Ciudad de México. La llamada nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio este lunes un primer revés a un recurso de revisión en materia de seguridad nacional de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, que fue interpuesto en 2022 por la hoy ministra María Estela Ríos González. En la sesión, la togada fue declarada legalmente impedida de participar en el asunto.
Por unanimidad de ocho votos, el Pleno de la Corte confirmó una resolución del 8 de junio de 2022 del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que ordenó a la Presidencia entregar a un particular la versión pública de 15 oficios con nombres y adscripciones de almirantes y vicealmirantes, así como datos de capacitación y adiestramiento de personal de la Secretaría de Marina, al considerar que gran parte de esta información ya era pública en comunicados oficiales y notas periodísticas.
La Presidencia impugnó esa decisión alegando que su difusión ponía en riesgo la seguridad nacional y debía reservarse, argumentos que la Corte declaró infundados en un proyecto elaborado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf.
“No comparto la idea de que a través de lo que se ha manifestado en asuntos anteriores vinculados con la seguridad nacional, la teoría del mosaico, se advierta un riesgo a la seguridad nacional en este caso concreto. En este asunto debemos partir de un hecho incontrovertible, toda, toda la información contenida en los oficios ya es del dominio público e incluso en la mayoría de los casos fue publicada por las mismas autoridades”, dijo Ortiz Ahlf.
Sin embargo, en el proyecto se aclara que declarar infundados los argumentos de la Consejería no significa que, en general, los nombres, adscripciones o datos de capacitación de mandos navales nunca puedan representar un riesgo para la seguridad nacional ni ser reservados. Subrayó que cada caso debe evaluarse individualmente y que, en este asunto concreto, la información ya es pública, por lo que no se actualiza un riesgo que justifique su restricción.
El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz compartió el proyecto, pero propuso que la Marina “valore” a su criterio testar información que ponga en riesgo la seguridad, antes de entregarla al particular.
“Yo solamente propondría, voy con el proyecto, pero dejarle al funcionario que bajo su más estricta responsabilidad él valore en qué condiciones va a otorgar esta información si él en el contraste advierte que efectivamente algunos nombres ya son públicos pues seguramente lo hará público y los que no, como lo señala el proyecto, se testarán estos nombres para evitar que se vulnere la seguridad nacional esa sería mi consideración”, dijo.
Por su parte, el ministro Irving Espinosa Betanzo consideró fundados pero inoperantes los agravios presentados por la Consejería Jurídica del entonces gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que, aun revocando la decisión del INAI, no cambiaría la posibilidad de restringir la información solicitada al estar ya publicada en distintos medios.
