El máximo tribunal de México inicia su andadura con su lenguaje jurídico habitual, incumpliendo su propio reglamento de tiempos y con un presidente volcado en construir consensos
EL PAIS
Durante casi tres horas, el pleno de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación ha discutido este miércoles sobre el precio de las copias certificadas. Era su segunda sesión pública desde su estreno y los ministros han discutido seis asuntos sobre si es constitucional o no que las fotocopias en municipios de Michoacán, Durango, Guerrero y Colima valgan hasta 113 pesos. En general, siete de los integrantes creen que no, porque se sabe que ese precio está inflado con respecto a lo que cuesta en una copistería habitual. Incluso valorando que las máquinas hayan tenido que traerse de lejos o que la luz cueste más de conseguir. No lo piensa así Lenia Batres, que ha peleado durante toda la sesión porque estas copias son una fuente de ingresos para los Ayuntamientos y que hay que tener en cuenta que las copiadoras se desgastan. “No es posible para esta Suprema Corte saber si el costo de una fotocopia es proporcional”, ha insistido Batres. Solo la ministra Sara Herrerías ha estado de acuerdo con ella. Con apelaciones a la Constitución, al Acuerdo de Escazú o a múltiples leyes generales, los otros integrantes han considerado que el máximo tribunal de México sí puede determinar que las leyes de ingresos que marcan esos precios son inválidas, aunque lo ideal sería, claro, que ya no tenga que determinarlo más. Eso sí sería una novedad, porque desde hace una década, cada año, el pleno discute durante horas por el precio de las copias certificadas. Tampoco de eso se ha librado la nueva Suprema Corte.
Los nueve integrantes de la SCJN, que salieron de la polémica elección judicial, solo han tenido dos oportunidades de lucirse desde que entraron en funciones el 1 de septiembre. La primera fue el pasado jueves y la siguiente, debido al puente por la Independencia, ha sido este miércoles. El calendario marca ahora que el pleno va a sesionar más—de lunes a jueves—, empieza antes —a las 10.00 de la mañana— y dura casi el doble de horas. Esto también porque se han eliminado las dos salas que eran claves en el viejo funcionamiento y hay más de 660 asuntos pendientes. Este atolladero se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ministros, que saben que las nuevas reglas del juego permiten al poderoso Tribunal de Disciplina sancionar por retrasos en resoluciones.
Esa instrucción impregna el manejo del presidente Hugo Aguilar de las sesiones. El ministro hace un esfuerzo por unir varios asuntos en una sola discusión, de evitar que temas cuyo fondo ya ha sido discutido se traten de nuevo o de buscar consensos para sacar adelante las votaciones. “Estamos dando indicaciones de cómo resolver este tema, porque en una década no se ha movido mucho; esa es mi preocupación central”, ha dicho, por ejemplo, sobre cómo lograr que los Congresos estatales, año con año, no sangren al ciudadano con las sobreanalizadas copias certificadas: “Yo había pensado en algo más estricto, en un deber, pero yo me allano, podría ser un exhorto para poder ir avanzando”, ha terminado el presidente en busca de un camino común con las apreciaciones del resto.
Esta figura de árbitro es ya un rasgo a destacar entre los juristas. “Tiene una capacidad sobresaliente como director del debate. Yo no recuerdo ese papel de la ministra Norma Piña o de Arturo Zaldívar, o incluso antes, de Juan Silva o de Guillermo I. Ortiz Mayagoitia”, apunta el abogado experto en derechos humanos Luis Tapia: “Esa intención de construir consensos todo el tiempo pasaba en otras presidencias respecto a casos importantes, pero no creo que fuera una cosa tan típica”. La abogada Melissa Ayala señala que “el ministro presidente, Hugo Aguilar, demuestra tener conocimiento de cómo llevar una sesión”: “Había muchas críticas previas de que no iba a ser capaz, pero está haciendo un buen trabajo”.
Aguilar ha presidido las sesiones con una toga bordada —un gesto hacia las comunidades indígenas que levantó mucha polvareda mediática, pero ha probado no molestar a nadie— y ha dado la bienvenida en mixteco. “Buenos días a quienes están aquí. Buenos días a los que se encuentran presentes desde lejos. Hoy vamos a continuar los trabajos de resolución de asuntos”, ha señalado este miércoles en la lengua de su comunidad, antes de iniciar la sesión en español. Esta traducción todavía no consta en las versiones taquigráficas del pleno, que se limitan a poner: “(Mensaje en lengua originaria)”.
La reivindicación de nueva de la Corte también se tradujo en un reglamento actualizado que marcaba que los lunes y los martes son para resolver acciones de inconstitucionalidad y controversias, los miércoles para temas civiles y penales, y los jueves para asuntos laborales y administrativos. De momento, no se ha cumplido esa disciplina, como tampoco se ha hecho con los tiempos marcados, que implicaba que los debates del pleno tuvieran cronómetro: 10 minutos para la exposición inicial del proyecto, siete minutos para la primera ronda, cinco minutos para que la persona ponente conteste, cinco minutos para la segunda ronda y tres minutos para que la persona ponente conteste. Los debates y las exposiciones se han alargado más sin que sonara ningún reloj.
“No ha cambiado que las discusiones son demasiado largas”, señala Luis Tapia, “como tampoco ha cambiado, pese a que se había prometido que iba a cambiar, el lenguaje. Se había dicho que ahora la Corte iba a tener un lenguaje ciudadano y accesible, pero todavía se utiliza uno leguleyo, jurídico, con intervenciones bastante largas, muchas veces leyendo. Por lo que no se termina, de comunicar al público cuál es el problema jurídico que se va a resolver y por qué es trascendente para la vida de las personas”.
En ninguna de sus dos primeras sesiones, la nueva Corte ha hecho ningún gesto hacia el Gobierno de Claudia Sheinbaum. “Es demasiado pronto, aunque sí han tratado ya de apartarse de algunos criterios anteriores de la vieja Corte”, apunta Melissa Ayala, en referencia, por ejemplo, a cuando se considera un nuevo acto legislativo. La abogada recuerda que uno de los grandes cambios que ofrecieron son las sesiones itinerantes por varias ciudades del país, con el objetivo de sacar la justicia de su gran edificio en la capital. “Le llaman oficialmente sesiones extraordinarias”, añade Luis Tapa. “Una de estas sesiones de la Corte en un Estado sí va a ser un acontecimiento”.
ENLACE: La nueva Suprema Corte, muy parecida a la vieja | EL PAÍS México
