico, AMIGO LNG y GNL Cosalá, además de los gasoductos Sierra Madre y Corredor Norte, cuya operación conjunta colocaría a México como uno de los principales exportadores de GFL del mundo, pero con un costo elevado para comunidades y ecosistemas de la región.
La ONU advierte que las Manifestaciones de Impacto Ambiental de estos proyectos carecen de rigor y omiten análisis esenciales sobre efectos acumulativos, variación climática, riesgos tóxicos y consecuencias para la pesca, el turismo y la biodiversidad.
La ausencia de estos elementos implica un incumplimiento directo de las obligaciones nacionales e internacionales de México, que exigen evaluaciones preventivas, completas y basadas en evidencia científica, sobre todo en una región considerada ecológicamente frágil.
Otro de los señalamientos centrales tiene que ver con la incompatibilidad de estos megaproyectos con el Acuerdo de París y lo acordado en la COP28. Las emisiones proyectadas de dióxido de carbono (CO₂) y las fugas de metano asociadas a la operación de buques metaneros colocarían al país fuera de ruta respecto a sus metas de reducción de gases de efecto invernadero, además de comprometer la credibilidad climática del Estado.
La ONU subraya que, en lugar de reducir su dependencia de combustibles fósiles, México estaría apostando por infraestructura que bloquearía su transición energética durante décadas.
Opacidad, falta de participación y ausencia de consulta a comunidades
La comunicación internacional también destaca la falta de transparencia por parte del Gobierno mexicano, que no ha hecho públicos los mapas, coordenadas ni ubicaciones exactas de las plantas y gasoductos. Esta opacidad, señala la ONU, impide que las comunidades potencialmente afectadas y especialistas independientes evalúen con precisión los riesgos asociados.
Al mismo tiempo, contraviene el Acuerdo de Escazú, que garantiza el derecho a acceder a información ambiental y a participar en decisiones que puedan afectar territorios y modos de vida.
La ONU también advierte que el Estado no ha realizado procesos de consulta previa, libre e informada con pueblos indígenas y comunidades rurales de Sonora y Sinaloa. Esta omisión podría derivar en violaciones graves a derechos sobre territorios ancestrales, pesca tradicional, actividades productivas y patrimonio cultural.
La zona del Golfo de California, además, alberga 12 Áreas Naturales Protegidas y 33 sitios Ramsar, que podrían enfrentar impactos severos relacionados con contaminación del agua, alteración de cadenas tróficas, ruido submarino que afecta a cetáceos y riesgos operativos derivados de instalaciones industriales sin infraestructura de mitigación adecuada.
En este contexto, la extensión y sensibilidad ecológica del propio Golfo resulta un punto clave. El Golfo de California —que se extiende entre la península de Baja California y los estados de Sonora y Sinaloa— tiene una longitud total de 1,126 kilómetros. Aunque no existe una cifra oficial única sobre cuántos kilómetros del litoral sinaloense corresponden estrictamente al Golfo, se confirma que una parte significativa de su costa forma parte de este mar compartido también con Nayarit.
Esta falta de precisión estadística contrasta con la magnitud del riesgo ambiental señalado por la ONU, pues incluso sin un número exacto, la vulnerabilidad del territorio y de sus comunidades está plenamente documentada.
Los efectos, advierte el organismo, recaerían principalmente en grupos vulnerables: pueblos indígenas, comunidades pesqueras, niñas y niños. En este sentido, la ONU retoma antecedentes recientes que muestran cómo la exposición a contaminantes industriales y la degradación ambiental en territorios costeros afectan de manera desproporcionada a quienes dependen directamente de los ecosistemas para su subsistencia.
Llamado urgente a México y posibles implicaciones internacionales
La preocupación internacional se originó en diciembre de 2024, cuando 25 habitantes del Golfo de California y organizaciones civiles solicitaron la intervención de las relatorías de la ONU para frenar la expansión fósil en la zona conocida como el “Acuario del Mundo”. Tras evaluar la solicitud, el 2 de septiembre de 2025 la ONU emitió la comunicación oficial dirigida al Gobierno mexicano, así como a las empresas involucradas y a los gobiernos de Estados Unidos y Singapur, países de origen de los inversionistas. Con ello, México quedó bajo un escrutinio internacional formal, lo que significa que cualquier avance, retroceso o autorización futura será observado y atribuido a la responsabilidad directa del Estado.
Las organizaciones comunitarias y ambientales han exhortado a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la titular de la SEMARNAT, Alicia Bárcena, y al director de ASEA, Armando Ocampo Zambrano, a emprender acciones inmediatas, entre ellas la revocación de autorizaciones irregulares, la suspensión de evaluaciones ambientales deficientes y la detención de la expansión fósil en la región. También insisten en la necesidad de garantizar el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades y de cumplir cabalmente con los tratados internacionales en materia ambiental y de derechos humanos.
La ONU concluye que México tiene una oportunidad real de corregir el rumbo y demostrar coherencia con su política climática; sin embargo, advierte que ignorar el llamado implicaría un costo político, ambiental y ético difícil de revertir. Para las comunidades del Golfo de California, la decisión que tome el Gobierno en los próximos meses será determinante para el futuro de su territorio, su salud y sus formas de vida.
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- Caminantes del Desierto A.C.
- Centro de Derechos Humanos de los pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño
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- Red de Observadores Ciudadanos A.C. (ROC)
- Salvemos los cerros de Chihuahua
- Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo
- Wildlands Network México
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