Ojalá que solo se trate de ‘acomedidos’ que nunca faltan en estos casos, pero llegan noticias desde Ures en el sentido de que a la cronista de la ciudad, Delia María Piña Aguirre se le mantiene retenido el sueldo que devenga en el Ayuntamiento local, y que la activista María Auxiliadora Haro ha sido víctima de amenazas; en ambos casos, por su participación en el movimiento social que se opone a la construcción de tres presas en aquella región del Río Sonora.
No es, no ha sido el estilo de la administración estatal echar mano de prácticas intimidatorias hacia los movimientos sociales; podrán estar movilizando una parte del personal de las dependencias estatales y municipales involucradas en el Plan Integral para el Río Sonora, pero estas básicamente realizan tareas de información y divulgación, abriendo las puertas del diálogo con ciudadanos -incluso los inconformes- para convencerlos de la viabilidad del proyecto sobre el que existen naturales resquemores en una población aún dolida por las secuelas del derrame tóxico de la empresa Buenavista del Cobre en 2014.
El punto es que las denuncias de las afectadas ya fueron recogidas por algunas organizaciones en Hermosillo, entre ellas el sindicato de académicos de la Universidad de Sonora, que está exigiendo la investigación y sanción de los hechos denunciados por la activista social y la cronista municipal que además es maestra de historia en la Unison.
Como suele suceder en proyectos que implican la intervención de tierras y aguas, aparecen resistencias, algunas legítimas, otras de intereses políticos embozados. Se sabe que quien está a cargo de socializar el proyecto y encabezar las tareas respectivas es el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, apoyado por un nutrido contingente de funcionarios del gabinete y legisladores que, atendiendo la directriz de la presidenta Claudia Sheinbaum están preparando el terreno para que sea finalmente una consulta ciudadana la que defina el destino de ese proyecto.
Tienen frente a sí la oportunidad de probar que en los gobiernos de la 4T privilegian el diálogo como vía para dirimir conflictos, deslindándose de prácticas represivas e intimidatorias como las que se usaban en el pasado y que muchos aún recordamos, por ejemplo en el caso del Acueducto Independencia, donde hubo hasta muertos y desaparecidos en el malhadado gobierno de Guillermo Padrés.
El gobernador ya puso la muestra al modificar el plan original, que incluía la comercialización de los terrenos aledaños a la presa Abelardo L. Rodríguez en Hermosillo, de donde saldrían los recursos para la construcción de las presas; hoy, a partir de una gestión con la presidenta, los recursos provendrán del presupuesto federal.
Originalmente se contemplaba también un acueducto para traer agua a la capital y también ya quedó descartado en aras de llegar a una decisión consensuada con los vecinos ribereños a quienes se les ha ofrecido además la construcción de obras de infraestructura hidroagrícola para mejorar la producción en sus parcelas y mejoramiento de caminos, entre otras.
Parece un buen momento para que el secretario de Gobierno muestre la mano izquierda de la operación política, que es por cierto una de las razones por las cuales lo puso allí el gobernador.
De hecho, es lo que anda haciendo por estos días. Ayer estuvo de nueva cuenta en Ures encabezando los trabajos de información y acercamiento con los pobladores, rescatando una añeja demanda surgida hace más de una década en el marco de los trabajos de remediación y reparación del daño causado por el derrame tóxico de Grupo México.
En aquel entonces, cuando se creó un fideicomiso para responder a los afectados por el derrame se prometieron muchas cosas, entre otras, la construcción de una planta potabilizadora en cada una de las cabeceras municipales ribereñas, y la construcción de un hospital en Ures para atender los casos de afectaciones a la salud derivadas de la presencia de metales pesados en el agua.
El fideicomiso terminó siendo cancelado y lo único que hubo fue mucho ‘manoteo’; una que otra potabilizadora se pusieron en marcha pero ya no funcionan y del hospital ni sus luces.
Es un compromiso grande el que se han echado a cuestas los representantes del gobierno estatal pues ahora fue planteado con características similares al que recién inauguraron en Vícam Switch, y la verdad es que quedarían muy bien si se concreta.
II
Bueno, y al margen de los muy engrillados días que corren, pausa para mencionar cómo la meteórica carrera de la Jefa de la Oficina del Ejecutivo, Paulina Ocaña sigue en ascenso. Ayer le tocó representar al gobernador Alfonso Durazo en un encuentro binacional para la modernización de la aduana de Agua Prieta donde se invertirá la friolera de 523 millones de dólares.
La joven y experimentada funcionaria encabezó la delegación sonorense que se reunió con el alcalde y la City Mánager de Douglas, José Grijalva y Ana Urquijo respectivamente; la cónsul de México en aquella ciudad, Rita Vargas, entre otros funcionarios federales y legisladores norteamericanos.
Del lado mexicano estuvieron el alcalde de Agua Prieta, José Manuel Quijada, el coordinador de enlace internacional de la Oficina del Ejecutivo y Alejandra Castro Valencia, titula de la SIDUR.
Allí se anunció que se destinarán 328 millones de dólares para el desarrollo del nuevo puerto comercial Douglas II, y 195 millones más para rehabilitar el puerto de entrada Raúl H. Castro (Douglas I), inversiones que transformarán la infraestructura fronteriza para dar mayor certidumbre al tránsito de personas y mercancías.
Estos proyectos son parte de los trabajos derivados de la Comisión Sonora-Arizona, en la que el gobernador ha puesto especial atención como actor central en la relación México-EEUU, posicionando a Sonora como un entro logístico clave en el intercambio comercial bilateral, temas que se abordarán posteriormente en sendas mesas de trabajo.
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