Dossier Politico
La crisis post electoral en Venezuela ha revelado la muerte de la Organización de Estados Americanos como un actor de peso en la definición de mandatarios en América Latina, un debilitamiento del peso de Estados Unidos, que cedió la batuta a países con gobiernos progresistas, Brasil, Colombia y México.
De la mano de su Secretario General, Luis Almagro y con un informe basado en falacias, donde se acusó de “fraude” al candidato oficialista Evo Morales, la OEA impulsó en 2019 el golpe de estado en Bolivia, y el posterior ascenso de la congresista Jeanine Áñez como Presidenta, hoy presa.
La OEA junto con la embajada estadounidense en Perú fue también pieza clave en la defenestración del Presidente Pedro Castillo en diciembre del 2022 y ahora, en julio de 2024, todas las piezas estaban colocadas para impulsar un nuevo golpe en Venezuela con todo el apoyo de Estados Unidos y sus medios, pero algo falló y ahora la batuta está en la mano de tres presidentes que para nada son sumisos a sus respectivas embajadas estadounidenses.
En América (también podemos decir, en el mundo), la diferencia entre ser “dictador” o un buen gobernante no proviene precisamente de la falta o no de democracia, del tratar bien o no al pueblo, sino de la relación de sumisión que se tenga con Estados Unidos.
En este entorno, el “dictador” Hugo Chávez instauró en 1999 su “Revolución Bolivariana” que buscó incrementar el bienestar de la población en los hombros de sus ingresos petroleros, pero además del rostro socialista de su gobierno, lo que abrió el conflicto con los Estados Unidos fue la nacionalización de empresas clave y el rompimiento en 2004 con el Fondo Monetario Internacional, el instrumento bancario de Estados Unidos para someter a los países mediante la deuda.
Tras la muerte de Chávez en 2013, Nicolás Maduro heredó el gobierno venezolano y las mismas etiquetas, junto a las sanciones económicas que Estados Unidos y la Unión Europea le habían impuesto al país, que en los años siguientes aumentaron su dureza, con impactos directos en la economía del país y la calidad de vida de sus habitantes.
Para asustar a los electores de algún candidato socialista, en todos los países de América y Europa se repite la amenaza “nos quieren convertir en Venezuela”, en alusión a un país con riqueza, pero cuya mala administración socialista tiene a la población en la pobreza absoluta.
Pero poco se menciona que las 913 sanciones, que según las leyes internacionales son ilegales, impuestas por Estados Unidos y más de 20 países sobre Venezuela, impiden la compra de insumos básicos y la venta de sus riquezas, o bien les congelan activos. En suma, pérdidas estimadas en más de 150 mil millones de dólares.
Pero la importancia de Venezuela para Estados Unidos radica, además en su privilegiada ubicación en el Mar Caribe, a unos 2 mil kilómetros de las costas de Florida, en que es el país con las principales reservas de petróleo del planeta (sí, más que Arabia Saudita), además de tener grandes reservas gas, de oro y tierras raras, vitales para la industria de los semiconductores.
John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Trump, ha reconocido que él ayudó a planear y ejecutar golpes de estado en otros países, para lo cual “sacaron de la tumba” a la OEA.
Y fue precisamente durante la administración Trump cuando en la segunda reelección de Maduro, en enero de 2018, la oposición venezolana desconoció el proceso electoral y el líder de la Asamblea, Juan Guaidó se autoproclamó Presidente Legítimo, quien fue reconocido como tal por Estados Unidos y todos los países de la Unión Europea.
En 2019 llegó el golpe más duro; Estados Unidos sancionó el petróleo. Venezuela podía seguir vendiendo petróleo a EU, pero se creó un fideicomiso donde todas las ganancias se quedarían en bancos de ese país, para usarse por la “administración legítima” de Guaidó, además de decomisar la refinería de Citgo y activos de Petróleos de Venezuela por más de 7 mil millones de dólares.
En medio de la más dura crisis económica y la urgencia por atender la pandemia de Covid, Venezuela quiso vender sus 31 toneladas en lingotes de oro que guardaba en el Banco de Inglaterra, unos mil 300 millones de dólares muy necesarios, pero le negaron la devolución porque el gobierno “legítimo” era el de Guaidó.
La crisis petrolera por la guerra de Ucrania orilló en 2022 al Estados Unidos de Joe Biden con sus menores reservas petroleras de la historia, a flexibilizar las sanciones a Venezuela a cambio de un incremento en la producción, lo que generó desde entonces un crecimiento económico, de la mano de un renacimiento de la proveeduría local que ha generado una floreciente economía interna.
En este contexto llega la elección del 2024, con una María Corina Machado como la cara más visible y popular de la oposición, pero sin poder ser la candidata por pedir abiertamente la invasión militar de Israel a su país y ser una abierta impulsora de más sanciones económicas hacia Venezuela.
Mientras la mayoría de las encuestas daban una ligera ventaja a Maduro de cerca del 54 por ciento, antes de la elección, los medios afines a Estados Unidos difundieron que el cuasi desconocido Edmundo González Urrutia tenía intención de voto del 70 por ciento.
Las 30 mil 036 mesas de votación son con urnas electrónicas, donde el voto en computadora imprime un comprobante que se coloca en una urna física; todo debe coincidir y el resultado, el acta de cada casilla, se envía por sistema al Consejo Nacional Electoral, pero un ciber ataque impidió el envío y la llegada a la sede central.
Mientras la oposición afirma haber ganado con el 67 por ciento de los votos, el CNE dio el triunfo a Maduro con el 51 por ciento. La reacción inicial fue tomar las calles, incendiar, destruir, hacer bloqueos que dificultaron el movimiento del material electoral, disturbios que dejaron unos 24 muertos, militares y policías entre estos.
Aunque en un principio, Estados Unidos y más de 10 países reconocieron como ganador, “indiscutible” a González Urrutia, y la OEA exigió desde Washington la aprehensión de Maduro, la amenaza del presidente venezolano de entregar a los países BRICS todos los contratos de petróleo y gas firmados con EU, parece haber movido fichas.
Estados Unidos dio marcha atrás, dijo que aún no puede declarar un ganador, y en lugar de dejar el caso en manos de la Organización de Estados Americanos, pasó la estafeta a los presidentes Andrés Manuel López Obrador, de México y a los mandatarios de países colindantes al noroeste y al sureste; Luiz Inacio Lula Da Silva, de Brasil; y Gustavo Petro, de Colombia.
Mientras el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela inició ya un procedimiento donde el CNE y todos los partidos participantes, presentaron ya todas las actas en su poder, a excepción de Edmundo González Urrutia, quien no se presentó, los países del nuevo “eje democrático”, Colombia, Brasil y México, pidieron pacificar las calles, lo cual ya ocurrió, y se transparente todo el proceso, como paso inicial para iniciar una salida a la crisis.
