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Hace 10 años, en agosto de 2014, México vivió uno de los peores desastres ambientales en su historia reciente, indicó María Luisa Albores González, secretaria de Medio Ambiente en la conferencia matutina del 9 de agosto. En un vídeo presentado en la mañanera, se menciona: el desastre se inició cuando 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado fueron derramados en los ríos Sonora y Bacanuchi por el complejo minero Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México. Este incidente afectó a ocho municipios y expuso a miles de habitantes a graves riesgos para su salud, generando una denuncia penal que aún tiene repercusiones legales y ambientales en la actualidad.
Según el informe oficial, el derrame fue provocado por la falla en el sistema de lixiviación de la mina, específicamente en la Presa Poniente, colapsado tras las lluvias de julio y agosto de 2014. Los fluidos tóxicos fueron a parar a la Presa Tinajas 1, que a su vez los vertió en los ríos. Esta cadena de fallos evidenció una negligencia en el diseño hidrológico del sistema adjudicado a Grupo México
Para mitigar los daños, en septiembre de 2014, Grupo México y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) firmaron un convenio. El anterior incluía la creación del Fideicomiso Río Sonora, con un fondo inicial de 2 mil millones de pesos para la remediación ambiental y compensación de los daños. Sin embargo, sólo se pagó la mitad de esa cantidad, y de lo entregado, apenas 7.8 millones se destinaron a los afectados por problemas de salud.
Otros proyectos que hicieron uso de este fideicomiso fueron la construcción de una Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental en Sonora, donde se invirtieron 71.1 millones de pesos. Además, se llevó a cabo una estrategia de comunicación social cuyo gasto fue de 32.4 millones de pesos. Esta cifra supera cuatro veces la cantidad otorgada a los damnificados por daños a la salud. Además, se invirtieron 185 millones de pesos en tinacos para almacenamiento de agua, y 4.7 millones en una planta potabilizadora en Bacanuchi, la cual operó únicamente hasta 2017.
Esta distribución desigual del gasto, quedó sin resolverse hasta ese momento y en diciembre de 2016, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) consideró que los programas de remediación habían sido cumplidos satisfactoriamente. Posteriormente, en febrero de 2017, la Profepa dio por concluidas las medidas correctivas y se extinguió el Fideicomiso Río Sonora. Sin embargo, en enero de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó revaluar la remediación y medidas correctivas. Este fallo de la SCJN resultó en que la Profepa y la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR) dejaran sin efectos las resoluciones anteriores.
Dando respuesta a la nueva sentencia, la SEMARNAT exigió a Grupo México modificar sus programas de remediación. En seguimiento al tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en julio de 2021 un Plan Integral de Atención a Cananea y a las comunidades afectadas. Este plan incluye la instalación de plantas potabilizadoras y redes de agua potable para 24 comunidades, con una inversión de 295 millones de pesos, así como la creación de un fideicomiso de 300 millones de pesos para extrabajadores mineros, de los cuales ya se han dispersado 212 millones a 1409 beneficiarios, según la Secretaría de Gobernación.
