El Gobierno federal investigó el contrabando de tabaco desde Estados Unidos por parte de trabajadores de la petrolera.
Juan Hernández
Aún décadas antes de que el huachicol fiscal se convirtiera en un problema en las finanzas públicas, buques e instalaciones de Pemex ya eran utilizadas con fines criminales.
A finales de la década de los 40 y principios de la década de 1950, mientras el mundo se recuperaba de la guerra contra las potencias del Eje, el Gobierno mexicano investigó como los buques de la paraestatal eran utilizados para traficar cigarros desde Estados Unidos.
De acuerdo al expediente 19-10-49 de la extinta Dirección Federal de Seguridad, antigua agencia de inteligencia del Estado mexicano, en 1951 se halló un esquema por parte de trabajadores Pemex para traficar tabaco originario de la Unión Americana en territorio nacional.
El mecanismo era el siguiente: en el puerto de Brownsville, Texas, buques de la petrolera mexicana adquirían cigarrillos a precios especiales, con la finalidad de revenderlos posteriormente en la República mexicana.
Décadas después, con venia de altos funcionarios federales y la Marina, se utiliza un esquema similar para adquirir combustible desde Estados Unidos, haciéndolo pasar por aditivos o aceites, con la finalidad de pagar menos impuestos y luego revenderlo en el país.
Ese esquema es conocido como huachicol fiscal, que ha provocado al Gobierno pérdidas de hasta 200 mil millones de pesos anuales.
¿Qué es el huachicol fiscal?
El huachicol fiscal es una modalidad de contrabando de combustibles en la que se importa ilegalmente diésel o gasolina a México, evadiendo los impuestos correspondientes (como el IEPS y el IVA).
A diferencia del huachicol tradicional, que implica el robo físico de combustible de los ductos de Pemex, el fiscal se basa en declaraciones aduaneras falsas, clasificando el combustible como lubricantes, aditivos o residuos para evitar pagar los impuestos que aplican para gasolina o diésel.
Este delito representa un daño muy severo para las finanzas públicas. Se estima que entre 2018 y 2024 dejó una evasión fiscal de más de 809 mil millones de pesos, según PETROIntelligence.
Además, las redes que lo operan suelen involucrar corrupción en aduanas, complicidad institucional y empresas fachada para dar apariencia legal al combustible importado ilegalmente.
