El crimen en América Latina, no opera por individuos, sino por redes. Cuando una organización cae, la que llega a ocupar su lugar no empieza desde cero: hereda rutas, contactos, mercados y funcionarios dispuestos a negociar
Carlos Pérez R.
En lo profundo de la Amazonia, donde el mapa se disuelve en una franja verde, un grupo de hombres excava la tierra lodosa en busca de oro. No hay épica. Solo generadores viejos, plásticos, tiendas de acampar, gasolina robada y un barro espeso que les cubre la piel hasta volverla costra.
Un dron artesanal vigila el campamento; más arriba, una avioneta traza un círculo perfecto sobre el río; y a pocos kilómetros, en un embarcadero improvisado, un intermediario espera la carga que, esa misma noche, viajará hacia una planta de fundición legal en otro país, donde nadie preguntará por su origen.
Ninguno de los hombres de la excavación conoce al piloto de la avioneta. El piloto no conoce al intermediario del puerto. Este no conocerá jamás al comprador final, seguramente alguien “decente”: una mujer a punto de casarse, un joven simpatiquísimo.
Todos, sin embargo, forman parte del mismo engranaje: una economía ilegal que conecta una selva remota con mercados globales.
Es oro, pero podría ser fentanilo, mercurio, caoba o aletas de tiburón.
Es el Amazonas, pero podría ser el Putumayo, Culiacán o cualquier barrio popular en Centroamérica.
Es jueves, pero podría ser martes o sábado. Siempre es algún día.
La escena cambia. La lógica permanece.
El espejismo del final
La escena amazónica parece única, pero en América Latina lo único es, casi siempre, lo habitual. Aun así, repetimos la misma pregunta desde hace décadas: ¿por qué no hemos terminado con el crimen organizado?
La pregunta ya viene torcida: supone que existe un final, que basta capturar al narco correcto o ejecutar el operativo adecuado para que todo termine.
La realidad es menos cinematográfica.
Ningún país ha “acabado” con la organización del crimen. Estados Unidos no acabó con la mafia; Italia no terminó con la Ndrangheta; Japón convive con sus propias organizaciones desde hace más de un siglo.
Lo que algunos países han logrado —con resultados desiguales— es acotar su radio de acción, frenar la captura de instituciones, evitar que controlen territorios y limitar la violencia con la que imponen sus reglas.
Aquí solemos mirar distinto. Preferimos seguir el rastro del rostro más buscado, del decomiso espectacular. Al hacerlo, convertimos el crimen organizado en una secuencia de episodios, en una galería de protagonistas.
En nuestra visión, la estructura desaparece detrás del personaje.
Nos hemos equivocado. El crimen en América Latina, no opera por individuos, sino por redes. Cuando una organización cae, la que llega a ocupar su lugar no empieza desde cero: hereda rutas, contactos, mercados y funcionarios dispuestos a negociar. Por eso persiste.
No por fatalismo —ojalá fuera tan sencillo— ni por falta de voluntad —la coartada de siempre—: es la región misma la que proporciona el escenario perfecto para que estas estructuras permanezcan, cambien de forma y regresen.
A esas condiciones —las llamaré motores— conviene mirarlas de frente.
Primer motor: los mercados ilegales transnacionales
El crimen organizado persiste, ante todo, porque tiene mercados.
Y esos mercados —drogas sintéticas, cocaína, oro, madera, gasolina robada, tráfico de fauna— dependen de una economía global que los vuelve extraordinariamente rentables.
La demanda mueve todo: más del 80 % del fentanilo que se consume en Estados Unidos es producido o traficado desde México; Europa consume cocaína procesada en la región andina; y en y en países como Perú, Bolivia o Venezuela, buena parte del oro que se exporta tiene origen ilícito.
Los márgenes explican la persistencia. Un kilo de cocaína que cuesta menos de 2.000 dólares en los Andes puede venderse por 30.000 en El Paso. Fraccionado al menudeo en Nueva York, su valor puede superar los 100.000 dólares. Una tonelada de madera fina extraída ilegalmente puede multiplicar su valor al llegar a puertos asiáticos.
Por eso las organizaciones no desaparecen; se reemplazan. La que cae deja un hueco y alguien lo ocupa con rapidez. Los mercados no esperan.
Y, además, está, por supuesto, la diversificación. Las organizaciones han aprendido a mutar. Si se presiona la cocaína, saltan al oro. Si se vigilan las rutas de madera, pasan a extorsionar aguacateros. Si se controla el tráfico de fauna, buscan minerales.
Los mercados están conectados, y cerrar uno desplaza la actividad al siguiente. Mientras existan estos incentivos globales, habrá actores disputando su control.
Segundo motor: Estados locales frágiles
El crimen organizado prospera donde el Estado se vuelve poroso.
América Latina carga con una paradoja conocida y tercamente arraigada: Estados nacionales capaces de proyectar poder hacia afuera conviven con instituciones locales demasiado débiles para sostener lo cotidiano.
En la última encuesta regional del BID, el 54 % de los hogares latinoamericanos reporta la presencia de grupos criminales en su barrio, y el 14 % reconoce que esos mismos grupos regulan, de algún modo, la seguridad o los servicios básicos. Para millones de personas, la autoridad inmediata no es la que figura en el organigrama, sino la que aparece cuando se necesita resolver algo hoy, no mañana. A ese fenómeno, los académicos lo conocen como “gobernanza criminal”.
Es en ese terreno donde el crimen organizado se instala. Una vez ahí, se vuelve parte del paisaje, esa zona gris donde el Estado pierde nitidez y otros actores ocupan su lugar.
Tercer motor: desigualdad y reclutamiento constante
En More Money, More Crime (Oxford University Press, 2018), el sociólogo Marcelo Bergman formuló una tesis que contraría el sentido común: cuando las economías crecen sin instituciones capaces de regular mercados y corregir desigualdades, la riqueza no pacifica; abre espacio para más crimen.
En contextos frágiles, más recursos no significan más bienestar, sino más oportunidades para las economías ilegales y, con ellas, una demanda incesante de mano de obra.
Ahí está el punto ciego del debate público: las organizaciones criminales nunca se quedan sin gente. Según la OIT, cerca del 20% de los jóvenes de América Latina no estudia ni trabaja. Son caldo de cultivo, cantera interminable del crimen.
Para muchos, ser halcón, mensajero, cobrador o transportista no es un desvío trágico, sino una opción disponible. La vida legal es lenta; la criminal, en cambio, ofrece ingresos inmediatos, pertenencia y una forma de ascenso social que las instituciones formales no siempre garantizan.
Por eso las organizaciones no se agotan: los reemplazos tampoco.
Cuarto motor: el río de acero
A todo esto, se suma un factor que distorsiona por completo la ecuación latinoamericana: el flujo incesante de armas que baja desde Estados Unidos. No hay otra región que reciba tal volumen de armas legales que se vuelven ilegales tan rápido.
¿Cuántas? No hay respuesta precisa. Las cifras más conservadoras apuntan a 135.000 al año: 400 al día, una insistencia cotidiana de acero que atraviesa la frontera.
En México, siete de cada diez homicidios se cometen con armas fabricadas al norte del río Bravo; en algunas islas del Caribe, la proporción supera el 90%. El resto ni siquiera aparece en las estadísticas: cruza la frontera en piezas, escondida entre llantas o electrodomésticos, y termina en manos de grupos que, de un día para otro, pasan de pistolas viejas a rifles de asalto.
Ese río de acero transforma todo. Facilita la fragmentación —cualquier célula puede armarse—, multiplica la potencia de fuego y abarata la entrada al crimen organizado: la violencia deja de ser un recurso escaso.
Las armas no explican el fenómeno, pero lo aceleran. Aceleran la disputa por territorios, las escisiones internas y el poder intimidatorio.
En gran parte de la región, el mercado ilegal de armas es el motor central que permite que incluso grupos pequeños —antes manejables— actúen como ejércitos locales.
El crimen organizado como sistema
Conviene, antes de cerrar, abandonar la imagen del crimen organizado como un conjunto de organizaciones con biografía y final. No funciona así.
Lo que persiste en América Latina no son los nombres —es la arquitectura.
Las organizaciones aparecen y desaparecen, pero la estructura que les da sentido permanece. Son ecosistema; no organigrama.
Por eso resultan engañosas las metáforas del “golpe” o la “desarticulación”. La región asiste una y otra vez a la misma dinámica: se mueven los actores, no el escenario.
Los mercados siguen ahí; las armas siguen llegando; las desigualdades producen nuevos reclutas; los gobiernos locales continúan expuestos.
Lo que llamamos crimen organizado es, en realidad, una forma de organización social que se adapta a la oferta y la demanda, a la política y a la geografía, y que sobrevive a todos sus protagonistas.
No es un actor que derrotar. Es un sistema que comprender en toda su complejidad. Y eso —mucho que duela— cambia por completo la pregunta, y el tipo de respuestas que la región necesita.
