Enrique Méndez y Fernando Camacho
Ciudad de México. La Cámara de Diputados aprobó en lo particular la nueva Ley General contra la Extorsión, en medio de una polémica por la naturaleza de una reserva presentada por el grupo parlamentario de Morena para reducir las penas de cárcel que tendrían los servidores públicos que sean omisos en la denuncia del delito.
Los diputados de la mayoría aseguraron que lo anterior obedece a que, en términos de proporcionalidad, la omisión de un delito no puede ser castigado con mayor severidad que la comisión del mismo; en tanto, la oposición señaló que la propuesta tendría como beneficiarios a personajes como el ex jefe de la policía de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena.
También el debate se enfocó en cómo el tipo penal básico, de 6 a 15 años de prisión podría permitir la liberación anticipada de sentenciados en entidades donde la penalidad es mayor, como en Chihuahua, Guerrero, Quintana Roo y Morelos.
El punto del debate fue tan sensible que incluso legisladores del PT coincidieron en advertir que, en efecto, el cambio en el tiempo de las condenas podría permitir que salgan de la cárcel extorsionadores convictos, y coincidieron con el PAN en la necesidad de aumentar las penas por este delito.
Este tema, sin embargo, no prosperó.
Luego de más de 10 horas y media de debate, la nueva norma fue aprobada en lo particular por 339 votos en favor, 100 en contra (incluido uno de la morenista Rocío Natali Barrera Puc, 8 legisladores del PT y uno de MC) y 4 abstenciones (dos de los guindas Héctor Cabada y Daniel Murguía, y dos de las petistas Lilia Aguilar y Greycy Durán).
No hay indulgencia a funcionarios: Monreal
La reserva que encendió el debate fue presentada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, y formó parte de una lista de 185 observaciones en total, expuestas por más de 60 oradores.
Aunque las modificaciones propuestas por el ex gobernador de Zacatecas se referían a ocho artículos, el que derivó en una discusión de más de una hora fue el relacionado con el artículo 21.
En él, se redujo la pena de cinco a doce años de prisión –en vez de diez a veinte como proponía la iniciativa presidencial– para los funcionarios que “teniendo atribuciones en materia de prevención, investigación y persecución de los delitos, así como procuración o impartición de justicia, o de vigilancia y custodia en los centros penitenciarios, se abstenga de denunciar” los casos de extorsión.
Monreal explicó que dicha reducción obedecía a que “no se le puede aplicar una pena mayor al funcionario que omite o no informa, que al extorsionador. La razón es de lógica proporcional. No es una indulgencia para el servidor público, sino un ejercicio de racionalidad punitiva. No puede ser más penada la omisión que la ejecución de un acto ilícito”.
Fue en ese momento cuando dio inicio un cruce de señalamientos entre la oposición y Morena. El coordinador de los diputados del PAN, Elías Lixa, reprochó que los legisladores de mayoría buscaran reducir las penas de los funcionarios cómplices de extorsión, en vez de aumentar las de los propios extorsionadores.
El morenista Leonel Godoy respondió que había una “confusión técnica” por parte del panista, ya que es distinto cometer el delito de extorsión –con penas que además se pueden hacer mayores debido a cualquiera de las 34 agravantes que establece la ley—, de la omisión de la denuncia de esos hechos, cuya pena “no puede nunca ser técnicamente mayor a la acción” delictiva en sí misma. Por ello, estimó, la propuesta de Lixa era “anticonstitucional”.
El coordinador del blanquiazul cuestionó si el gobierno desea o no castigar con severidad a los funcionarios coludidos en las extorsiones, argumentó que en muchos delitos sí es posible castigar con más severidad a los servidores públicos que a los propios criminales, e incluso llamó a los morenistas a que “no dejen lugar a la especulación, porque esto solo hace pensar que esta atenuante busca proteger a todos los que forman parte del gobierno de Tabasco que no quisieron denunciar” a Hernán Bermúdez.
Monreal subió a tribuna para defender el sentido de su reserva, aunque admitió que hay cuatro estados (Chihuahua, Guerrero, Morelos y Quintana Roo) donde las penas son mayores que las que establece la nueva ley, lo que podría permitir una aplicación retroactiva de la norma, y eso ayude a criminales a salir de la cárcel de forma anticipada.
Sin embargo, pidió votar la propuesta de reserva en los términos en que él la presentó, aunque se dijo dispuesto a deliberar en otro momento la posibilidad de aumentar las penas de cárcel, como propone el PAN.
Una vez votada la ley, se enviará la minuta al Senado para su revisión.
