DEBATE
En su primer año de gestión, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que no se ha otorgado ninguna nueva concesión minera en el país. La estrategia, en lugar de expandir la frontera extractiva, se ha centrado en atender conflictos socioambientales heredados y en obligar a las empresas a responder por los pasivos ambientales pendientes.
Uno de los casos emblemáticos es el de Calica, filial de la estadounidense Vulcan Materials, que mantiene un arbitraje internacional contra México tras la cancelación de su operación en Playa del Carmen, Quintana Roo.
La administración federal fue clara: la zona ha sido decretada Área Natural Protegida y “esa mina ya no se puede explotar”.
El gobierno explora vías de solución antes de que se emita un laudo, entre ellas, la reconversión del predio hacia un proyecto turístico de bajo impacto ambiental o la compra de la propiedad y del puerto por parte del Estado mexicano.
En paralelo, el Ejecutivo reforzó la exigencia de responsabilidad ambiental a Grupo México por el derrame tóxico ocurrido en 2014 en el Río Sonora, considerado el mayor desastre ambiental en la industria minera del país.
La Secretaría de Gobernación coordina un diálogo directo con la empresa y las comunidades afectadas, con demandas específicas: limpieza integral del río y del suelo, construcción de una clínica comprometida con la atención médica de los pobladores y compensaciones pendientes que quedaron inconclusas tras el cierre del fideicomiso en el sexenio anterior.
Asimismo, se informó que el gobierno federal trabaja en la actualización de un listado de compañías mineras canadienses que operan en México sin cumplir con la normativa ambiental. El documento será entregado al gobierno de Canadá en el marco de los acuerdos bilaterales, con el objetivo de reforzar la cooperación ambiental transfronteriza.
