Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, logró frenar su extradición a Estados Unidos colaborando como testigo protegido en el caso Ayotzinapa
Redacción AN / JOF
A 11 años del secuestro y desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, la investigación penal contra los presuntos responsables se encuentra estancada y todavía no se sabe qué rumbo va a tomar con la entrega de un fallido testigo protegido al gobierno de Estados Unidos y la renuncia del anterior fiscal especial, Rosendo Gómez Piedra, desde el pasado 16 de junio. En su lugar fue designado Mauricio Pazarán Álvarez, un ex mando de la Fiscalía capitalina.
FOTO: PEDRO ANZA/CUARTOSCURO.COM
La directora del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), María Luisa Aguilar Rodríguez, afirmó que la falta de justicia que enfrentan las familias de los 43 normalistas desaparecidos, es un caso emblemático de la crisis que vive México por las más de 100 mil personas desaparecidas que se han reportado en nuestro país.
Durante la videoconferencia “Ayotzinapa: Lucha, memoria y resistencia” que ofreció en la Universidad Iberoamericana, la directora del Centro Prodh aseguró que a lo largo de 11 años, el caso Ayotzinapa ha sido reflejo de que la justicia en México “está rota”, así cómo de los múltiples obstáculos que enfrentan las investigaciones de violaciones graves a los derechos humanos, debido a la militarización de la seguridad pública y a la falta de controles civiles para poder vigilar la labor de las fuerzas armadas.
María Luisa Aguilar agregó que el caso Ayotzinapa también sacó a la luz la incapacidad de las fiscalías mexicanas para realizar investigaciones complejas y combatir a las grandes redes de macrocriminalidad que operan en territorio nacional, como la que existía en los municipios de Iguala y Cocula en el estado de Guerrero, al momento de los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre del 2014.
En este marco, la maestra en Derechos Humanos advirtió que la falta de resolución del caso Ayotzinapa también refleja la negación en la que ha caído el Estado mexicano ante las desapariciones que se viven en grandes regiones del país. Añadió que los gobiernos de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, pero también el de la presidenta Claudia Sheinbaum en su primer año de gobierno, han intentado reducir las cifras públicas de personas desaparecidas, en lugar de buscar una respuesta concreta para frenar este delito y sus consecuencias.
Gobierno de Sheinbaum, una incógnita
En días pasados, la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció que las autoridades mexicanas han solicitado al gobierno estadounidense la extradición de dos personas relacionadas con el caso Ayotzinapa, debido a la importancia de los testimonios que deberán rendir y a la sensibilidad que tiene para la sociedad la búsqueda de justicia para los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.
Además, Sheinbaum anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) explora nuevas líneas de investigación para poder avanzar en la integración del expediente y resolver el misterio del paradero de los 43 jóvenes estudiantes que fueron privados de su libertad.
Sin embargo, el nuevo titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la FGR, Mauricio Pazarán Álvarez, aún no ha anunciado cuáles son esas líneas de investigación, una exigencia de los padres de los 43 normalistas desaparecidos tras una parálisis de casi dos años en la indagatoria, ya que el exfiscal Rosendo Gómez Piedra no logró ningún avance significativo en los procesos penales contra los imputados.
Pazarán Álvarez es un abogado que ha tenido una amplia experiencia como Secretario y Ministerio Público en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Especializado en temas penales relacionados con narcomenudeo y delitos sexuales, no había enfrentado el reto de un expediente relacionado con la búsqueda de personas y violaciones graves a los derechos humanos.
Un testigo protegido del CJNG
Cercano a la Consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, el nuevo fiscal del caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán, tiene entre sus misiones revisar las aportaciones que pudo haber hecho al expediente de la investigación Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, cuñado del líder Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes,“El Mencho”, y uno de los operadores financieros más importantes de ese grupo criminal. Pese a su importancia en el mundo criminal, “El Cuini” fue un testigo protegido del caso Ayotzinapa.
González Valencia fue entregado por el gobierno de México a Estados Unidos el pasado 12 de agosto, pese a múltiples amparos que su defensa legal había presentado para evitar el proceso de extradición que enfrentaba en nuestro país, a petición de una corte federal estadounidense.
Sin embargo, no solo los amparos frenaron su extradición de México a Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el 24 de septiembre del 2024 que el proceso para extraditar a Abigael González Valencia, “El Cuini”, se frenó durante cinco años a cambio de lograr la colaboración de Gildardo López Astudillo, alias “El Gil”, en la investigación del Caso Ayotzinapa.
“El Cuini” fue contactado por el entonces Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, para poder colaborar en la indagatoria mediante los contactos y relaciones que tenía con diversos integrantes del grupo delictivo “Guerreros Unidos”, al que se ha responsabilizado desde el inicio – en complicidad con autoridades federales, estatales y municipales – del secuestro y desaparición de los 43 estudiantes normalistas. Su objetivo era mediar con “El Gil” para que este colaborara con la investigación.
“De esa forma pudimos avanzar, pues a cambio de detener la extradición a Estados Unidos de Abigael González Valencia, presunto miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo aceptó colaborar en calidad de testigo protegido y como resultado de su participación se logró identificar los restos de dos de los muchachos desaparecidos”, señaló López Obrador en el “Segundo reporte del presidente de México sobre los jóvenes desaparecidos en Iguala” entregado a los padres con motivo del Décimo Aniversario del caso Ayotzinapa.
“El Cuni” siempre fue un testigo indirecto y los señalamientos directos dependían de Gildardo López, “El Gil”, quien dejó de colaborar con las autoridades tras gozar de protección por un periodo de 5 años, beneficios que también obtuvo Abigael González, “El Cuini”.
Tras el fracaso de la colaboración con el cuñado de “El Mencho”, el gobierno de Sheinbaum finalmente decidió enviar a “El Cuini” a Estados Unidos, cerrando así su participación en el caso Ayotzinapa, cuyo avance espera una posible extradición de dos testigos clave que se encuentran en Estados Unidos: el juez de barandilla, Ulises “N”, que tuvo ante sí a los estudiantes desaparecidos, y un ex mando de la PGR, Abraham “N”, acusado de tortura.
Capturas de pantalla del Segundo Reporte de AMLO sobre el caso Ayotzinapa y el Tercer Informe de la COVAJ.
