Empresas y personas quedarán indefensas frente a posibles abusos de poder.
Andrés Manuel López Obrador prometió no hacer una reforma fiscal y cumplió. Cuando entrevistamos a Claudia Sheinbaum en Tercer Grado, le preguntamos si ella tampoco subiría los impuestos en caso de ganar la Presidencia. Respondió que no veía, por lo pronto, la necesidad de hacerlo. Hasta ahora, ha cumplido.
Pero…
López Obrador incrementó la recaudación impositiva combatiendo la evasión y elusión fiscales. Apretó, sobre todo, a los grandes contribuyentes. Cuando tomó posesión como Presidente, el Estado recaudaba tributos por un monto equivalente a 12.7% del Producto Interno Bruto (PIB). El año pasado, alcanzó 14.6 por ciento. Estamos hablando de un incremento de casi dos puntos porcentuales del PIB durante el sexenio, a pesar de que a Pemex le condonaron miles de millones de pesos en impuestos.
Sheinbaum pretende seguir subiendo la recaudación sin aumentar impuestos. Esto pasa por depurar una de las fuentes de ingresos donde existe más evasión fiscal: las aduanas. Pero, también, seguir apretando a los contribuyentes para que paguen más tributos. Ya no necesariamente a los más grandes.
Aquí es donde entra la reforma al amparo.
Además de ser parte de la estrategia del lopezobradorismo de fortalecer al Estado vis-a-vis la sociedad, limitando este instrumento jurídico que sirve para la defensa de los ciudadanos de los abusos de las autoridades, la reforma al amparo tiene la clara intención de darle un mayor poder al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), los dos brazos ejecutores que tiene el Estado para presionar a los contribuyentes.
La reforma que está proponiendo la Presidenta, y que seguramente se aprobará por parte de la mayoría que tiene su partido en ambas cámaras, fortalece las facultades de ejecución inmediata de ambas instituciones y restringe el juicio de amparo como herramienta de defensa de los contribuyentes.
De acuerdo con la iniciativa, de darse una diferencia entre las autoridades fiscales y una persona físicas o moral, ésta tendrá que agotar todos los recursos administrativos ante el SAT, Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa antes de acudir al amparo, aun cuando le hayan impuesto un crédito fiscal al contribuyente (adeudo por no pagar o incumplir con las obligaciones) o se congelen las cuentas bancarias de la persona.
Esto le da un gran poder al Estado frente a los contribuyentes.
Las empresas y personas ya no podrán tramitar un amparo para descongelar las cuentas que ordene la UIF, evitar la cancelación de certificados de sello digital por el SAT o prorrogar un embargo por la existencia de créditos fiscales.
De esta forma, a un contribuyente le podrán embargar o congelar sus cuentas de inmediato. Si después de agotar todas las instancias para defenderse resulta que tenía la razón, le habrán hecho un daño irreparable por la imposibilidad de suspender de manera temporal o definitiva el acto de la autoridad hasta que no se decida quién tiene la razón.
El SAT y la UIF podrán decretar la suspensión de sellos digitales y ejecutar de manera inmediata la ejecución de créditos fiscales sin control judicial previo.
Esto deja muy vulnerables a los contribuyentes frente a posibles abusos de la autoridad fiscal y financiera.
Súmese que, con la reforma al amparo, si una norma fiscal es inconstitucional, cada contribuyente deberá promover su propio amparo de protección porque ya no habrá “efectos generales” de una resolución judicial. Esto afectará de manera particular a los pequeños y medianos contribuyentes que tendrán que gastar mucho dinero para ampararse (los grandes tienen los recursos para hacerlo).
Muchas empresas, en efecto, han abusado del amparo para eludir el pago de impuestos. Ahora, con esta reforma, el poder absoluto lo tendrá el Estado. No cualquier Estado, sino uno controlado por un régimen cada vez más autoritario que ha desmantelado los contrapesos, concentrado el poder y demostrado su intención de utilizar al SAT y UIF para perseguir a críticos y adversarios políticos. Antes éstos podían recurrir a un amparo. Ahora quedarán indefensos frente a un posible abuso de poder.
La reforma al amparo de Sheinbaum es una reforma fiscal que le da un enorme poder al Estado para apretar a los contribuyentes y, de paso, ponerles una espada de Damocles a críticos y adversarios a quien puede perseguir utilizando al SAT y UIF.
Empresas y personas quedarán indefensas frente a posibles abusos de poder, lo cual generará una mayor inseguridad jurídica y un menor apetito por invertir en México. Sin embargo, de aplicarse con rigor, le dará más recursos al gobierno para seguir creciendo las partidas de programas sociales que son la base de su éxito electoral.
