Sin certidumbre ni neutralidad, la inversión extranjera huye y el país pierde la oportunidad de consolidar su industria automotriz.
Cada vez me inclino más a pensar que lo único que hemos podido aprender de la historia es que rara vez aprendemos de ella. Hemos repetido y caído como nación en un ciclo de discursos con promesas incumplidas, proyectos mediocremente desarrollados y oportunidades en bandeja de plata desperdiciadas. Hoy se repiten los errores del pasado; México no debe competir fabricando vehículos eléctricos o baterías de litio, sino garantizar las condiciones para impulsar la iniciativa privada y atraer inversión extranjera.
La demanda para la producción automotriz en México existe y es persistente. Recientemente MG Motor anunció planes para desarrollar una planta manufacturera y un centro de investigación y desarrollo para abastecer el mercado latinoamericano. Mientras tanto, otras empresas como Tesla mantienen en pausa la construcción de su planta por riesgos arancelarios y geopolíticos; BYD canceló sus planes de expandirse a México por lo mismo. Sin certidumbre y estabilidad política, no hay inversión.
Al mismo tiempo, los dirigentes del país repiten el mismo discurso de soberanía y estabilidad de Pemex y la CFE, ahora con Olinia, nuestros propios autos eléctricos se vuelven a confundir el simbolismo con la estrategia, cometiendo de nuevo los errores del pasado. En discurso, manufacturar nuestros propios autos eléctricos suena bien, pero como estrategia industrial es un error fatal.
Cuando un gobierno, además de regular, compite en el mercado, se rompe la neutralidad competitiva, incluso si el producto apunta a clientes distintos. La OCDE confirma que mezclar la operación de empresas estatales y funcionar como regulador genera un conflicto de interés. La iniciativa privada percibe la balanza inclinada en su contra, desincentivando cualquier plan de inversión. Especialmente las ensambladoras de autos que son sensibles a estas incertidumbres. La industria automotriz toma decisiones a futuro de 15 a 30 años, mientras la política pública está cambiando cada seis años.
Mientras tanto, ya pasaron tres años desde la creación de LitioMX y sigue mostrando problemas. La empresa estatal enfrenta un arbitraje por parte de la compañía china Ganfeng por la cancelación de concesiones tras la nacionalización del litio y carece de la tecnología suficiente para producir a nivel industrial, siendo el hito de 2024 poder procesar el litio para fabricar baterías en un laboratorio.
El daño causado por LitioMX no solo se debe de medir en dinero del erario desperdiciado, sino también en la oportunidad perdida para consolidar una cadena de suministro de gran volumen. Mientras Chile y Australia se han aliado con gigantes de la tecnología para el desarrollo de baterías, México asignó sólo 12.9 millones de pesos a la empresa estatal que deberá liderar la industria. En un auto eléctrico, la batería de litio representa el 40% del costo total y LitioMX no tiene la capacidad de garantizar su extracción y mucho menos su procesamiento a niveles industriales.
La historia de México ha dejado en claro que confundir la soberanía nacional con un plan de desarrollo económico termina en un fracaso que se paga caro. México no debe volver a caer en el error de competir en las industrias al alza ni distraerse en la fabricación de vehículos eléctricos y baterías de litio. Necesita una red eléctrica confiable, leyes claras y neutralidad ante los mercados. Solo así se captará y mantendrá la inversión extranjera y esto nunca se conseguirá si el país sigue enfocado en querer participar como competidor en todos los mercados.
