En medio del vendaval que desató la crisis en Michoacán, una curiosa tendencia se ha apoderado de la conversación pública: los actores políticos y mediáticos del país han redoblado esfuerzos por referirse al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, como “Batman”.
A primera vista, las alusiones parecen inocentes, incluso juguetonas, pero detrás de ese gesto se oculta una señal inquietante: a los ojos de la prensa y de buena parte de la ciudadanía, Harfuch se está convirtiendo en el único símbolo de la lucha contra la delincuencia, el héroe solitario al que se le ha encomendado el destino de la nación.
Esta narrativa de Batman es peligrosa, sobre todo para Harfuch.
Mitificarlo le impone la carga de pacificar el país y lo responsabiliza de la estrategia de seguridad completa. Todo a pesar de que, como todos sabemos, Omar no puede derrotar al crimen organizado por sí solo. No tiene las facultades. No hay Batman
La evidencia es clara en mostrar que, siempre que México ha logrado reducir la violencia, lo ha hecho, no por la valentía y capacidad de un solo individuo, sino por alineación de tres grupos de poder fáctico: los gobernadores, las fiscalías (que son autónomas a placer) y las policías (incluyendo, ahora, la guardia nacional).
Sin una alineación y coordinación estricta entre estas fuerzas, García Harfuch podrá ser el hombre más comprometido y capaz del país, pero no podrá dar resultados.
Es por ello que, entre más se juegue mediáticamente con la idea de Batman, más se debilita a Harfuch. No, no es verdad que basta con desplegar al Secretario de Seguridad en Sinaloa o Michoacán para que el problema de inseguridad se resuelva. Pavimentar ideas fantasiosas de responsables únicos es muy delicado y electoralmente contraproducente.
Una posible alternativa sería realizar un acuerdo nacional entre gobernadores en donde Sheinbaum los hiciera mediática y visiblemente responsables del problema de inseguridad de sus estados. Y en donde la presidenta los obligara a responder en tiempo real y en conferencias de prensa nacionales sobre sus esfuerzos para mejorar a las policías estatales, ordenar y profesionalizar a las fiscalías y sistemas penitenciarios. Es decir, transparentar y distribuir la responsabilidad.
Por supuesto que, para que los gobernadores puedan dar resultados, debe haber fondos federales, pero también presión para que los ejecutivos locales se encarguen de cobrar los impuestos que les toca. Por ejemplo, la tenencia (a la que la mayoría de los gobernadores han renunciado por motivos electorales) o el predial (que podría ser cobrado a nivel estatal en municipios donde no hay capacidad recaudatoria).
A la par en que se visibiliza la responsabilidad de los gobernadores, también se debe hacer lo mismo con la Fiscalía General de la República.
Es también tiempo de reconocer públicamente la debilidad del municipio y la imposibilidad de facto de los presidentes municipales de ciertas áreas del país por enfrentarse al crimen. Y con ello, es tiempo también de repensar el número de municipios y sus facultades. No se puede seguir depositando poder y recursos en unidades de gobierno mínimas que, por su propia debilidad, terminan siendo cooptados o asesinados por el crimen organizado.
Lo contenido en este texto es publicado por su autora en su carácter exclusivo como profesionista independiente y no refleja las opiniones, políticas o posiciones de otros cargos que desempeña.
