Bajo el mando del alguacil Joe Arpaio, el condado de Maricopa fue uno de los primeros lugares de prueba del programa 287(g) de ICE, que permite a la policía local hacer cumplir las leyes de inmigración. Muchos residentes de Arizona dicen que los abusos de entonces tienen paralelos con lo que ocurre ahora bajo el gobierno de Trump.
Rafael Carranza / Arizona Luminaria
Manuel Nieto Jr. y su hermana acababan de detenerse en una gasolinera para comprar cigarrillos y Gatorade cuando él notó a un ayudante del alguacil de pie junto a dos hombres latinos que estaban sentados en el suelo.
Su vecindario, al norte de Phoenix, estaba en alerta. Los ayudantes del alguacil habían estado apuntando a los centros de jornaleros de la zona y realizando paradas de tráfico, arrestando a personas que no podían demostrar su estatus migratorio. Todos tenían algo en común: parecían latinos.
“No diga nada. Pídale un abogado”, gritó la hermana de Nieto, Velia Meraz, a los hombres detenidos, según el testimonio presentado en el tribunal.
El ayudante del alguacil les advirtió: “Tienen que irse de aquí, ahora”.
Nieto dio la vuelta a la esquina hacia el taller mecánico de su padre, mientras otro ayudante en motocicleta lo seguía con la sirena y las luces encendidas, y varias patrullas rodeaban el lugar. Los ayudantes se acercaron con las armas desenfundadas.
Nieto marcó al 911 para reportar que los oficiales lo estaban hostigando, declararía más tarde en el tribunal. Uno de ellos lo sacó del vehículo; otros lo tiraron al suelo y lo esposaron.
El padre de Nieto salió corriendo de su taller.
“Dejen ir a mis hijos”, dijo Manuel Nieto padre. “Son ciudadanos estadounidenses. ¿Qué hicieron mal?”.
La redada en la que fueron detenidos Nieto Jr. y Meraz hace 17 años se llevó a cabo bajo un programa federal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que otorga a la policía local la facultad de verificar el estatus migratorio durante paradas de tráfico y otros encuentros rutinarios. La Oficina del Alguacil del Condado de Maricopa, bajo el entonces alguacil Joe Arpaio, fue una de las primeras del país en implementar una fuerza de tarea bajo el programa 287(g) de ICE.
Desde que el presidente Donald Trump retomó el cargo en enero, escenas similares —en las que oficiales locales participan en arrestos migratorios agresivos— se han multiplicado, ya que ICE ha ampliado rápidamente el programa 287(g) para convertir a los agentes de policía locales en agentes de deportación de facto.
Pocos momentos después de que Manuel Nieto padre saliera furioso de su taller mecánico en el norte de Phoenix, los ayudantes del alguacil se marcharon sin arrestar ni citar a sus hijos. Pero Nieto Jr. y Meraz no dejaron el asunto ahí. Se unieron a otros tres residentes del condado para demandar a la oficina del alguacil, acusando a los agentes de apuntarlos únicamente por ser latinos.
Un juez federal coincidió en que las paradas de tráfico y redadas bajo la fuerza de tarea en vecindarios hispanos, centros de jornaleros y otros negocios habían violado los derechos civiles y constitucionales de los latinos. Incluso después del fallo, el juez determinó que Arpaio continuó deteniendo personas únicamente por sospechas de violaciones civiles de inmigración.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos también llevó a cabo una investigación de derechos civiles sobre las prácticas discriminatorias de la oficina del alguacil, y ICE puso fin al acuerdo 287(g) de Arpaio. En 2012, ICE suspendió todos los acuerdos de fuerza de tarea con la policía local a nivel nacional, y solo los reactivó cuando Trump inició su segundo mandato en enero.
Muchos arizonenses que vivieron la campaña en contra de los inmigrantes indocumentados impulsada por Arpaio bajo el programa 287(g) ven paralelismos entre lo que ocurrió en el condado de Maricopa y lo que ahora sucede en todo el país, a medida que más oficiales locales se unen a ICE. También prevén problemas costosos para las agencias locales que sigan el mismo camino, entre ellos la dificultad de recuperar la confianza de los residentes latinos cuyos derechos constitucionales son violados por los agentes locales.
La Casa Blanca y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no respondieron a las preguntas de Arizona Luminaria y ProPublica.
Arpaio dijo a Arizona Luminaria y ProPublica que se convirtió en blanco de persecución política por ayudar a hacer cumplir las leyes de inmigración, algo que consideraba parte de su trabajo.
“Lo haría de nuevo”, dijo Arpaio. “Le digo a todos: no hice nada malo. Tuve un tribunal federal que estaba sesgado en mi contra. ¿Y todo lo que pudieron conseguir fue acusarme de desacato al tribunal? Piénsalo”.
Mientras tanto, el condado de Maricopa continúa lidiando con las consecuencias de haber permitido que sus agentes actuaran como oficiales de inmigración.
En virtud de un acuerdo judicial, el tribunal impuso una supervisión amplia sobre la oficina del alguacil y designó a un monitor para vigilar su cumplimiento. Desde entonces, la agencia policial está obligada a documentar meticulosamente todas sus interacciones con el público. En los 12 años transcurridos desde entonces, el departamento aún no ha logrado convencer al juez de que sus agentes no practican perfilamiento racial contra conductores latinos ni de que investiga adecuadamente las denuncias de mala conducta.
Salvador Reza es un organizador comunitario de larga trayectoria que defiende los derechos de los jornaleros en Phoenix. Dijo que su trabajo lo puso en la mira de la aplicación de leyes migratorias de Arpaio, lo que llevó a su arresto por obstrucción durante una protesta. (El condado decidió no presentar cargos en su contra). Debido a lo ocurrido en el condado de Maricopa, Reza cree que los latinos —incluidos los de comunidades cuyas dependencias policiales se han aliado con ICE— tienen ahora más probabilidades de ser objeto de perfilamiento racial.
“En ese momento éramos un laboratorio”, dijo Reza. “Hicieron el experimento, y básicamente ahora lo están aplicando a nivel nacional”.
368 párrafos sobre las reformas necesarias
La demanda presentada por Nieto Jr., Meraz y otros residentes del condado llegó a conocerse como Melendres v. Arpaio, por Manuel de Jesús Melendres Ortega, un residente legal que fue arrestado durante una de las redadas de Arpaio.
Cuando el juez federal de distrito G. Murray Snow la certificó como una demanda colectiva en diciembre de 2011, señaló que el perfilamiento racial por parte de la oficina del alguacil había sido tan generalizado que podría haber violado los derechos constitucionales de cualquier persona latina en el condado de Maricopa, que representa un tercio de la población.
El acuerdo judicial incluye 368 párrafos que detallan las reformas requeridas. Estas van desde la creación de una política que prohíba el perfilamiento racial hasta el desarrollo de un sistema para recopilar datos sobre las detenciones de tráfico, con el fin de identificar disparidades en la raza de los conductores detenidos.
Para que se levante la supervisión judicial, la oficina del alguacil debe cumplir “plena y efectivamente” con las reformas de manera continua durante tres años. Según el monitor del caso, el departamento actualmente cumple con más del 90% de los requisitos, pero sigue fallando en las dos áreas que más afectan directamente a los conductores latinos: eliminar el sesgo racial en las detenciones de tráfico e investigar con rapidez las denuncias de mala conducta de los agentes.
Snow determinó que las detenciones que involucraban a conductores y pasajeros latinos se prolongaban “más allá del tiempo necesario para resolver el motivo que inicialmente justificó la parada”.
Ricardo Reyes dijo que soportó repetidamente detenciones de tráfico cuando era joven y crecía como latino en el vecindario de Maryvale, al oeste de Phoenix, donde tres cuartas partes de los residentes se identifican como latinos. Conducía un buen auto y cree que los agentes bajo el mando de Arpaio lo perfilaban racialmente.
“Me pedían mi licencia, se la llevaban y luego me decían: ‘Eres libre de irte’”, recordó Reyes, quien ahora lidera un grupo de defensa para veteranos militares. “¿Por qué me detenían? Nunca obtuve una respuesta”.
La orden del juez Snow exige que los agentes documenten 13 datos en cada interacción de tráfico, incluidos el momento en que comenzó y terminó la detención, el motivo de la parada, la raza percibida del conductor y si el agente preguntó o no por el estatus migratorio.
En una orden judicial preliminar, el juez Snow escribió que los ayudantes del alguacil, “incluidos los agentes asociados con las operaciones especiales, difundieron correos electrónicos que comparaban a los mexicanos con perros, se burlaban de acentos mexicanos estereotipados y retrataban a los mexicanos como borrachos”.
El juez señaló específicamente a dos de los agentes con los que Nieto Jr. y Meraz se encontraron en el norte de Phoenix por haber realizado arrestos basados en el origen étnico durante las operaciones del programa 287(g). Aproximadamente el 77% de todos los arrestos del primer agente, que los hermanos vieron en la gasolinera, correspondían a personas con apellidos hispanos, determinó el juez. El agente que detuvo a Nieto Jr. arrestó únicamente a personas latinas durante las operaciones en las que participó.
A Snow le preocupó aún más que Arpaio continuara realizando ese tipo de operaciones como política institucional incluso después de que ICE cancelara su acuerdo del programa 287(g) en 2009. En otras palabras, los ayudantes siguieron realizando arrestos migratorios sin la autoridad del gobierno federal. El juez señaló que eso violaba las protecciones constitucionales contra registros y detenciones irrazonables.
Después de que Arpaio desobedeciera la orden judicial y se negara a implementar muchas de las reformas, Snow emitió mandatos adicionales en 2016. También declaró a Arpaio y a tres de sus colaboradores en desacato civil y remitió a los cuatro a enfrentar cargos de desacato penal, un delito menor. Otro juez federal condenó únicamente a Arpaio por desacato penal en 2017 y estaba por sentenciarlo hasta seis meses de cárcel. Dos meses antes de la sentencia, Trump lo indultó. Sin embargo, los votantes ya lo habían sacado del cargo.
Sus sucesores han enfrentado la misma supervisión judicial y, según los informes del monitor, aún no han cumplido completamente con las órdenes del tribunal.
Kevin Johnson, autor y profesor de derecho migratorio en la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Davis, quien dirige el Immigration Professor’s Blog, señaló que los acuerdos relacionados con discriminación y violaciones de derechos civiles suelen tardar mucho en resolverse. Mencionó el acuerdo Flores, que lleva 28 años vigente y aún regula el trato que el gobierno federal da a los niños bajo custodia migratoria. “Puede haber quejas sobre la supervisión judicial, pero la carga recae en los líderes y las agencias para demostrar que ya no es necesaria”, afirmó.
En enero, el recién electo alguacil Jerry Sheridan, republicano y ex subjefe de Arpaio, heredó el acuerdo Melendres. Sostiene que el departamento ha avanzado lo suficiente como para poner fin a la supervisión del juez.
Snow reconoció recientemente en audiencia que Sheridan y la Oficina del Alguacil del Condado de Maricopa han logrado avances significativos. “Pero las áreas en las que no hay cumplimiento son áreas muy importantes”, dijo.
La oficina del alguacil analiza trimestralmente los datos de detenciones de tráfico para identificar a los agentes con disparidades notables en las personas que detienen. Un auditor externo evalúa anualmente cualquier disparidad en todo el departamento.
El informe anual más reciente muestra mejoras durante la última década, pero también que los agentes aún arrestan a conductores latinos a tasas más altas que a conductores blancos. Los datos del año pasado también indican que los conductores negros —quienes no están cubiertos por el acuerdo Melendres— enfrentan detenciones más largas y tasas de arresto más elevadas. Además, todos los conductores de color tienen más probabilidades de ser registrados que los conductores blancos.
Además, la oficina del alguacil reconoció que no ha investigado 640 denuncias de mala conducta de agentes, algunas que datan de 2015, según la presentación judicial más reciente del departamento. Snow había ordenado eliminar ese atraso para que la oficina del alguacil rindiera cuentas, después de concluir que Arpaio se había negado a aplicar muchas de las reformas.
Raúl Piña, educador jubilado, fue testigo del miedo que provocaron las redadas de Arpaio en su distrito escolar, de mayoría latina, y en los vecindarios circundantes de Maryvale. Durante la última década, ha formado parte de la Junta Consultiva Comunitaria impuesta (Community Advisory Board) por el tribunal, encargada de comunicar a la Oficina del Alguacil del Condado de Maricopa las inquietudes de la comunidad sobre prácticas policiales que pudieran violar las órdenes judiciales.
Piña dice que el departamento no ha hecho lo suficiente para recuperar la confianza de los residentes latinos y que sus agentes siguen dirigiéndose de manera desproporcionada contra ellos. Le preocupa que, sin la supervisión judicial, el departamento retroceda hacia prácticas de vigilancia basadas en el color de la piel.
“Creo firmemente que lo único que impide que la Oficina del Alguacil del Condado de Maricopa participe pública y activamente en redadas laborales y otras prácticas antiinmigrantes —lo único que los detiene— es el caso Melendres”, dijo.
“El modelo fue el condado de Maricopa”
En todo el país, ICE tiene ahora más de mil acuerdos del programa 287(g) con agencias policiales locales. La mitad son acuerdos de fuerza de tarea (task force), como el que implementó Arpaio.
En mayo, la Highway Patrol de Tennessee realizaba una operación conjunta con ICE en Nashville cuando los agentes detuvieron a Edgardo David Campos, quien acababa de salir de una vigilia en su iglesia. Campos se detuvo en una gasolinera al sur del aeropuerto, donde una multitud de agentes de inmigración, uniformados y de civil, con chalecos verdes que decían “police” en la espalda, rodearon su auto. Uno de ellos comenzó a sacarlo del vehículo, según muestra un video del incidente, lo que llamó la atención de personas cercanas, entre ellas Dinora Romero. Ella tomó su teléfono y comenzó a grabar.
“Si se lo llevan, no diga nada”, gritó Romero.
ICE presentó la operación en Nashville como un éxito, aunque los propios datos de la agencia mostraron que más de la mitad de las casi 200 personas arrestadas no tenían antecedentes penales.
Defensores de derechos de los inmigrantes acusaron a ICE y a la Highway Patrol de usar la raza y el origen étnico para detener a conductores en vecindarios latinos e inmigrantes de Nashville. En el vecindario donde fue detenido Campos, uno de cada cuatro residentes es latino. En agosto, la Coalición de Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (Immigrant and Refugee Rights Coalition) de Tennessee presentó una demanda contra la Highway Patrol para obtener acceso a registros públicos sobre las redadas de mayo.
Los abogados del estado argumentaron ante el tribunal que divulgar esos registros pondría en peligro a los agentes. Ni la Highway Patrol, ni la oficina del fiscal general del estado respondieron a las solicitudes de comentarios.
Con la expansión de la aplicación de estas políticas, ciudadanos estadounidenses han sido detenidos injustamente, como ocurrió con Nieto Jr. y Meraz en 2008. En mayo, un ciudadano latino de 18 años grabó su propio arresto durante una operación de la Highway Patrol de Florida y la Patrulla Fronteriza que tenía como objetivo a jardineros en West Palm Beach, bajo un acuerdo del programa 287(g). Fue liberado después de seis horas.
En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que el joven “era parte de un grupo de extranjeros ilegales que resistieron el arresto durante una parada de tráfico”. La Highway Patrol de Florida dijo que el joven “interfirió” con una investigación legítima y fue acusado de obstrucción. Sin embargo, los fiscales estatales se negaron a continuar con el caso, citando “falta de pruebas suficientes”.
La administración Trump busca reclutar aún más agentes locales para ayudar a ICE y está ofreciendo incentivos económicos a los departamentos que participen en el programa 287(g). A partir de este mes, el gobierno federal pagará los salarios de los agentes certificados bajo estos acuerdos y ofrecerá “bonos por desempeño” de hasta 1,000 dólares por colaborar con ICE en arrestos y deportaciones.
Mientras tanto, la administración Trump ha desmantelado oficinas federales encargadas de investigar casos de mala conducta policial y violaciones de derechos civiles.
Defensores de los inmigrantes sostienen que algunas de las tácticas empleadas por agentes locales y federales para perseguir a latinos en la campaña de deportaciones de Trump provienen directamente del manual de Arpaio.
“El modelo fue el condado de Maricopa”, dijo Piña, miembro de la junta consultiva en la demanda del condado de Maricopa.
“El enfoque tan público, tan humillante y desmoralizante de las redadas, y la crueldad —más que las imágenes en televisión, que ya eran humillantes, fue la crueldad— y la aprehensión violenta de las personas frente a los niños”, agregó Piña. “Todos esos comportamientos. Todas esas tácticas. Provienen del condado de Maricopa”.
Arpaio dijo que no quería atribuirse el trabajo de la administración Trump, pero se mostró orgulloso de que los agentes bajo su mando fueran de los primeros oficiales locales en ayudar a ICE a realizar arrestos migratorios.
En Florida, que tiene más departamentos con acuerdos 287(g) que cualquier otro estado, el gobernador republicano Ron DeSantis ha gastado 245 millones de dólares para crear un centro de detención temporal apodado “Alligator Alcatraz”. Allí, los migrantes son alojados en celdas de malla dentro de carpas. Algunos lo han comparado con “Tent City Jail” (Ciudad de las Carpas) de Arpaio, donde los presos eran mantenidos al aire libre bajo las sofocantes temperaturas del desierto. (Se cerró después de que Arpaio perdiera la reelección en 2016).
En California, los agentes federales se han centrado en tiendas Home Depot, arrestando personas en los estacionamientos —repitiendo las redadas de Arpaio contra jornaleros. Los agentes del condado de Maricopa, tras certificarse en el programa 287(g) en 2007, realizaron 11 redadas migratorias en cinco meses fuera de una antigua tienda de muebles en Phoenix que era un punto de reunión popular para jornaleros. Snow señaló que casi todos los arrestados allí eran latinos.
“Trump está creando toda una cultura de miedo y terror en nuestra comunidad. Y creo que esto es exactamente lo que ocurrió bajo Arpaio, con las redadas en los lugares de trabajo y la amenaza de deportación”, dijo Christine Wee, abogada principal de la Unión Americana de Libertades Civiles de Arizona, que presentó la demanda en nombre de Nieto Jr., Meraz y Melendres.
En julio, un grupo que incluye ciudadanos estadounidenses, inmigrantes detenidos y organizaciones defensoras presentó una demanda contra la administración Trump, argumentando que las redadas “indiscriminadas” en Los Ángeles tenían como objetivo a personas de piel morena. Un juez federal otorgó una orden de restricción temporal, prohibiendo los arrestos migratorios basados en la raza, el idioma hablado, el tipo de empleo o la presencia en un lugar determinado.
Pero el 8 de septiembre, la Corte Suprema suspendió la orden en una votación de 6-3. El juez Brett Kavanaugh fue el único juez conservador que explicó su decisión. Afirmó que el gobierno puede usar una combinación de factores, como la raza y el idioma, para establecer una sospecha razonable de que una persona se encuentra en el país de manera ilegal durante las operaciones en Los Ángeles. “Para ser claros, la etnia aparente por sí sola no puede generar una sospecha razonable; sin embargo, según la jurisprudencia de esta Corte sobre detenciones migratorias, puede ser un ‘factor relevante’”, escribió Kavanaugh.
Aunque el caso continúa, defensores de inmigrantes y los abogados que presentaron la demanda dijeron que la acción del tribunal legalizó, en la práctica, el perfilamiento racial.
Los expertos señalan que este enfoque podría trasladarse a las agencias locales que colaboran con ICE bajo el programa 287(g). “Cuando ICE se basa en el perfilamiento racial y lo promueve como una estrategia eficaz de aplicación migratoria, se puede esperar que los gobiernos locales que trabajan con ICE también utilicen la raza en la aplicación de la ley migratoria”, dijo Johnson, profesor de derecho de UC Davis.
Esa idea fue reiterada en la disidencia de la jueza Sonia Sotomayor sobre la decisión que levantó la orden en el caso de Los Ángeles. Sotomayor argumentó que la decisión convierte a todos los latinos, incluidos los ciudadanos estadounidenses, en objetivos y “traslada indebidamente la carga a toda una clase de ciudadanos para que lleven suficiente documentación que pruebe que merecen transitar libremente”. Sotomayor agregó: “La Constitución no permite la creación de un estatus de ciudadanía de segunda clase”.
Arpaio dijo que cree que si la Corte Suprema hubiera emitido una decisión así hace dos décadas, la demanda Melendres y los problemas legales posteriores no habrían ocurrido.
“Fui reivindicado por la Corte Suprema”, dijo Arpaio. “Todo por lo que me atacaron es legal”.
Expertos en derechos civiles discrepan de esa afirmación, señalando que la aplicación de la ley por parte de Arpaio se basaba únicamente en la raza, lo cual sigue siendo ilegal.
“Parece que no tiene fin”
Mientras la Oficina del Alguacil del Condado de Maricopa lucha por implementar completamente las reformas ordenadas por el tribunal, los funcionarios electos están perdiendo la paciencia con los requisitos y los costos.
Para marzo, el gasto relacionado con el caso Melendres y la implementación de sus reformas había superado los 300 millones de dólares, de los cuales —casi 245 millones— se destinaron a la oficina del alguacil.
Sheridan, el nuevo alguacil, atribuyó esos gastos a la creación de dos divisiones para implementar el acuerdo y a la contratación de investigadores para abordar el atraso de quejas contra los agentes. Desde que se nombró al equipo monitor en 2013, se han destinado 30 millones de dólares a su labor.
En 2024, el último año fiscal completo para el cual hay datos disponibles, el condado gastó más de 39 millones de dólares en el acuerdo. “Ese es un costo recurrente cada año, en perpetuidad”, dijo Sheridan. O al menos hasta que el acuerdo termine.
Pero un informe encargado por Snow el año pasado y publicado el 8 de octubre encontró que la oficina del alguacil había “sobreestimado consistentemente” los costos atribuidos al cumplimiento del acuerdo Melendres.
Sheridan cuestionó el informe, diciendo a la emisora de radio KTAR de Phoenix que sus autores “no tienen la experiencia” para auditar una gran agencia gubernamental. Dijo que su oficina contratará a un contador independiente para disputar los hallazgos. “Aquí no hay fraude”, dijo.
La mayoría republicana en la Junta de Supervisores del condado pide un fin inmediato a la supervisión judicial.
“Simplemente tenemos que encontrar una manera de terminar con esto porque parece que no tiene fin, porque el juez puso una nueva orden, cambió las cosas, movió los postes de la portería, y entonces necesitamos resolver esto”, dijo la supervisora republicana Debbie Lesko, que representa a las comunidades vigiladas por la oficina del sheriff, a Arizona Luminaria y ProPublica.
Pero la decisión de terminar con la supervisión judicial recae únicamente en Snow. Durante una audiencia reciente, el juez mostró claramente su descontento en una reunión comunitaria reciente. Las reuniones ordenadas por el tribunal brindan a los demandantes —todos conductores latinos en el condado de Maricopa— un espacio para recibir actualizaciones sobre el progreso de las reformas y expresar sus preocupaciones al alguacil y al equipo monitor.
En el encuentro de julio, los simpatizantes de Sheridan llenaron la sala y tomaron el control, gritando a los oradores e interrumpiendo las traducciones al español de la intérprete. El grupo, mayormente blanco y de edad avanzada, exigió el fin de la supervisión judicial, citando los costos. Superaban en número a los miembros de la comunidad latina y a los activistas que desean mantener al monitor hasta que la oficina del alguacil demuestre a Snow que ya no discrimina contra los latinos.
Snow dijo que la próxima reunión comunitaria se llevará a cabo dentro del tribunal federal en el centro de Phoenix.
Sheridan busca ponerle fin al acuerdo judicial. Cree que los estrictos mandatos dificultan que los agentes hagan su trabajo. “No conozco ninguna agencia de aplicación de la ley en este país bajo el mismo nivel de escrutinio”, dijo Sheridan.
Los defensores de los latinos y miembros de la comunidad temen que las quejas sobre los mandatos judiciales y el costo se conviertan en una excusa, desviando la atención del problema principal: la necesidad de terminar con el perfilamiento racial por parte de la oficina del alguacil.
“Cuando Sheridan nos diga que ya se terminó, no voy a dar por sentado su palabra”, dijo Reyes, quien sufrió repetidas detenciones de tráfico cuando Arpaio era alguacil. “Voy a esperar al monitor. Voy a esperar al juez. Y cuando digan: ‘¿Saben qué? Ellos cumplen.’ Entonces lo creeré. Y aun así, va a generar sospechas”.
