César Barron / CALÓ News
Nogales, Arizona – A casi 13 años de su muerte, la familia de José Antonio Elena Rodríguez aún clama justicia y busca ser escuchada por la presidenta de México Claudia Sheinbaum.
El 10 de octubre de 2012, el joven de 16 años murió tras recibir múltiples disparos por parte de un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos a unos pasos de la valla fronteriza cerca de Nogales, Sonora. Por más de una década, su familia continúa luchando por justicia.
Su madre, Araceli Rodríguez, y su abuela, Taide Elena, no han dejado de exigir que el caso no quede en el olvido y ahora buscan una reunión con la presidenta de México para hacerle saber que su demanda sigue vigente.
“Todavía estamos en la lucha, todavía estamos pidiendo justicia”, dijo Rodríguez a CALÓ News desde Nogales, Sonora.
“Queremos que el agente que mató a José Antonio sea juzgado en México, aunque no esté presente”, dijo Elena, y agregó que si eso ocurre para la familia habría justicia.
Señaló que hay una ley en México que permite que un asesino de otro país pueda ser juzgado en México sin su presencia; es juzgado y sentenciado y si eso sucediera, el agente fronterizo no podría salir de Estados Unidos.
El caso de Elena Rodríguez ha resonado durante años por la forma en que ocurrió el crimen. El joven fue asesinado a balazos a través del muro fronterizo que divide a Nogales, Arizona de Nogales, Sonora mientras él se encontraba en territorio mexicano y el tirador en territorio estadounidense.
El agente fronterizo involucrado, Lonnie Swartz, le disparó al menor de edad argumentando que le habían tirado piedras. El joven quedó sin vida en la calle Internacional esquina con la calle Ingenieros.
Tras los hechos, Swartz enfrentó dos juicios por homicidio, pero en ninguno de los dos el jurado pudo llegar a un acuerdo.
Aunque en su momento hubo una promesa de ayuda y hasta de atención psicológica por parte del gobierno federal de México para la familia, jamás llegó. Les dijeron que psicólogos acudirían a sus casas cada cierto tiempo, pero eso no sucedió, dijo Rodriguez.
Actualmente están tocando puertas y buscando el conducto adecuado para ser escuchadas y poder tener una cita con la presidenta.
El abogado Luis Fernando Parra ha representado a la familia en este difícil camino que han recorrido durante años.
Parra manifestó que se había hecho un reclamo administrativo y de derechos humanos ante la Inter American Commission on Human Rights (IACHR) de la Organización de Estados Americanos y en abril de 2025 hubo respuesta. Les notificaron a los abogados que el gobierno de Estados Unidos no presentó una respuesta que le solicitó la IACHR.
La IACHR le dio un plazo de seis meses al gobierno para que conteste, pero el gobierno de Estados Unidos no está obligado a contestar porque no forma parte del tratado, explicó Parra.
Lo que se busca en este punto es que se reconozca que hubo una violación de derechos humanos. “Esto se hace para que a nivel mundial quede algo registrado de que hubo una violación de derechos humanos”, dijo el defensor.
Señaló que para presentar este reclamo tuvieron el apoyo de la Asociación Civil de Libertades en la Unión Americana (ACLU por sus siglas en inglés) y un despacho de abogados de California.
Aunque hubo dos juicios para acusar al agente de la Patrulla Fronteriza, uno por homicidio doloso y otro por homicidio por negligencia, en ninguno de los dos el jurado se pudo poner de acuerdo, por lo que finalmente el agente fue absuelto. Con eso quedó cerrado el caso penal.
En lo civil, Parra explicó que antes de pasar dos años del hecho, en el 2014, él y otros abogados presentaron una demanda civil, argumentando uso excesivo de fuerza y que el agente disparó a través de una frontera.
El caso llegó a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en California, la cual decidió que sí procedía una demanda por lo civil en Tucson, pero había un caso similar ocurrido en junio del 2010 en Ciudad Juárez, donde el agente de la Patrulla Fronteriza Jesús Meza le disparó y mató a Sergio Adrián Hernandez de 15 años en el Río Bravo y la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Texas decidió que no procedía una demanda civil en este caso. Al haber conflicto en las decisiones de ambas cortes, el caso llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos, explicó el abogado.
En el 2019 la Corte Suprema decidió que no procedía una demanda por lo civil en esos dos casos, el de Hernández y el de Elena Rodríguez.
Ante ello, los abogados de ambas familias optaron por buscar una petición de reclamo administrativo ante la IACHR. Ahora, la esperanza de la familia Elena Rodríguez está en manos del gobierno mexicano.
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