A 11 años del peor desastre ambiental en la historia de la minería en México, persiste el abandono por parte de las autoridades, la impunidad de la empresa y que incluso ha habido retrocesos en los compromisos para una reparación integral.
Comités de Cuenca Río Sonora
El pasado 6 de agosto se cumplieron 11 años del derrame de 40 mil metros cúbicos de desechos tóxicos de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, en los ríos Bacanuchi y Sonora. Este desastre, el peor en la historia de la industria minera en México, afectó a más de 22 mil personas en las comunidades de los 8 municipios de la cuenca del Río Sonora: Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe, Aconchi, Baviácora, Ures y Hermosillo rural.
Para conmemorar estos hechos, exponer nuestras demandas y honrar la vida y la lucha de nuestros compañeros fallecidos recientemente, los Comités de Cuenca Río Sonora nos reunimos en el Antimonumento instalado en 2024 en una plaza emblemática de la ciudad de Hermosillo.
Allí levantamos nuestra voz para expresar indignación ante la simulación y el discurso oficial que promete justicia, pero que al mismo tiempo nos da la espalda. Todavía hoy seguimos tomando agua contaminada, no tenemos acceso a un sistema de salud especializada, no hay remediación ambiental adecuada, y las secuelas sociales crecen cada año.
Grupo México, la empresa responsable por el derrame, sigue impune. No ha restituido los recursos para la reparación, como indica la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2020, y sus accionistas, a pesar de tener toda la información sobre las malas prácticas de esta empresa, no han emprendido acciones para que responda y cumpla con sus responsabilidades.
Pareciera que los gobiernos federal y estatal no tuviesen facultades para obligar a Grupo México a pagar. Son las instituciones públicas las que tienen la obligación de garantizar nuestros derechos humanos, sin embargo vienen a hablarnos de su compromiso con las comunidades pero luego toman decisiones que en nada nos benefician. Escudarse en que la empresa no quiere responder, como ya lo han hecho en cada sexenio, es un acto de cobardía y de falta de voluntad y de incumplimiento de sus obligaciones como autoridades. ¿Acaso Grupo México está por encima del Estado?
Ha pasado más de una década y ya es el tercer gobierno federal y estatal: ya existe una corresponsabilidad público-privada. Ha sido el propio Gobierno Federal quien ha reconocido públicamente que en 2014 los funcionarios actuaron en contubernio y complicidad con Grupo México, simulando la reparación de los daños y dando carpetazo al caso. Ello coloca a las instituciones federales y estatales en una posición de corresponsables de los daños ocasionados a las poblaciones, los cuales se siguen acumulando, y por lo tanto, tienen el deber de terminar con la negligencia y abusos corporativos que persisten en el río Sonora.
También hace ya cuatro años que las autoridades federales tienen evidencia oficial de la presencia de metales pesados en la población del Río Sonora y hace dos años que cuentan con un dictamen oficial de la Semarnat que comprueba la persistencia de la contaminación ambiental. El tiempo pasa y no hay infraestructura ni planes para atender la situación, solo discursos que no ayudan a darle forma a la justicia que necesitamos.
En la cuenca del Río Sonora no hay trabajos serios de potabilización para tomar agua libre de metales pesados, no hay atención especializada a la salud y no hay reparación del daño. Tampoco existe un plan de trabajo oficial, con fechas, presupuesto y responsabilidades asignadas.
Hacemos un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum; le pedimos que evidencíe a Grupo México, que se pronuncie al respecto para que paguen. Pedimos que se posicione, como experta en temas ambientales, sobre los daños que dejó la contaminación y los posibles daños al ecosistema que podrían causar las presas que ahora buscan construir sobre el río Sonora. Diga abiertamente que Grupo México no quiere acatar las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Grupo México disfruta tener un río Sonora destruido, porque construye su riqueza a costa de nuestras vidas. Sus funcionarios no están haciendo un trabajo desde el territorio, ignoran completamente nuestra forma de vida y sólo se limitan a prometer obras y a señalarse los unos a los otros como responsables de cumplir. Es por esto que en su gestión también existe un abandono, e incluso un retroceso, que debería preocuparle a su oficina y a todo México.
Además de la falta de reparación integral, la población en la cuenca del Río Sonora está preocupada por las nuevas iniciativas para construir presas en el río. Merecemos saber por qué nos niegan plantas potabilizadoras para darnos agua limpia, pero sí hay dinero y tiempo para construir presas. ¿Es falta de presupuesto, o de voluntad política? ¿Cómo ordena el Gobierno sus prioridades? ¿Cómo deciden construir presas en lugar de invertir en la salud de los habitantes del río Sonora? En once años, las autoridades no han sido capaces de resolver la problemática del caso del río Sonora y, en cambio, en cuestión de meses han planeado, aprobado y asignado presupuestos exorbitantes, de manera opaca, para el proyecto de construcción de presas que impactaría en nuestro territorio sin consenso de las poblaciones afectadas. Construir presas en un río contaminado es absurdo. Esto demostraría que la prioridad del Estado es el interés económico de las corporaciones más que garantizar los derechos fundamentales del pueblo.
El gobierno no tiene la fuerza para enfrentarse a estas empresas ecocidas. Y lo han demostrado sexenio tras sexenio. El Estado mexicano está incumpliendo su deber de proteger a la población y nuestros derechos, consagrados en la Constitución nacional y en tratados internacionales de los que México es firmante.
Nuestras demandas son claras, urgentes y totalmente justificadas:
- La calendarización inmediata de un plan integral de atención a la salud de las comunidades afectadas.
- La construcción de un hospital multidisciplinario capaz de cubrir los tres niveles de atención para enfermedades ambientales y tóxicas.
- La instalación de una unidad permanente de vigilancia epidemiológica y ambiental en Ures.
- La funcionalidad total de las 30 plantas potabilizadoras con filtros para metales pesados, ya que los pozos siguen contaminados, especialmente en época de lluvias.
- Un programa de remediación ecológica del río, con base científica y socialmente participativo.
- Que se nombren responsables institucionales, se asigne presupuesto, y se incluya cronograma público de cumplimiento.
Y nuestras preguntas siguen sin respuesta: ¿Hasta cuándo Grupo México seguirá manipulando al gobierno? ¿Hasta cuándo van a tener gente afín a la empresa en las instituciones gubernamentales? ¿Quién está protegiendo a Grupo México? ¿Quién cuida al río Sonora mientras los gobiernos hacen acuerdos con la empresa?
Exigimos remediación, reparación integral y garantías de no repetición. El cambio empieza con justicia, y no descansaremos hasta alcanzarla.
ENLACE: A 11 años del derrame en el Río Sonora: abandono, retrocesos e impunidad
