La ‘migra’ convoca a contratistas para que ubiquen paquetes de 50 mil indocumentados. Compañías de mercenarios disputan un presupuesto de 180 millones de dólares
MILENIO
El gobierno de Donald Trump busca cazarrecompensas para alcanzar la meta de deportar a un millón de migrantes por año. Hace unos días, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) abrió una convocatoria pública por “necesidad inmediata” de “servicios de rastreo de personas”, en la que invertirá 180 millones de dólares.
En una investigación, MILENIO identificó que tras el emplazamiento, los contratistas privados empezaron a publicar, en plataformas como Linkedin, solicitudes de personal que ofrecen pagar 300 dólares por cada “sospechoso” localizado.
Aumentan esfuerzos para “cazar” a migrantes
Aunque de momento el ICE no pide abiertamente la intervención directa en arrestos, ya hay denuncias de que esta modalidad ha sido utilizada por firmas de seguridad privada como G4S/Allied Universal, que tiene contratos millonarios para transportar detenidos, pero cuyo personal ha participado en operaciones de captura, lo cual está prohibido por las leyes federales.
Esto se suma al reclutamiento apresurado de diez mil agentes por parte del ICE y tres mil más para la Patrulla Fronteriza, como reportó MILENIO el 8 de octubre, bajo una dispensa de requisitos que reduce la calificación profesional de los agentes y favorece abusos de los derechos de las personas.
Desde principios de año, miles de videos en redes sociales documentan persecuciones, golpizas y detenciones que ejecutan hombres encapuchados que no se identifican ni son capaces de responder a cuestionamientos sobre la autoridad con la que actúan.
Esto continúa la tendencia a privatizar el cerco a los indocumentados, lo que el Brennan Center for Justice llama el “complejo de deportación-industrial” (deportation-industrial complex), como eco del complejo militar-industrial denunciado por el ex presidente Dwight Eisenhower en su discurso de despedida en 1961.
Eisenhower advertía de los efectos nocivos del vínculo entre las empresas armamentistas y los órganos gubernamentales de defensa.
Es precisamente lo que parece estar en marcha, una gigantesca transferencia de recursos hacia empresas privadas dedicadas, en este caso, a la cacería de personas: si sólo se considera el presupuesto anual para la detención de inmigrantes, ya es 62 por ciento mayor que el de todo el sistema penitenciario federal.
Asimismo, mientras que menos del diez por ciento de la población carcelaria total de Estados Unidos estaba recluida en prisiones privadas en enero de este año, en el caso de los migrantes el dato ascendía al 86 por ciento, según el Migration Policy Institute.
Contratistas privados sí están arrestando
El 27 de enero de 2025, Martin Alvarado, quien se presentó con tapabocas y un gorro negro como cazarrecompensas del “escuadrón Tacoma”, declaró en una conferencia de prensa en Sunnyside, Washington:
El “ICE nos va a contratar y nos darán entre mil 500 y mil dólares por cada indocumentado. ¿Cómo van a impedir que entremos si no tenemos que preocuparnos por órdenes judiciales, no tenemos que cumplir muchas leyes?, y si el ICE nos designa como agentes, ¿podemos hacer prácticamente lo que queramos?”.
Para Alvarado, todo era ventaja: “Mil dólares por ‘irregular’ es un precio bastante bueno sólo por hacer cosas que en realidad disfrutas. ¿Cómo van a… qué van a hacer para detener eso? ¿Nos van a pagar más? ¿Nos van a pagar dos mil dólares para que los dejemos en paz?”.
Aunque no hay convocatorias públicas del ICE para detener personas, la intensa actividad de encapuchados en la persecución de migrantes ha dado lugar a numerosas denuncias y acusaciones de que son cazarrecompensas.
Hay temores justificados de que estos actos efectivamente se han incrementado por casos como el de la multinacional G4S/Ally Universal, cuyo personal es contratado para transportar detenidos, pero que excede esas atribuciones para ser visto realizando capturas.
Organizaciones como la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglos en inglés) denuncian que tales acciones son —ahí sí— ilegales, porque la legislación federal “prohíbe al ICE utilizar seguridad privada para realizar arrestos migratorios, un hecho que los funcionarios de inmigración han ignorado deliberadamente”.
Subsidiaria de Allied Universal —la compañía más grande del mundo en materia de seguridad privada—, G4S Secure Solutions proporciona guardias a las cárceles israelíes y a las compañías petroleras en Medio Oriente, trabajo que le ha dado la reputación de “empresa mercenaria global”.
La historia de esta firma, con sede en Londres, no es reciente en Estados Unidos. De hecho, se ha involucrado en deportaciones, al menos desde 2006. Entre 2008 y junio de 2023, los contratos de la compañía con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y el ICE ascendieron a poco más de mil millones de dólares, brindándoles servicios de transporte y de guardias.
En febrero de 2025, el ICE adjudicó un “contrato de entrega indefinida” por un año a G4S Secure Solutions (USA) Inc, que por un valor que puede llegar hasta los 453 millones de dólares, da “servicios de transporte terrestre”.
El acuerdo indica que 23.4 millones de dólares ya estaban comprometidos, con una tasa de consumo (‘burn rate’) del cinco por ciento, lo que significa que la agencia ya había empezado a utilizar el contrato para los traslados diarios de detenidos. La vaguedad de la descripción del servicio “transporte”, permite que se interprete como la recogida de personas en juzgados, cárceles o incluso en espacios públicos.
La intervención de personal de G4S ha sido puesto en evidencia por la prensa numerosas veces. Por ejemplo, en mayo, agentes del ICE vestidos de civil, acompañados por personal de G4S, detuvieron a cuatro solicitantes de asilo dentro de la sala de un tribunal en San Francisco, en un operativo con vehículos sin placas ni distintivos, informó el diario San Francisco Standard.
Esto a pesar de que en 2022, a raíz del caso Solano vs. ICE, una demanda promovida por ACLU a partir de que personal de G4S “encadenó y arrestó” a nombre del ICE a Gabriela Solano, una residente permanente regular y sobreviviente de violencia doméstica, un juez federal prohibió explícitamente a contratistas como G4S realizar prácticas similares a las de un arresto en cárceles de California.
El plan de mercenarios y la respuesta del ICE
Solo días después de la toma de posesión de Donald Trump en febrero, Erik Prince, quien fue presidente de Blackwater, empresa de mercenarios famosa por matanzas y violaciones de derechos humanos cometidas en Irak, presentó junto con otros contratistas militares una propuesta a la Casa Blanca para deportar a 12 millones de personas antes de noviembre de 2026.
Ya que “es improbable que el gobierno pueda aumentar sus efectivos internos para satisfacer esta demanda”, ofrecieron una red de “campos de procesamiento” en bases militares, una flota privada de 100 aviones y un “programa de recompensas que ofrece una bonificación en efectivo por cada extranjero irregular detenido por un agente de la ley estatal o local”.
Meses después, en octubre, el ICE publicó una solicitud de información a las compañías interesadas en una potencial oportunidad de contrato en el futuro, pues estaba “explorando una estructura de precios basada en incentivos” para fomentar resultados rápidos, con “bonificaciones monetarias” pagadas en función del desempeño.
La fecha límite de entrega era el 5 de noviembre. Una semana después, el ICE publicó una convocatoria que cerró el día 21, en la que indica que dispone de un presupuesto de hasta 180 millones de dólares para que compañías privadas realicen lo que llama “investigación de ubicación ampliada” de un millón y medio de hogares con “recopilación de fotos y documentos que verifiquen la residencia del extranjero y/o lugar de empleo”.
Cada proveedor recibirá un lote de 50 mil personas que deberá rastrear.
Incentivos perversos para capturar gente
El uso de cazarrecompensas y empresas de mercenarios en funciones de seguridad civil genera alarma.
“Los contratistas privados están buscando la manera de obtener una parte de este dinero”, declaró el ex director del ICE, John Sandweg, al medio Politico.
“La idea de que pudiéramos tener un grupo privado de cazarrecompensas saliendo a las calles y arrestando migrantes es aterradora y, obviamente, sería completamente ilegal”.
Por su parte, el demócrata Raja Krishnamoorthi, miembro de la Cámara de Representantes por el estado de Illinois, advirtió que recurrir a lo que llamó “la caza de recompensas” es la externalización (outsourcing) de “uno de los poderes más coercitivos del gobierno a actores que operan con escasa supervisión y escasa rendición de cuentas pública”.
En carta a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, señaló que “estos contratistas no están sujetos al mismo escrutinio, disciplina ni transparencia que restringe a los agentes federales, y confiarles facultades de investigación y vigilancia corre el riesgo de crear un aparato de cumplimiento que funciona más allá del control y equilibrio ordinarios”.
“Una vez que el Estado comienza a privatizar las funciones de la policía, propicia los mismos abusos, el secretismo y la corrupción que nuestros fundadores intentaron prevenir”.
El engranaje, en cualquier caso, sigue su marcha. El 18 de noviembre, el portal especializado 404 Media reportó que a través de la plataforma LinkedIn se están difundiendo directamente solicitudes para ex agentes de la ley, personal militar o personas con poca experiencia (por ejemplo, dos años en el Ejército), sin necesidad de licencia de investigador privado.
Las tareas que deberán realizar incluyen vigilancia física, como la observación de residencias o lugares de trabajo, y el envío de fotos con fecha y hora, utilizando datos proporcionados por el gobierno, como registros de servicios públicos.
Les ofrecen 300 dólares por cada verificación exitosa, con ganancias potenciales de hasta 30 mil dólares durante un período piloto de 90 días. Se proporcionan vehículos para el trabajo. Se advierte a los candidatos sobre los peligros.
Uno de ellos declaró: “Cuanto más lo escucho, más siento que algo no suena bien”.
ENLACE: https://www.milenio.com/internacional/ice-busca-cazarrecompensas-para-alcanzar-meta-de-deportacion
