El activista Adrián LeBarón informó que una jueza del Poder Judicial de la Federación instó a la Fiscalía General de la República (FGR) a revisar todas las pruebas recopiladas hasta ahora sobre la masacre que sufrió su familia en noviembre de 2019 en Bavispe, Sonora, para determinar si se cometió el delito de terrorismo.
A través de una publicación en redes sociales, LeBarón enfatizó que el asesinato de las nueve mujeres y niños no fue un simple crimen, sino un acto de terrorismo que buscó sembrar el miedo y el control en la región.
“En esa tierra de Bavispe, se dio un acto de terrorismo”, afirmó.
Según LeBarón, existen testimonios que sugieren que el ataque fue planeado con el propósito de infundir terror, apoderarse de territorios y dominar “sus plazas” a través del miedo.
El activista subrayó que los detenidos en relación con la masacre incluyen exmilitares y expolicías, quienes emplearon armas de alto calibre contra mujeres y niños.
LeBarón sostuvo que el objetivo de los agresores era robar la paz y tranquilidad de las comunidades locales para ejercer un control criminal en la región.
“La situación debe ser tratada con total seriedad para entender el contexto del México de hoy”, dijo LeBarón sobre disposición de la jueza que revisa de analizar el caso como un acto terrorista.
El 4 de noviembre de 2019, hombres armados con rifles de asalto dispararon en una emboscada en la sierra entre los estados de Sonora y Chihuahua, contra tres camionetas en las que viajaban mujeres y niños que salieron de la comunidad La Morita, en el municipio de Bavispe, hacia la comunidad mormona de LeBarón.
Los miembros del cártel dispararon cientos de balas contra los vehículos y luego les prendieron fuego. Las autoridades mexicanas dijeron en 2020 que el autor intelectual del ataque fue detenido, así como otras 16 personas.
En julio de 2022, una jueza federal de Dakota del Norte dictaminó que el Cártel de Juárez debía pagar mil 500 millones de dólares por los asesinatos de nueve mujeres y niños de la familia LeBarón en Bavispe.
Los familiares de las víctimas entablaron una demanda en la que acusan al Cártel de Juárez de llevar a cabo el ataque de noviembre de 2019 en México como represalia por sus críticas y protestas públicas contra el cártel.
El monto estipulado por la jueza estadounidense Clare Hochhalter se triplicaría automáticamente en virtud de la ley federal antiterrorista. El gobierno estadounidense puede congelar los activos de las organizaciones terroristas.
