Esta hipótesis reaparece con fuerza como parte de un esfuerzo institucional por revisar la versión histórica y atender la demanda de la sociedad por una verdad más profunda, una de las piezas centrales en esta línea de investigación es Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del CISEN detenido recientemente en Tijuana…
Alejandro Matty Ortega
Ciudad de México.- El 23 de marzo de 1994, en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana, Baja California, se registró uno de los acontecimientos más trascendentes y oscuros de la política mexicana: el asesinato del sonorense y candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Donaldo Colosio Murrieta.
Durante tres décadas la tesis oficial apuntó a que Mario Aburto Martínez actuó en solitario; sin embargo, esa narrativa comienza a resquebrajarse.
La reciente detención o nuevo señalamiento de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), señalado desde hace casi treinta años como presunto segundo tirador, reabre interrogantes sobre el mecanismo, los actores, los posibles encubrimientos y el papel del propio Estado.
Este reportaje examina el contexto histórico, los hechos probados y los vacíos de la investigación; lo que representa esta nueva hipótesis y los desafíos que enfrenta la justicia y la memoria colectiva en México.
Y el corazón de Sonora y su gente.
Contexto político y social
Para entender el crimen, es indispensable remontarse al México de principios de los años 90.
El régimen del presidente Carlos Salinas de Gortari transitaba por un periodo de fuertes transformaciones: apertura económica, privatizaciones, estímulos a la inversión extranjera y, a la vez, crecientes tensiones sociales.
En el ámbito político, sobre todo en el PRI, se debatía la urgencia de renovación y legitimación, Colosio, sonorense de origen y bajo intensas expectativas de cambio, representaba ese rostro de “nuevo PRI”.
La candidatura de Colosio iba más allá de la lucha electoral: simbolizaba un intento de renovación, de oxigenar la tradición priista enfrentando demandas de ciudadanía, democracia y rendición de cuentas.
El escenario era propicio para conflictos de poder, intereses corporativos del Estado, servicios de inteligencia y redes político-criminales que operaban en las sombras.
En este contexto, la figura de Colosio se torna un eslabón clave: su muerte conmocionó al país y dejó sin resolver aspectos medulares del poder en el México de entonces.
La versión de “un solo tirador, Mario Aburto” calzó con la necesidad de conjurar el caos y preservar la estabilidad; pero siempre hubo fisuras que señalaban hacia algo más complejo.
La versión oficial de la PGR
El día del crimen, Colosio se reunió con simpatizantes en Lomas Taurinas.
Mientras saludaba a la gente, fue herido de gravedad y falleció poco después.
La entonces Procuraduría General de la República (PGR) consignó a Mario Aburto como autor material, y concluyó que actuó solo y esta versión operó como relato dominante durante décadas.
Sin embargo, desde el principio hubo testigos y evidencias que planteaban dudas: trayectorias de disparo, disparos simultáneos, ángulos difíciles, tiempo de reacción policial, versiones contradictorias de traslado y respuesta médica.
El expediente se volvió un mosaico de interrogantes: ¿Aburto actuó solo? ¿Por qué no se detuvieron otros posibles tiradores? ¿Qué papel jugó la inteligencia del Estado?
La narrativa de “tirador solitario” persistió, en buena medida, porque ofrecía una explicación sencilla al público y cohesionaba al régimen alrededor de una única figura culpable.
Pero con los años, el caso se convirtió también en símbolo de impunidad, de falta de resolución y de una sombra sobre cómo el poder mexicano gestiona sus crisis.
El segundo tirador
Hasta hace poco, la idea de un segundo tirador era relegada a teorías marginales; sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) ha señalado públicamente que la evidencia obtenida permite afirmar que existió un segundo tirador en el asesinato de Colosio.
Esta hipótesis reaparece con fuerza como parte de un esfuerzo por revisar la versión histórica y atender la demanda de la sociedad por una verdad más profunda y una de las piezas centrales en esta línea de investigación es Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del CISEN.
La FGR lo identifica como presunto segundo tirador, con base en distintas líneas de investigación: su presencia en el lugar del asesinato; manchas de sangre de la víctima en su chaqueta; resultado positivo de la prueba de rodizonato (que detecta residuos de disparo); y testigos que lo ubican en el momento de los disparos.
Según los informes, Sánchez Ortega fue detenido poco después de los hechos, pues llevaba una chamarra blanca con manchas de sangre y fue trasladado por agentes de la PGR a las oficinas correspondientes.
Sin embargo, fue liberado días después, presumiblemente por su calidad de agente del CISEN, lo que la FGR considera un acto de encubrimiento.
La nueva fase del caso plantea que el asesinato pudo ser un crimen de Estado, con intervención de elementos de inteligencia, negligencia y ocultamiento institucional.
Esto trastoca la narrativa tradicional y obliga a revisar quién disparó, quién permitió, encubrió o se benefició de ese crimen.
Jorge Antonio Sánchez Ortega
Según los datos públicos, Jorge Antonio Sánchez Ortega nació el 24 de abril de 1961 en El Rosario, Sinaloa; sus padres son Antonio Sánchez y Tomasa Ortega.
Formó parte del CISEN, asignado a la seguridad de Colosio en 1994, y años después fue ubicado en Coahuila en 2008.
Durante el atentado, la hipótesis indica que Sánchez estaba presente en el perímetro de protección.
En su declaración, habría atribuido las manchas de sangre en su chamarra al hecho de que ofreció trasladar el cuerpo de Colosio a una ambulancia.
Pero la FGR sostiene que esa versión no es creíble: la evidencia de rodizonato y de presencia de sangre de la víctima en su ropa, más testimonios que lo sitúan huyendo del lugar, lo contradicen.
En 2025 fue detenido nuevamente por la FGR en Tijuana, aunque hasta ahora no se ha precisado si la aprehensión está directamente vinculada al asesinato de Colosio o bien a otras averiguaciones pendientes.
Este dato abre un marco de incertidumbre: la investigación no está completada, la figura de Sánchez Ortega no es oficialmente sentenciada y el peso de la credibilidad recae en la capacidad de los órganos de procuración de justicia para sustentar una línea de imputación robusta.
La investigación
La FGR afirma que la ropa de Sánchez Ortega contenía el tipo de sangre de la víctima.
Prueba de rodizonato realizada al exagente resultó positiva, lo que sugiere que disparó un arma.
Testimonios que lo colocan en el lugar de los hechos, a escasos metros del primer disparo, y luego huyendo.
Documentación de la FGR que liga al CISEN y al exsubdirector operativo Genaro García Luna con la liberación de Sánchez Ortega.
No existe hasta ahora un video que capte el segundo disparo con claridad.
La grabación que se tiene muestra el primer disparo, pero no el ángulo que permitiría ver al presunto segundo tirador.
Aunque la FGR afirma tener acervo probatorio, la orden de aprehensión fue rechazada en una ocasión por un juez federal que la consideró carente de elementos suficientes.
El vínculo entre Sánchez Ortega y la cadena superior del poder aún no está públicamente probado en su totalidad.
¿Crimen de Estado?
La liberación original de Sánchez Ortega en 1994 y su conducta posterior generan muchas preguntas: ¿qué motivó su liberación inmediata aun con indicios? ¿Quién ordenó o permitió su salida?
La presunta intervención del Estado en el asesinato: ¿fue autoría institucional, encubrimiento o negligencia mayúscula?
Este punto transforma el caso de homicidio en un posible asunto de responsabilidad estatal, lo cual añade complejidad jurídica y política.
La nueva línea de investigación de la FGR tiene múltiples implicaciones:
Para la justicia y la memoria.
El caso Colosio ha sido en México un símbolo de impunidad.
La posibilidad de que el crimen haya involucrado a un segundo tirador -y quizás a actores institucionales- obliga a replantear la dimensión de la impunidad en el país.
También reabre la demanda histórica de la sociedad para conocer la verdad completa.
La participación (o al menos el posible encubrimiento) del CISEN y de figuras de inteligencia del Estado remite a un México donde los servicios de espionaje, el aparato de seguridad y el poder político operaban en un híbrido difícil de supervisar.
Que aquel entramado sea hoy motivo de investigación pública produce tensión en la forma de concebir el papel del Estado mexicano y sus servicios de seguridad.
El asesinato de Colosio marcó un antes y un después para el PRI, para la transición democrática y para la política mexicana en general.
Si la narrativa oficial ha sido incompleta, la revisión actual puede afectar cómo se recuerda ese momento, qué se exige del Estado y cómo se evalúan los partidos que dominaban entonces.
Recuperar la credibilidad exige señalar culpables y transparentar procesos.
Para la percepción ciudadana y la confianza en las instituciones, la reapertura del caso y el foco en la hipótesis del segundo tirador puede revitalizar la confianza en que la justicia puede alcanzar casos históricos.
Pero también puede generar desencanto si los procesos no avanzan o se consideran maquillados.
La clave estará en la transparencia del proceso y en el resultado.
El esclarecimiento
Han transcurrido más de 30 años desde los hechos.
Pruebas físicas, testimoniales e institucionales se han deteriorado, perdido o modificado.
Los actores clave han cambiado de contexto, algunos ya no están vivos y la memoria institucional es frágil.
Protección de intereses y secretos de Estado: La implicación del CISEN, de redes de seguridad y de posibles encubrimientos coloca en el centro la posibilidad de que información clasificada o desaparecida obstaculice la investigación.
Si hay documentos reservados o eliminados, el acceso a la verdad será limitado.
Coordinación judicial y carga probatoria: La FGR debe sustentar una acusación con solidez probatoria para que prospere; que haya indicios no es suficiente para condenar.
El proceso requerirá testigos confiables, análisis forenses que sobrevivan al tiempo, y mecanismos de judicialización que a menudo en México han sido lentos o incompletos.
Riesgo de politización: El caso Colosio trae consigo una carga simbólica y política muy fuerte.
Si la investigación es percibida como una maniobra política, su legitimidad puede verse afectada.
La independencia institucional será clave para que el proceso no termine convertida en retórica electoral.
Expectativas públicas y memoria histórica: La ciudadanía espera respuestas contundentes.
Pero el riesgo es que, si sólo se anuncian acciones sin ejecución real o veredicto, se profundice el desencanto.
A la vez, el rol de la prensa, de los historiadores y de la sociedad civil será esencial para conservar viva la exigencia de verdad.
La hipótesis del segundo tirador, la presencia de un agente del CISEN, la liberación inmediata de éste, el posible rescate por parte de un subdirector operativo del organismo de inteligencia y la negativa de un juez de librar la orden de captura -lo cual motivó la apelación de la FGR- favorecen una lectura: el asesinato de Colosio podría no haber sido un acto aislado, espontáneo o simplemente criminal, más bien parte de una decisión estructural que involucró servicios de inteligencia, el aparato del Estado y la propia maquinaria política del momento.
Esto no quiere decir que se tenga aún una sentencia firme en ese sentido.
Pero sí reabre el debate: ¿Qué intereses truncó Colosio? ¿Qué actores del poder se sintieron amenazados por él? ¿Por qué su protección ostentaba lagunas? ¿Y por qué un presunto segundo tirador fue liberado inmediatamente?
A la luz de estos planteamientos, el magnicidio de Colosio deja de verse como una tragedia aislada y se convierte en un símbolo de los retos de la democracia mexicana, de la transparencia institucional y de la rendición de cuentas.
La reflexión
Treinta y un años después del magnicidio, la realidad es que la versión oficial que existió ha perdido gran parte de su credibilidad ante la evidencia emergente.
La detención y el señalamiento de Jorge Antonio Sánchez Ortega como presunto segundo tirador marcan un hito: la posibilidad de revisar, el “quién”, el “cómo” y el “por qué”.
El camino hacia la verdad será arduo.
Exige valentía institucional, rigor forense, integridad judicial y la participación de la sociedad.
En el fondo, no se trata únicamente de castigar a un responsable, se trata de entender los mecanismos que permitieron que un candidato presidencial fuese asesinado en plena campaña y que durante décadas no se investigara a fondo.
Para México y en especial para los sonorenses, para la comunidad que vio nacer a Colosio, este caso es una prueba de la capacidad del Estado para reflexionar sobre sí mismo, asumir sus errores, reparar sus vacíos y coexistir con una memoria que no se olvida.
La justicia no puede ser una mercancía diferida indefinidamente.
Si existe un segundo tirador, existe una cadena de responsabilidades que merece ser expuesta.
Este reportaje, por supuesto, concluye con preguntas más que respuestas definitivas.
Queda la espera de lo que hará la FGR, de los tribunales federales, de los archivos que aún pueden abrirse y de los testimonios que puedan emerger.
Pero lo que está claro es que el caso Colosio entra ahora en una nueva etapa: una etapa en la que la verdad -aunque tardía- tiene una oportunidad y la historia, nos insta a no desaprovecharla para que la exigencia y el anhelo de justicia, no muera en México.
