Angélica Villanueva
En México, el acceso al agua ya no es un privilegio, sino un derecho. Bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), impulsa una política hídrica de justicia social que pone en el centro a las personas, especialmente a las más vulnerables.
Gracias al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua), se concluyeron 161 obras de agua potable y 79 de alcantarillado, beneficiando directamente a 240 mil habitantes, más de la mitad mujeres. Estas acciones mejoran la calidad de vida en comunidades que antes enfrentaban carencias graves en el acceso al agua.
Además, se instalaron 2,784 sanitarios rurales y biodigestores, beneficiando a casi 9,500 personas, y se rehabilitaron 270 sistemas de agua potable y 62 de alcantarillado, lo que permitió mejorar el servicio para más de 4 millones de habitantes en todo el país.
En materia de saneamiento, se construyeron 12 plantas de tratamiento de aguas residuales, se amplió una más y se mejoraron otras siete. A través del Programa Prosanear, se invirtieron 926 millones de pesos en infraestructura para el tratamiento de aguas, una inversión clave para cuidar el medio ambiente y la salud pública.
Tras el paso del huracán John, el gobierno destinó más de 100 millones de pesos para rehabilitar sistemas de agua potable, alcantarillado y plantas de tratamiento en Acapulco y Técpan de Galeana, Guerrero, demostrando capacidad de respuesta ante emergencias.
También se capacitó a 125 responsables de sistemas comunitarios en cinco estados, promoviendo el uso de tecnologías alternativas como la captación de agua pluvial y fortaleciendo la gestión local del recurso hídrico.
En coordinación con gobiernos estatales y municipales, se formalizaron convenios con 29 entidades federativas para desarrollar infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas. Para 2025, la inversión federal supera los 2 mil millones de pesos, con 230 obras programadas y 16 nuevas plantas de tratamiento que beneficiarán a más de 170 mil personas.
A 11 meses de gestión, el gobierno reafirma su compromiso con el derecho humano al agua, avanzando hacia un México más justo, equitativo y sustentable. Esta política hídrica es parte esencial de la Cuarta Transformación, que busca garantizar bienestar para todas y todos.
