Las sanciones económicas por el tráfico de totoaba, según el dictamen, podrían llegar hasta 12 mil días de multa
Ivone Melgar / EXCELSIOR
Por unanimidad y con penas que los coordinadores de las seis bancadas propusieron endurecer todavía más, la Cámara de Diputados aprobó una reforma contra el tráfico de totoaba y delitos diversos que dañan los recursos naturales.
Con 460 votos a favor, los legisladores de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC celebraron la actualización de diversas disposiciones del Código Federal Penal en materia de medio ambiente, la cual fue enviada a los senadores para continuar con el proceso parlamentario.
Las sanciones económicas por el tráfico de totoaba, según el dictamen, podrían llegar hasta 12 mil días de multa, buscando así frenar lo que se reconoce como “una de las cadenas criminales más dañinas para el ecosistema del Golfo de California”.
Destacado fue el pronunciamiento en torno a los 20 años de prisión que tendrían los autores intelectuales y empresariales que tiren sellos en áreas catalogadas como nacionales protegidas.
El quebrantamiento de sellos ha sido uno de los delitos más burlados en nuestro país. Hoy solo se castiga con jornadas de trabajo comunitario. Esto es completamente irrisorio e insuficiente”, expuso el diputado Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Justicia.
Con la reforma, la pena pasa de seis meses a dos años de prisión para quienes quebranten o vulneren las funciones de los sellos. “Y se tipifica como delito continuar la actividad ilegal, aunque los sellos permanezcan intactos, atendiendo la jurisprudencia de la Suprema Corte. Además, se incluye a las personas jurídicas, es decir, las empresas, como penalmente responsables”, enfatizó el legislador.
Al presentar la reserva avalada por los jefes de los seis grupos parlamentarios en San Lázaro, el diputado Ricardo Monreal, al frente de Morena y de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), argumentó que México debía actualizar su marco jurídico en correspondencia con la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres que se firmó en 1991.
El ajuste de los coordinadores fue presentado en la ronda de la discusión en lo particular, “para hacer más duras, más rígidas, las sanciones contra todo aquel talador, contra todo aquel que está violando, destruyendo, todos los bosques de nuestro país”.
Argumentó Monreal que, en 2020, se talaron ilegalmente casi 130 mil hectáreas en un solo año.
La diputada Xóchitl Zagal (PRI) dijo que con la reforma se aumentan las penas y multas por tala ilegal, desmonte y cambio de uso de suelo, especialmente cuando el daño ocurre en áreas naturales protegidas. “Se sanciona con mayor severidad a quienes transportan, comercializan o almacenan madera ilegal no solo a quienes talan, sino a toda la cadena que lucra con los recursos forestales extraídos de manera ilícita”, detalló la priista.
La reforma establece que se impondrá pena de 2 a 10 años de presión y de mil a 5 mil días de multa al que realice actividades de ocupación, invasión o cambio de uso de suelo en cualquier tipo de terreno forestal.
Indica el proyecto de decreto que la pena será de 6 a 20 años de prisión y de 6 mil a diez mil días multa para el caso en que las conductas antes referidas afecten un Área Natural Protegida.
La reserva de los coordinadores prevé que, cuando las citadas conductas se realicen empleando armas de fuego o por cualquier otro medio violento en contra de las personas o para obtener un lucro o beneficio económico, la prisión aumentará hasta en 15 años de prisión y 8 mil días multa.
Esa pena aumentará hasta en 20 años de cárcel y a hasta 10 mil días de multa para el caso en que esos delitos antes afecten un Área Natural Protegida.
